El Gobierno central propondrá la próxima semana en el Congreso la prórroga de un estado de alarma "distinto" al que viene aplicando desde el pasado 14 de marzo, en este caso hasta el final del proceso de desescalada en junio, pero se ve obligado a seguir negociando voto a voto los apoyos necesarios para obtener el visto bueno de la Cámara. La retirada del apoyo por parte del PP la semana pasada, junto al voto en contra de ERC, le obligó a un pacto de última hora con Cs, que completó también con los apoyos de otros dos partidos que en principio se iban a abstener, el PNV y CC. El resultado fue de 178 votos a favor, 75 en contra, y 97 abstenciones. Ahora lo tiene más complicado.

Para la quinta prórroga de este mecanismo legal con el que el Ejecutivo ha estado gestionando la crisis del Covid-19, los apoyos se hacen aún más necesarios porque el PP ha anunciado ya que votará por primera vez en contra, lo que le obligará a pelear hasta por el último 'sí' al desaparecer el colchón que le proporcionaban las 89 abstenciones de los diputados populares. Eso puede convertir en clave y determinante cada uno de los votos de las formaciones pequeñas como son los casos de CC y NC, que se mantienen a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez se ponga en contacto con ellas para negociar las condiciones de ese posible apoyo.

Los dos partidos nacionalistas canarios se mantienen en principio en el bando del apoyo a la prórroga del estado de alarma, pero cada vez con mensajes más contundentes sobre la necesidad de que el Estado apruebe un plan de medidas específicas para las Islas como territorio más castigado por la crisis económica consecuencia de la emergencia sanitaria. Tanto CC como NC condicionan su posición el próximo miércoles en el Congreso a la respuesta que obtengan del Ejecutivo central sobre los asuntos que han presentado al Gobierno, todas ellas integradas en Pacto de Reconstrucción que el Gobierno de Canarias negocia con los grupos del Parlamento regional, y que también forman parte de la agenda de asuntos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, abordaron ayer con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En todo caso, CC va condicionar de una forma muy directa el apoyo de su diputada nacional, Ana Oramas, a que el Gobierno central le dé mayores garantías, antes de la votación del miércoles, sobre la prolongación de los ERTE de las empresas turística de Canarias hasta que se reactive el sector y se recupere la llegada de turistas extranjeros. Un primer compromiso genérico y sin documento formal de por medio fue lo que la semana pasada hizo cambiar el voto a CC, que iba a abstener y acabó apoyando al Gobierno; la formación nacionalista exige ahora conocer el borrador del cambio legislativo en torno a los ERTE, para comprobar que se ajusta a lo pactado.

También espera esta formación política conocer los términos de ese estado de alarma "distinto" que ha anunciado Pedro Sánchez, y cómo se ajustará a la desescalada ya iniciada, y al compromiso de diálogo con los demás grupos y de "cogobernanza" con las comunidades autónomas.

"De una vez por todas"

La encargada de negociar los apoyos por parte del Gobierno central, la vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, ha mantenido un primer contacto telefónico con Oramas, el pasado lunes, pero únicamente para "abrir canales de comunicación y de negociación" y sin entrar en el fondo del asunto. Este contacto preliminar no es interpretado por el senador autonómico de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, como un inicio de negociación y por eso la reclama ya en el ámbito del partido.

Desde CC se teme que las protestas de Baleares y Andalucía sobre lo acordado la semana pasada en este sentido por la dirección del partido con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, haya rebajado algo las expectativas ofrecidas en esa negociación y que, al final, el compromiso no aparezca tal cual en el texto del decreto.

Aunque fuera de todo ámbito negociador, Calvo y Clavijo intercambiaron ayer impresiones en el marco de la Comisión Constitucional del Senado, en la que la vicepresidenta primera explicaba las prioridades de su departamento para la legislatura, condicionadas por la aparición de las crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, y en la que el senador nacionalista exigió "de una vez por todas" respuesta al Gobierno sobre sus planes para abordar la emergencia social que se cierne sobre el Archipiélago. Clavijo planteó a Calvo la situación en que va a quedar Canarias tras el Covid-19, según todos los análisis económicos, y que la sociedad canaria "necesita saber cuándo nos van a pagar la sentencia de carreteras, cuándo se va a redactar la modificación legislativa de los ERTE turísticos canarios, cuándo vamos a poder usar el superávit, cuándo nos van a decir en cuánto nos podemos endeudar, y si hay una estrategia del Gobierno para que, si de verdad se aprobarán un plan de reconstrucción de la UE de 1,5 billones de euros, se destine una cantidad específica a las regiones ultraperiféricas".

Por otra parte, la posición del diputado de NC, Pedro Quevedo, en la votación del próximo miércoles estará condicionada por los resultados de la cumbre de ayer entre Torres, Rodríguez y la ministra Montero. Quevedo ya advirtió a Sánchez en la última votación, que la ausencia de respuestas por parte del Gobierno central sobre la situación en Canarias "nos ha puesto en la difícil situación de dudar en votar aquello en lo que estamos de acuerdo", pidiendo una "bilateralidad" entre gobiernos para pactar un plan de medidas específicas para las Islas.

La diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, reclamó ayer al Gobierno que promulgue "inmediatamente" una orden ministerial para obligar a las compañías aéreas a "dejar asientos vacíos" entre pasajeros en los vuelos nacionales, de la misma forma que se hace en los interinsulares, donde sólo se pone a la venta el 50% del pasaje. Oramas sostiene que esa medida -para garantizar la seguridad sanitaria y evitar posibles contagios de Covid-19 entre los pasajeros- debe aplicarse "mientras haya instrucciones de distanciamiento social" en los transportes públicos, y tal como ocurre en estos momentos en trenes o guaguas. La demanda de la diputada se produce tras difundirse imágenes del pasado domingo de un vuelo de Iberia Express entre Madrid y Gran Canaria en las que se veía que el avión estaba "casi lleno" y sin respetar el distanciamiento recomendado. Según explicó, en esos vuelos viajan muchas personas sometidas a distintos tratamientos en hospitales de la Península, muchos oncológicos o con operaciones de corazón, y que regresan a las Islas "con las defensas muy bajas". Ana Oramas manifestó que si es verdad que la compañías no pueden asumir vuelos con el 50 % de asientos libres porque no les son rentables, el Estado deberá asumir el coste correspondiente a través del establecimiento de Obligación de Servicio Público para "determinados trayectos y para no dejar incomunicados a los dos archipiélagos mientras dure el periodo de distanciamiento social".