Los ayuntamientos y cabildos dejarán de ingresar 593 millones de euros, un 54% de los recursos tributarios que debían percibir por el bloque de financiación canario, como consecuencia de la situación sanitaria derivada del Covid-19. El Gobierno regional y las corporaciones locales e insulares tendrán una caída de ingresos a final de año de 1.547 millones de euros, de los que los cabildos y municipios perderán esos 593 millones y, de ellos, los alcaldes estiman 213,6 millones menos para los ayuntamientos en 2020 con respecto a las previsiones iniciales, que se situaban en 391 millones, y solo se alcanzarán los 177 millones.

Ante las dificultades económicas de las corporaciones locales e insulares para afrontar los servicios que prestan, al ser las administraciones más cercanas a los ciudadanos, reclaman medidas compensatorias a esta merma de recursos.

La Federación Canaria de Islas (Fecai) pidió ayer al_Gobierno canario fondos extraordinarios con los resarcir la bajada de ingresos en un encuentro mantenido con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, y la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla.

Casimiro Curbelo, presidente de turno de la Fecai, solicita que el Estado atienda a las singularidades canarias en el reparto de los 16.000 millones de euros previsto para las comunidades autónomas en el fondo no reembolsable del Gobierno central para paliar los efectos del Covid-19, además de compensar la reducción de financiación que padecerán las administraciones locales de las islas. Según Curbelo, se debe actuar con "unidad y rigor" para poder disponer de fórmulas que ayuden a hacer frente a los casi 600 millones que los cabildos y ayuntamientos dejarán de ingresar este año.

Los dirigentes insulares coincidieron en trasladar al Gobierno de Canarias la urgencia de definir una hoja de ruta para alcanzar acuerdos sobre la afección de esta merma de recursos y poder acceder a vías de financiación con el uso del superávit o el endeudamiento. "No podemos desechar ninguna de las alternativas. Si una administración tiene remanentes y quiere endeudarse debe permitirse acceder a estas vías", afirma el también presidente del Cabildo de La Gomera.

Curbelo subraya que la salud económica de las corporaciones insulares "es primordial para atender a la realidad de una grave crisis que alcanza a todos los ámbitos, especialmente el social, con un previsible incremento de la tasa de desempleo y un aumento de la exclusión social, y estas administraciones son las primeras puertas a las que acude el ciudadano que necesita de estas ayudas".

Además, apunta que los cabildos tienen la sensación de estar "en tierra de nadie" porque las demandas de los ayuntamientos están defendidas por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, y el Gobierno tiene sus propios interlocutores, y como no quieren estar en ese limbo exigen que se les compense tanto a través del uso del superávit, del endeudamiento y con los recursos del fondo estatal no reembolsable.

En la reunión también se abordó la planificación para la recuperación del sector turístico. Los cabildos mostraron el respaldo a las medidas planteadas para convertir a Canarias en una zona segura de Covid-19 y plantearon a la consejera Yaiza Castilla sumarse a los trabajos de elaboración de nuevas propuestas con las que apostar por la reactivación del sector desde la seguridad y la unidad de acción. "Es nuestra principal actividad económica y, ahora, todos tenemos la necesidad de hacer esfuerzos para fijar protocolos con los que minimizar riesgos y permitir su reactivación desde lo planteado por el Gobierno en esta materia", explicó Curbelo.

Plan de reconstrucción

Por su parte, los alcaldes también insisten en el uso del superávit y los remanentes y solicitan un fondo de reconstrucción similar al aprobado por el Gobierno central para las comunidades autónomas. El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) mantuvo una sesión extraordinaria para analizar la caída en las previsiones de ingresos del bloque de financiación canario.

Con los datos de la Agencia Tributaria Canaria y de la viceconsejería de Hacienda del Gobierno regional, la Fecam prevé que los ayuntamientos canarios sufran una pérdida en sus recursos de 213,59 millones de euros durante este ejercicio, lo que supone una caída del 54,6% con respecto a las previsiones de ingresos iniciales - 391,2 millones de euros-.

María Concepción Brito, presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, asevera que el escenario al que se enfrentan los ayuntamientos "es muy desalentador". Esta situación se observa en la drástica reducción en las entregas a cuenta a las corporaciones: mientras la de abril fue de 32,6 millones de euros, la de junio y sucesivas será de 2,1 millones, un desplome nada menos que del 93,6%. Estas cifras evidencian que los ayuntamientos recibirán en los últimos siete meses del año menos de la mitad de lo que percibían en un solo mes.

La presidenta de la Fecam subraya que, para hacer frente a esta coyuntura, una de las principales líneas en las que se viene trabajando es en la flexibilización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para la utilización del superávit y los remanentes. Por tanto, los alcaldes vuelven a reivindicar que el Estado autorice el endeudamiento para poder adaptarse a la nueva normalidad, además de solicitar la constitución de un fondo que permita afrontar la pandemia desde el ámbito municipal, en la línea de lo ya planteado por Abel Caballero a Pedro Sánchez, un recurso económico similar al aprobado para las comunidades autónomas por el Ejecutivo central y que , según Brito, se justifica por el "papel fundamental" de los ayuntamientos durante toda la crisis.

Según el vicepresidente de la Fecam y presidente de la Comisión de Economía y Hacienda, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, solo es posible afrontar esta situación con la incorporación de recursos económicos extraordinarios a través de un "plan de emergencia", pues "en caso contrario se pone en peligro la prestación de los servicios públicos e hipotecará el presupuesto".