Las patronales turísticas de Canarias, tales como son Ashotel, FEHT, FTL y Asofuer, han mostrado su rechazo a la propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias sobre el Arbitrio a la Importación y Entradas de Mercancías (AIEM) al entender que encarecer los productos que deben ofrecer a sus clientes, de los que tienen una "enorme dependencia", además de implicar una "artificiosa protección" de la producción local.
En este sentido, las patronales exponen que actualmente el Gobierno de Canarias trabaja en una propuesta del nuevo AIEM para trasladarlo al Ejecutivo central y a la Comisión Europea antes de que expire el plazo vencimiento de dicho tributo, que se producirá el 31 de diciembre de 2020, según informaron las patronales turísticas en un comunicado.
Además critican que "siempre se ha tratado de dar la imagen de que existe un absoluto consenso" social con la aplicación de dicho tributo, algo que indican "no es cierto" porque aseguran las patronales que se han opuesto "sistemáticamente a su subsistencia, pues lo consideran una figura tributaria discriminatoria, distorsionadora de la libre competencia, rupturista con la unidad de mercado en España y en la UE, además de que es regresiva" socialmente en los tiempos actuales en las islas.
Añaden que "obviamente" apoyan el consumo del producto local en los establecimientos hoteleros, como muestra que forman parte del proyecto 'Crecer Juntos', junto al Gobierno de Canarias, para potenciar el consumo de los mismos en las instalaciones hoteleras, si bien entienden que "eso no quita para defender también la necesidad de entrada de otros productos, puesto que el autoconsumo en Canarias no existe".
De ahí que las patronales estén "sorprendidas por el hecho de que en estos difíciles momentos" por los que atraviesa la economía, con la actual situación de cierre generalizado del tejido empresarial por la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, se hayan hecho determinadas propuestas ante el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Hacienda, que suponen "una ampliación del listado de productos protegidos por el AIEM, gravando las importaciones, cuando no, un incremento de los tipos impositivos, lo que resulta un absoluto contrasentido".
Así, estiman que ante el escenario actual "del todo impredecible", el encarecimiento de los productos "imprescindibles" para el sector hotelero y hostelero, "supondrá una grave servidumbre en tiempos en los que se necesitará el mayor apoyo de las administraciones públicas para que el sector pueda recobrar la normalidad y, con él, el resto de sectores dependientes del turismo".
Por ello, entienden que "es una visión cortoplacista proteger a unas industrias en detrimento del motor" de la economía de Canarias, ya que entienden que esta propuesta "revertirá negativamente en las empresas que engrosan el motor económico de las islas".
Falta de materia prima
Las patronales subrayan que los efectos del AIEM y la pérdida de competitividad se extiende por todo el archipiélago al ser el denominador común "en todas ellas la falta de materia prima y escasez de producción local".
También resulta "difícilmente explicable" que el Gobierno de Canarias apoye una medida "tan antisocial como la que se incluye en la propuesta, pues de materializarse normativamente afectará de forma muy negativa" a la economía de las familias del archipiélago, "maltrecha" debido a la crisis.
A modo de ejemplo, afirman que se produciría un encarecimiento de la cesta de la compra si se produce el "previsible incremento de tipos e inclusión de nuevos productos en el régimen protector del arbitrio", de tal forma que el gravamen pasaría del 5 al 10 por ciento en productos como huevos frescos, embutidos, chocolates y helados, entre otros.
En definitiva, las patronales turísticas entienden que el mecanismo del AIEM beneficia a los productores establecidos en Canarias, "con independencia de que sean más o menos eficientes, y de que mejoren o no su competitividad en el mercado canario", mientras "se dificulta" la entrada de nuevas empresas en el mercado de las islas porque tienen que "hacer frente a un coste fiscal relevante" si quieren introducir sus productos en las islas, de tal forma que "se está falseando el libre mercado y se impide entrar a nuevos competidores".
