Los alcaldes, hartos de esperar, exigen a Montero que autorice usar el superávit

Las tensiones de tesorería y liquidez que pueden sufrir las arcas municipales están a la vuelta de la esquina, advierten los regidores. El repunte de las ayudas sociales que demandan las familias más vulnerables ya se inició a la misma vez que el estado de alarma a mediados del mes de marzo. Las ayudas de emergencia y las prestaciones de los ERTE pueden parchear la situación pero el incremento de la exclusión social repercute directamente en los ayuntamientos, que son la puerta de entrada para los ciudadanos que solicitan ayuda.

Ante esta tesitura el tiempo apremia. El vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández (NC), calcula entre un 12% y un 15% el incremento de la demanda de ayudas sociales sobre las que ya había antes de la crisis provocada por el coronavirus. Este porcentaje puede ir a más a partir de julio cuando acaben muchos ERTE y se incremente el paro, por lo que la situación se puede convertir en crítica.

Por este motivo la Fecam reclama un fondo de emergencia no reembolsable de entre 300 y 500 millones de euros similar al que el Gobierno central dotará a las comunidades autónomas. "No entendemos como los ayuntamientos quedan fuera de ese fondo cuando estamos sufriendo una pérdida de ingresos del 54%", cuestiona el alcalde de Moya Raúl Afonso (PP). Desde antes de la crisis del Covid-19 las entidades locales están solicitando al Ministerio de Hacienda que flexibilice los criterios de la ley de estabilidad presupuestaria para invertir los remanentes y el superávit que se acumulan en los bancos y que en Canarias suman unos 4.000 millones de euros entre todas las administraciones de las Islas. "Se ha hablado mucho y hay muchas declaraciones y promesas pero si no hay un decreto que lo publique el BOE de nada nos vale", añade Afonso.

Ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) volvió a dar su conformidad a que las corporaciones locales puedan utilizar los fondos estancados en los bancos para hacer frente a la crisis. El organismo no ve razonable que los municipios queden excluidos de la posibilidad que ha ofrecido Bruselas de suspender las reglas fiscales para evitar el derrumbe de las economías de los Estados miembros de la UE. Por eso defiende el uso de los remanentes a cambio de que no incurran en déficit este año y que los gastos sean temporales y destinados a la crisis.

Lo que no terminan de entender los alcaldes es que con todo a favor tanto por parte de la UE como de los organismos reguladores, el Ministerio de Hacienda continúe sin dar su conformidad a esta petición y hasta que no haya un decreto que lo autorice el dinero seguirá ocioso en los bancos.

Fondo de contingencia

El fondo de contingencia que reivindican los alcaldes canarios va en consonancia con el solicitado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno central por unos 5.000 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos, la precaria situación de los transportes públicos o el aumento de la pobreza y la exclusión social. Pero el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, remarca que Canarias tiene sus tributos propios derivados del régimen fiscal especial de las Islas y, por lo tanto, las corporaciones locales canarias deben tener un trato singular en ese plan de reconstrucción.

"No hay aún una respuesta concreta que dé satisfacción a la pérdida de los recursos propios vinculados al REF, bien sea por una negociación bilateral con Canarias o a través del fondo de reconstrucción, pero se trata de 593 millones de euros que deben ser compensados para poder atender los servicios públicos que nos demandan los ciudadanos", advierte.

El presidente gomero exige "sentido común" tanto al Gobierno canario como al del Estado en la negociación de hoy y de las próximas semanas porque cuando Canarias reclama que se le compense por los 1.547 millones de euros que va a perder de ingresos este año se trata de una cantidad que afecta a la Comunidad Autónoma, a los cabildos y a los ayuntamientos porque es una recaudación que se reparte entre las tres administraciones. "Canarias se construye desde todas las administraciones y no solo desde el Gobierno", remarca el dirigente.

Superávit, remanentes, fondo de emergencia, compensación por bajada de ingresos... Son los diferentes frentes abiertos para afrontar una situación que ha dejado KO a las arcas locales, a lo que hay que añadir el endeudamiento que se les permita y los reajustes presupuestarios a los que se ven obligados los ayuntamientos. De hecho ya se están restando partidas de fiestas, eventos y otro tipo de actividades para destinarlas al gasto social, que se convierte de nuevo en prioritario para los ayuntamientos. El alcalde de La Aldea, Tomás Pérez (PSOE), advierte que "hay un ajuste general de la economía y del empleo, por eso estamos flexibilizando y eximiendo del pago de los tributos directos para que los ciudadanos puedan hacer frente a esta situación". Ante ello, los alcaldes reclaman que se disponga de ese fondo del que poder tirar hasta que se recupere la normalidad y comprobar cómo transcurre la pandemia. "Espero que el Ministerio de Hacienda sea receptivo a las demandas del Gobierno canario y de los municipios, en Canarias la situación es más complicada que en la Península porque el turismo es la base de la economía y el sector más afectado por esta crisis, el Estado tiene que ser sensible con las Islas", reclama Pérez.