El pacto para la reactivación social y económica de Canarias tras el estado de alarma por el coronavirus apuesta por el mantenimiento de los servicios públicos, la protección de los puestos de trabajo en ámbitos esenciales como la Educación, Sanidad y los Servicios Sociales, la protección de los salarios a través de los ERTE y su extensión temporal, la liquidez de las empresas y la colaboración público-privada para fomentar las inversiones. Este pacto, que trasladó ayer el presidente Ángel Víctor Torres a los agentes económicos, sindicatos, Federación Canaria de Municipios (Fecam), Federación Canaria de Islas (Fecai) y partidos políticos para que hagan sus propuestas antes del 30 de mayo, propone movilizar 14.250 millones de euros entre el Estado (5.537 millones) y Canarias (8.712 millones), en buena parte ya dotados en el presupuesto de los servicios esenciales y otras cantidades recogidas de las propuestas tras más de 30 reuniones con todos los sectores. El presidente del Gobierno expuso tras el encuentro de ayer que los ingresos de los presupuestos de Canarias apenas superarán este año los 7.000 millones "y habrá que buscar 1.500 millones con la implicación de las instituciones públicas y privadas". Torres explicó que el plan, una vez consensuado, se presentará a partir de junio en el Parlamento y conllevará ficha financiera concreta para 2020, 21 y 22 para enfrentarse a la "dura realidad" que se avecina.

Se trata del primer documento presentado por una Comunidad Autónoma en la crisis del Covid-19 para la reconstrucción económica y social, y se centra en cinco ejes fundamentales: preservar y mantener los servicios públicos fundamentales, en los ámbitos sanitarios y educativos, en la atención a la dependencia y la política de vivienda.

También propone el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias de las islas, con la relevancia que adquieren ambos aspectos. Asimismo, el pacto por la reconstrucción prevé el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades para garantizar que nadie se queda por el camino. Otro de sus objetivos es el mantenimiento y la recuperación del empleo, con la intención de limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y se amplíe el colectivo de personas vulnerables. Y en un quinto objetivo se pretende el impulso de la actividad económica, "para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad.

Para ello se propone convertir a Canarias en un destino turístico seguro, hacer una campaña ambiciosa de promoción, aumentar la colaboración público-privada en sectores como el turístico, vivienda o carreteras y potenciar las medidas de sostenibilidad y la economía azul, entre numerosas medidas que buscan la unidad de acción de las Islas para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia.

De los 5.537 millones del Estado, 3.600 millones corresponden a préstamos a las empresas y autónomos, los créditos ICO, 984 millones para expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 283 millones para inversión pública en infraestructuras, 232 millones para la Renta de Ciudadanía en las islas o, entre otras partidas, 84 millones de euros para políticas de apoyo a trabajadores autónomos, 70 millones destinados al apoyo de transporte de mercancías y 42 millones al Plan Integral de Empleo de Canarias.

Por parte de Canarias se prevén 5.635 millones al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, porque el Gobierno quiere evitar recortes en esta salida de la crisis; 1.008 para inversiones públicas en infraestructuras; 540 por el aplazamiento de impuestos, 400 para la agilización la inversión privada y 330 millones para préstamos a las empresas y los autónomos, además de 44 millones a la Prestación Canaria de Inserción y seis millones al Ingreso Canario de Emergencia, que suman 16 con los 10 que aporta el Estado.

El documento plantea el impulso de las inversiones necesarias en los espacios hospitalarios y el reforzamiento de la red de atención primaria. También se instrumentarán medidas de apoyo a las empresas a fondo perdido, es decir, a modo de subvenciones, para ayudar a las empresas a compensar los gastos en los que el ámbito de las medidas económicas de carácter general hay que contemplar las necesarias modificaciones que serán necesarias para adaptar los principales instrumentos con los que cuenta Canarias en el ámbito de nuestro régimen económico y fiscal. El ajuste de condiciones de la Reserva para Inversiones en Canarias, la Zona Especial Canaria, los Incentivos Económicos Regionales, la materialización de los diferentes convenios, las bonificaciones al transporte de mercancías y personas? deben articularse para adaptarse a estas nuevas circunstancias que han tenido que impulsar la colaboración público-privada con acciones como un programa de inversiones para rehabilitar espacios y oferta turística. Las administraciones intervendrán en las infraestructuras y las empresas concentrarán sus intervenciones en la mejora de sus establecimientos y en su adaptación a las nuevas normas de convivencia que impondrá el Covid-19. Además se promoverá con iniciativa pública y privada un encuentro mundial y de diferentes foros sobre seguridad y gestión de crisis turística. Propone un convenio estatal, como en el ámbito de las infraestructuras sanitarias que serán necesarias para mejorar las capacidades de esta actividad y, en especial, en el entorno hospitalario, pero también en los centros educativos que tienen una magnífica oportunidad para abordar proyectos de reforma y mejora que llevaban años pendientes, en las infraestructuras estratégicas para la sostenibilidad como las vinculadas a la transición energética, la depuración de aguas y el tratamiento y gestión de residuos.