El Gobierno de Canarias ha recibido con agrado la propuesta de empresarios y autónomos de emitir bonos canarios para poder llevar a cabo inversiones públicas. Estos títulos -que conllevarían un préstamo de 2.000 millones de euros a un interés de tipo cero que se devolverían en cuatro o cinco años- tendrán que solventar varios obstáculos, el más importante que el Estado dé el visto bueno al endeudamiento del Archipiélago, un asunto que se abordará el próximo miércoles en una reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda, en la que estarán presentes el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez.
Torres insiste en que en este encuentro "se planteará la necesidad de que el Ministerio autorice la emisión de deuda". Canarias prevé obtener entre 700 y 800 millones de euros ampliables para hacer frente a la crisis económica y social derivada del coronavirus. Un dinero que se destinaría a financiar la sanidad, la educación o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), habida cuenta de que los ingresos públicos han caído a la vez que los gastos aumentaban.
Desde la Consejería de Hacienda liderada por Román Rodríguez recuerdan que Canarias no debería tener problemas para captar recursos de endeudamiento porque es la comunidad autónoma más solvente de España, junto al País Vasco, y en los ratios de valoración de riesgo se encuentra en una situación privilegiada. El problema de las Islas, por lo tanto, no es el acceso a los mercados, sino la falta de respuesta del Gobierno central, que debe autorizar un mayor endeudamiento a través de un trasvase de la deuda pública estatal a las comunidades autónomas.
Modificación legislativa
Por lo tanto, sin dificultades de endeudamiento en cuanto a tiempos de carencia, tipos de interés y plazos de amortización, la propuesta de los bonos canarios podría adaptarse perfectamente a las necesidades del Gobierno regional. "La propuesta está siendo valorada porque sabemos que es constructiva y que persigue la intención de poner alternativas sobre la mesa", asegura Torres, quien al mismo tiempo se muestra consciente de que esta medida "demanda que sea autorizada por el Gobierno de España".
Pero no sólo eso. Los bonos canarios requerirán cambios normativos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para poder cumplir el requisito de que se materialice el cien por cien -en lugar del 50%- de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). Una modificación que tendría que ser abordada en las Cortes y que provocará que los títulos de deuda pública no puedan emitirse de manera inmediata.
La opinión de los expertos
"Hay que promover este trámite legislativo y tener voluntad política o habrá un problema", asegura Salvador Miranda, director de la Cátedra del REF de la ULPGC, que valora positivamente los bonos canarios. "Es bueno que se recuperen este tipo de emisiones que hoy por hoy las instituciones no valoraban porque no les resultaban atractivos, pero ante la crisis del coronavirus no hay que hacer ascos a ninguna entrada de dinero que se pueda destinar a fortalecer las infraestructuras públicas y a crear empleo".
Miranda aclara que ahora mismo ni pymes ni autónomos tienen liquidez suficiente como prestarla al Gobierno, por lo que optan por la materialización indirecta de aquello a lo que se comprometieron a invertir con la dotación de la RIC y que no pueden afrontar por falta de recursos o porque no se les presentan opciones de hacerlo.
También el economista y asesor financiero Francisco Concepción considera la emisión de bonos una buena idea ya que es muy probable que la comunidad autónoma necesite financiación. Sin embargo, pone sobre la mesa varios matices. En primer lugar, recuerda que es necesario saber si los 2.000 millones computarán en el ratio de deuda pública que Canarias esta autorizada a soportar según las leyes de endeudamiento máximo y, en segundo lugar, resalta que se trata de un vehículo muy beneficioso para los empresarios. "Éstos proponen no sólo que se duplique la dotación de la RIC, sino que además la totalidad de ésta se beneficie de las mismas bonificaciones fiscales que recoge el REF para la Reserva".
Además, Concepción aclara que si bien el sector privado se verá beneficiado por estos bonos, para las instituciones no habrá mucha diferencia ya que la emisión de títulos de deuda pública ya era una práctica habitual, así como la finalidad de la misma, pues "siempre va destinada a infraestructuras que generen economía y nunca a gasto corriente". Por lo tanto, llama a estar vigilante sobre el destino final de los 2.000 millones de euros y se cuestiona quién formará parte del Comité de Inversiones que proponen crear los empresarios para asesorar al Ejecutivo regional.
