El presidente de Canarias. Ángel Víctor Torres, defendió ayer con rotundidad la gestión que ha llevado a cabo su gobierno de la crisis sanitaria por el coronavirus en el Archipiélago, y contrastó el hecho de ser la comunidad autónoma "con los datos más favorables" en el control de la pandemia y de la crisis sanitaria, con la de peores consecuencias económicas y sociales, argumentos que le llevaron a exigir al Gobierno central planes especiales de choque, y una mayor activación de las medidas de desescalamiento. Torres, en su discurso por escrito remitido a la Comisión de Comunidades Autónomas reunida en el Senado ante la imposibilidad de hacerlo por videoconferencia, como él solicitó, puso en valor el acuerdo entre instituciones, partidos políticos, y agentes sociales de todo el Archipiélago en la respuesta a la epidemia, y reclamó un pacto similar en todo el Estado para abordar la reconstrucción.

El posicionamiento de Torres estuvo en la misma línea del mantenido por la presidenta de Baleares, Francina Armengol, también a través de un discurso remitido por escrito a la Cámara Alta, sobre la necesidad de que el Estado arbitre medidas especiales para las dos comunidades más dañadas por el parón de la actividad turística. Ambos insistieron en reclamar la flexibilización de las reglas fiscales y autorizar el uso del superávit del que disponen ambas regiones, así como el de sus corporaciones insulares y locales, aunque en el caso de la presidenta balear también pidió la condonación del 50% de la deuda contraída con el Estado, y la autorización de nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo por valor de 1.000 millones. Aunque Torres no mencionó en su intervención esta cuestión, su Gobierno, a través del consejero de Hacienda, Román Rodríguez, sí viene haciéndolo desde el inicio de la crisis.

Canarias y Baleares, junto con Cataluña, fueron las únicas comunidades, aparte de la ciudad autónoma de Melilla, que no participaron presencialmente en el debate del Senado, en el que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, hizo un repaso sobre la actuación del Gobierno central en relación con la pandemia tanto desde el punto de vista de control de la epidemia y de respuesta sanitaria, como del de las medidas para paliar los efectos económicos y sociales, y destacó sobre todo el alto grado ce cooperación que, según ella, se ha mantenido en la gestión de la crisis con las comunidades autónomas. Ambas comunidades insulares reclamaron al Gobierno que impulse ante la UE un plan especial de protección al turismo, destacando en los dos casos la enorme brecha que su paralización durante meses va a producir en sus ingresos fiscales y su repercusión en los servicios públicos esenciales. En este sentido, Baleares solicitó la creación de un nuevo fondo no reembolsable o la ampliación sustancial de los ya creados para poder compensar íntegramente los costes sobrevenidos en esos servicios afectados por los efectos de la pandemia.

El presidente canario enfatiza sobre su insistencia en trasladar al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y al resto de mandatarios autonómicos, en las siete Conferencias de Presidentes telemáticas celebradas hasta ahora, el detalle de cómo se estaba procediendo sanitariamente en las Islas y los resultados, así como en "fijar la necesidad de arbitrar los mecanismos máximos para responder de la mejor manera a la pandemia, que se comprendiera la situación económica de Canarias por su dependencia del sector turístico al que el estado de alarma sorprendió en plena temporada alta con las inherentes y nefastas consecuencias que conlleva". Un "mazazo económico inédito que nos convierte en la comunidad autónoma en la que mayor será ese impacto derivado de la pandemia", insiste Torres.

El jefe del Ejecutivo regional recordó los 29.099 expedientes de ERTE tramitados como consecuencia de la inactividad económica, así como el hecho de que el 60 % del empleo canario depende del sector servicios, y señaló que la caída de la recaudación tributaria en impuestos propios y tributos cedidos, será de 950 millones de euros (2 puntos del PIB regional), lo que significa un recorte del 56% sobre lo previsto en los actuales presupuestos. "Imaginen pues el escenario en el que nos encontramos", advirtió Torres, quien consideró que, por ello, "superar los retos trascendentes que se nos presentan para afrontar esta realidad económica y la fractura social inherente a la misma, requiere de exigencia, empezando por la exigencia a nosotros y extendiéndola al Gobierno de España y a la Unión Europea".

Torres ensalza la "unidad de acción" que ante esta situación se ha generado en las Islas y menciona las "más de una treintena de reuniones" con todos los actores políticos y sociales para un pacto de reconstrucción social y económica. Considera en este sentido que "este también debe ser el mecanismo en el ámbito nacional", asegurando que "Canarias en su conjunto aboga por avanzar en un gran pacto de reconstrucción nacional en el que nadie quede fuera porque nadie puede permitirse quedar fuera en estos momentos". Defendió todas las decisiones difíciles y controvertidas que se han adoptado en este tiempo, y puso como ejemplo la de restringir la conectividad aérea y marítima, compartiendo qué líneas debían mantenerse y cuáles no, o cerrando prácticamente el espacio aéreo a otra decisión, "que el tiempo ha terminado demostrando que fue un éxito".

Torres resalta otros elementos consensuados que su Gobierno ha activado en el ámbito social y laboral como eximir del pago de la cuota a las más de 17.000 familias que están en régimen de alquiler social; la puesta en marcha el Ingreso Canario de Emergencia para asistir a decenas de miles de familias a las que la situación de parálisis económica ha dejado en una situación aún más vulnerable; o la activación de un servicio para atender al alumnado de cuota cero de los comedores escolares. Las medidas económicas, recordó, contemplan un aplazamiento del pago de impuestos.