El Gobierno de Canarias puso ayer serias objeciones a la propuesta presentada por el Ejecutivo central para el reparto del fondo de 16.000 millones entre el conjunto de las comunidades autónomas para compensarlas del impacto que ha supuesto la pandemia en cada uno de los territorios (10.000 millones para gasto sanitario; 1.000 para necesidades sociosanitarias; y 5.000 para caída de ingresos). En concreto, Canarias considera que la formulación del fondo de 5.000 millones previstos para compensar la caída de ingresos tributarios por el parón de la actividad productiva le perjudica seriamente. Sólo contempla los impuestos estatales cedidos al conjunto de regiones, pero no los propios de cada comunidad. Con este sistema, Canarias sólo se vería compensada por los entre 270 y 300 millones que calcula que va a perder de ingresos fiscales de impuestos estatales cedidos, pero no por los 700 que perderá, según las estimaciones realizadas por la consejería de Hacienda, por los tributos propios y singulares del sistema fiscal isleño.
Rechazo al sistema
El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, expresó ayer su rechazo a este sistema de compensación en la videoconferencia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros autonómicos en esta materia, y consideró que las medidas que ha adoptado el Estado en las últimas semanas "no reflejan adecuadamente las singularidades canarias ni tampoco el impacto de la pandemia en la economía y la población de las Islas, dada su elevada dependencia del sector turístico". Según afirmó Rodríguez tras la reunión "el fondo tiene el sentido de responder paleativamente al momento de la crisis sanitaria, en menor medida al de la crisis social, y menos aún a la pérdida económica", y explica que "lo que pretende compensar son los impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas", que en el caso de las Islas son el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, y Transmisiones Patrimoniales, "pero no responde a singularidad del régimen fiscal de Canarias".
Es decir, que la propuesta de Montero no asume la compensación por las pérdidas de tributos del REF, como el IGIC o el AIEM, o impuestos propios como el de Carburantes y Tabaco, que componen el grueso de la caída de ingresos tributarios en el caso del Archipiélago, que representa un 70% de las pérdidas autonómicas por la pandemia.
Según Rodríguez, mientras que en el conjunto de las comunidades autónomas el peso de los tributos cedidos es del 8%, en el caso de Canarias alcanza el 19% del total de los ingresos, entre cedidos, propios y REF.
Por esta razón, Rodríguez reclamó a la ministra una reunión bilateral para revisar estos criterios de compensación. "He insistido en que, si bien el impacto de la pandemia en Canarias ha estado afortunadamente en la parte de abajo en cuanto a su impacto en la población, el impacto económico va a ser muy superior a la media puesto que nuestro sistema económico está esencialmente vinculado a los servicios". A este respecto, Rodríguez estimó que la caída del PIB en Canarias podría acercarse al 30% este año, una cifra que triplica la previsión del Gobierno central para el conjunto del Estado, un 9,2%. "El impacto será terrible", dijo el vicepresidente, quien añadió que "las respuestas que se den desde el Estado habrán de contemplar esa diferente realidad". Asimismo explicó que Montero aceptó esa cumbre bilateral y por tanto hoy mismo la solicitará formalmente por carta para que pueda tener lugar los antes posible.
Fondo sanitario
En relación con el fondo de 10.000 millones de ayuda al conjunto de comunidades autónomas por los gastos sanitarios, el vicepresidente canario señaló que los criterios de reparto de cada una son "discutibles", puesto que, según la información adelantada por la ministra, tendrán un peso muy importante aquellos de carácter clínico, como hospitalizaciones, ingresos en UCI o test PCR realizados. "La propuesta está muy escorada hacia problemas estrictamente asistenciales, tiene en cuenta poco a la población y tiene poco en cuenta la preparación del dispositivo. Nosotros hemos tenido un buen dispositivo y cuesta mantenerlo disponible", explicó. Según Rodríguez, el criterio propuesto "está muy influido pro el impacto en Madrid y Cataluña".
Una crisis desigual
El vicepresidente -que en todo caso valoró el esfuerzo del Gobierno central para la regulación de los ERTE o la concesión de ayudas a los autónomos, pymes o a la vivienda- recordó que la crisis golpeará de manera desigual a los diferentes territorios de España y que autonomías como Canarias o Baleares sufrirán mucho más que otras con menor peso turístico. Abogó por reforzar el papel de las comunidades autónomas en la respuesta a la crisis económica y social y aseguró que "el estado de alarma no ha suspendido al estado de las autonomías". Rodríguez insistió en que la suspensión de facto de las reglas fiscales debería implicar un reparto de los objetivos de estabilidad -en términos de déficit y de endeudamiento- entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
"Parece poco razonable que ahora que España va a incrementar su déficit desde el 1,8% hasta el 10,3 %, las comunidades autónomas solo lo sigan participando en dos décimas", expuso Rodríguez, quien asimismo insistió en la necesidad de reunir a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que la ministra ya anunció que convocaría en las próximas semanas, donde solicitará la relajación de las reglas fiscales para que Canarias pueda usar el superávit y acudir a un mayor endeudamiento.
