Las patronales y los sectores más afectados por la crisis derivada del coronavirus han acogido con cierta cautela el documento inicial del plan de reactivación económica presentado el viernes por el Gobierno regional a los agentes económicos y sociales y a los grupos políticos. A los empresarios les hubiese gustado más concreción en las medidas y un calendario para ponerlo en marcha cuanto antes, pero sí admiten que buena parte de sus propuestas están recogidas aunque sin la garantía de que se tendrán los fondos necesarios, sobre todo aquellos que dependen del Estado y de la Unión Europea.

La más disconforme es la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, que cuestiona al Gobierno por presentar un documento "que tiene música pero no letra" y lo califica de "declaración de intenciones" con ejes que todos los sectores ya conocían. Para Gil de lo que se trataba es de ir a la concreción de las actuaciones: "lo que corresponde ahora es una relación de obras, con ficha financiera y calendario de licitación/adjudicación", añade.

La representante de los constructores añade que en las propuestas que ha presentado no se reclaman más fondos públicos para reactivar el sector, sino gastar el dinero que ya está presupuestado porque "llegamos tarde si queremos recuperar algo del PIB antes de acabar el año, si dejan la aprobación para el verano no se pondrán en marcha hasta ya iniciado el 2021 y no nos lo podemos permitir", critica.

Por el sector turístico, el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo(Feht), José María Mañaricua, sí considera que las principales reivindicaciones del sector han sido recogidas en el texto del Ejecutivo, aunque ahora falta que se aprueben y se cumplan. La principal de ellas es que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prolonguen en el sector turístico hasta que se restablezcan las conexiones aéreas y puedan venir los turistas. Para el dirigente empresarial el Estado debe tener en cuenta que Canarias no es como el resto del Península, ya que para que se recuperen los visitantes tiene que abrirse el espacio aéreo con cierta normalidad.

Mañaricua también destaca otras cuestiones que recoge el documento como la agilización de las licencias para reformar los complejos hoteleros, la bonificación de las tasas aéreas, la instalación de bases de aerolíneas en los aeropuertos canarios y la ampliación del fondo de desarrollo de vuelos.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Juan Carlos Arricivita, espera que el próximo miércoles la consejera de Economía y Empleo, Elena Máñez, les aclare las medidas que va a arbitrar la Comunidad Autónoma para los autónomos en el plan de reactivación ya que, por lo pronto, de lo que van a disponer a partir de mañana es del 30% de complemento que pone el Ejecutivo regional a aquellos que solicitaron ayudas por el cese de actividad cuando se decretó el estado de alarma.

Arricivita cree que el documento hay que "enriquecerlo" y que los autónomos tienen sus propias sugerencias. De todas formas, reprocha al Gobierno canario la "poco fluidez" que ha tenido con los autónomos a la hora de reunirse con ellos y demanda que la Comunidad Autónoma sea más exigente con el Estado a la hora de que autorice la utilización del superávit y que se pueda flexibilizar los ERTE, porque el plan de desescalada no es rentable para los pequeños negocios debido a las restricciones impuestas.

Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Mario Romero Mur, pone el acento en la oportunidad que tiene la Administración para salir de la crisis de facilitar todo lo posible las inversiones en proyectos hasta ahora atascados por problemas burocráticos. Romero Mur, también vinculado al sector turístico, recuerda que hay inversiones paralizadas desde hace años y ahora se podrían agilizar los procesos administrativos para posibilitar estos proyectos con el fin de crear empleo.

En relación con el principal sector de la economía canaria, el dirigente empresarial no ve su vuelta a la normalidad hasta que no se abra el espacio aéreo y estén recuperados los mercados emisores por lo que, mientras tanto, en las manos de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamiento está el de posibilitar inversiones y facilitar la tarea a las empresas.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, cree que en líneas generales el Ejecutivo ha recogido las propuestas de las patronales y ahora hay que analizar sector por sector para concretarlas y ponerlas en marcha cuanto antes. Manrique considera que el plan que salga tiene que ser el de toda Canaria para defenderlo en Madrid y Bruselas y, de esta forma, lograr los fondos necesarios por su condición de región ultraperiférica y especialmente afectada por el cierre del sector turístico.

No obstante, Manrique de Lara recordó que la CCE no solo ha presentado propuestas de carácter económico, sino también medidas que requieren cambios legislativos y normativos para acortar plazos, facilitar las inversiones e introducir modificaciones en el REF y en instrumentos como la Reserva para Inversiones (RIC). Para ello la patronal sí reclama agilidad al Ejecutivo y que utilice el decreto ley como instrumento que le otorga el Estatuto de Autonomía.

En esta línea, el secretario general de la CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, considera que el documento del Ejecutivo es un buen punto de partida tras el diálogo establecido con todos los sectores. Sin embargo, para el dirigente empresarial ahora hay que "priorizar" los proyectos más necesarios debido a la crisis y aquellos que eran anteriores pero que deben ejecutarse para dinamizar el empleo y la actividad económica.

"Resaltamos la actividad que vemos del Gobierno canario para alcanzar un documento que cuantifique realmente las medidas adicionales y separar el presupuesto normal de estas dotaciones extraordinarias para la recuperación de la actividad", añade Bezares.

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento canario, Vidina Espino, cuestionó ayer el documento del plan de reactivación del Gobierno regional porque "no garantiza de ninguna manera los recursos económicos en los que se sustenta", ve "numerosas contradicciones y lagunas" en el mismo y advierte que la formación no respaldará un plan que anula la capacidad del Parlamento para controlar al Ejecutivo, que podrá realizar cambios legislativos a través de decretos leyes.