01 de mayo de 2020
01.05.2020
Crisis del coronavirus

Esta es la declaración institucional del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

El Gobierno afirma que "el escenario actual precisa de un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común para afrontar y salir de la profunda crisis económica y social que se avecina"

01.05.2020 | 18:28
Elena Máñez. Román Rodríguez, Ángel Víctor Torres, Noemí Santana y Sebastián Franquis.

En la sesión del día 14 de abril de 2020 de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias , en la que comparecía el Presidente del Gobierno de Canarias , se planteó la necesidad de impulsar un gran acuerdo político, social y económico por la reactivación de Canarias que recogiera, de modo consensuado, medidas que garantizaran la recuperación de nuestra comunidad. Un pacto que promoviera un espacio de consenso vinculando a todos los partidos políticos, a las administraciones públicas canarias y a la sociedad civil. En definitiva, un gran acuerdo autonómico para la reactivación de Canarias tras el coronavirus .

El escenario actual precisa de un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común para afrontar y salir de la profunda crisis económica y social que se avecina tras una pandemia que representa ya, la mayor amenaza de salud pública que jamás hayamos vivido.

El objetivo del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias es el de aunar a todos los agentes políticos, sociales y económicos de Canarias en un acuerdo excepcional y extraordinario ante la mayor adversidad que ha tenido nuestra tierra motivado por una emergencia sanitaria, el COVID-19 , con repercusión sin precedentes en nuestra economía y estructura social.

Este Pacto es fruto de la acción colectiva y emana de propuestas y reflexiones, además del gobierno autónomo, de los grupos parlamentarios canarios (Grupos Parlamentarios Socialista, Nacionalista Canario, Popular, de Nueva Canarias, de Sí Podemos Canarias, de Agrupación Socialista Gomera y de Ciudadanos), los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), instituciones locales como la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación de Cabildos Insulares (FECAI), los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y La Laguna) y de quienes han sido presidentes de Canarias, además de colegios profesionales y Tercer Sector.

Se han mantenido más de 30 reuniones de trabajo en este periodo de tiempo que se iniciaba el 16 de marzo, buscando aportaciones, consenso y criterio común para abordar esta crisis. Reuniones que tuvieron uno de los momentos más relevantes el día 17 de abril, cuando todos los Presidentes de Canarias compartieron análisis de situación y experiencias. El producto de todas esas aportaciones se condensa en un documento que se convierte en punto de encuentro y equilibrio de todas las aportaciones realizadas hasta la fecha.

El Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una vez aprobado, ha de ser plasmado y desarrollado en un Plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y sería elevado al Parlamento de Canarias para su ratificación.

El Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y líneas estratégicas a contemplar en el plan de acción, e incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado con ficha financiera para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas necesario para atender todas las necesidades sociales y reactivar su economía.

Este Pacto compromete a sus firmantes a la defensa de las siguientes cinco prioridades estratégicas:

1. El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Esto es, la Sanidad, la Educación y los Derechos Sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Pilares, junto con las pensiones, del estado del bienestar y principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que se avecina.

2. El refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, siendo conscientes de la relevancia que adquieren ambos aspectos en la recuperación de la confianza y el paso a la nueva realidad que nos aguarda.

3. La atención y apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades para garantizar que nadie se queda por el camino.

4. El mantenimiento y recuperación del empleo, buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes, ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5. El impulso de la actividad económica, para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que todos aspiramos.

En consecuencia, en este documento los abajo firmantes alcanzamos un doble compromiso. El primero de principios y líneas generales, que suscribiremos como Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias.

El segundo de trabajo, conocimiento y de esfuerzo compartido, que nos permita, en el plazo de tiempo más corto, convertir en un Plan concreto los contenidos de este Pacto.


En Las Palmas de Gran Canaria, a 01 de mayo de 2020

Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias 


I.- Introducción

En la sesión del día 14 de abril de 2020 de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, en la que comparecía el Presidente del Gobierno de Canarias, se planteó la necesidad de impulsar un gran acuerdo político, social y económico por la reactivación de Canarias que recogiera, de modo consensuado, medidas que garantizaran la recuperación de nuestra comunidad. Un pacto que promoviera un espacio de consenso vinculando a todos los partidos políticos, a las administraciones públicas canarias y a la sociedad civil. En definitiva, un gran acuerdo autonómico para la reactivación de Canarias tras el coronavirus.

El escenario actual precisa de un acuerdo que nos permita desarrollar una estrategia común para afrontar y salir de la profunda crisis económica y social que se avecina tras una pandemia que representa ya, la mayor amenaza de salud pública que jamás hayamos vivido.

Necesitamos un pacto para coordinar las políticas entre las distintas administraciones que están mandatadas a promover la resistencia, la reactivación y la recuperación de nuestra región desde la unidad de acción con representantes de la sociedad.

El Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, cada una en su ámbito correspondiente; los partidos políticos, los interlocutores sociales y económicos, así como los colectivos sociales y profesionales, somos corresponsables de establecer las líneas de trabajo necesarias para reconstruir la economía de nuestra comunidad movilizando gran cantidad de recursos.

Necesitamos que el Gobierno de España sea garantía de futuro, creemos que Europa es parte de la solución a esta crisis, y hay que exigir que actúe ya.

Ahora vivimos en una completa incertidumbre. Las circunstancias son excepcionales y exigen lo mejor de cada uno de nosotros, tanto a nivel personal como institucional. O estamos a la altura de las circunstancias o fracasaremos como pueblo.

El desafío al que nos enfrentamos es tan extraordinario, que exige una respuesta unida, única y ambiciosa para salvaguardar nuestro modelo económico y social. Para proteger a nuestros ciudadanos. Para que nadie quede atrás.

Se trata, por tanto, de consensuar un documento que exige decisiones valientes para que los más de dos millones cien mil canarios y canarias que sienten y quieren a su tierra y creen en Canarias como Comunidad no se sientan defraudados. Todos somos Canarias. No los decepcionemos.

II.- Objetivo y enfoque

El objetivo del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias es el de aunar a todos los agentes políticos, sociales y económicos de Canarias en un acuerdo excepcional y extraordinario ante la mayor adversidad que ha tenido nuestra tierra motivado por una emergencia sanitaria, el COVID-19, con repercusión sin precedentes en nuestra economía y estructura social.

Debe ser un pacto con espacio para que todos los agentes participantes se sientan protagonistas y además lo sean, con propuestas, debates, aportaciones y sugerencias que culminen en el consenso con un documento compartido.

Éste ha de ser un pacto nacido e impulsado en Canarias, que nos comprometa a los firmantes, y que sea defendido ante el Gobierno de España y la UE como una alianza o acuerdo de la sociedad de las ocho islas, que demanda todos los esfuerzos para apartar propuestas individuales a favor del bien común.

Canarias se juega mucho; quizá como nunca, en un momento trascendental para nuestro presente y futuro.

Este Pacto es fruto de la acción colectiva y emana de propuestas y reflexiones, además del gobierno autónomo, de los grupos parlamentarios canarios (Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, Grupo Parlamentario de Agrupación Socialista Gomera y Grupo Parlamentario de Ciudadanos), los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), instituciones locales como la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación de Cabildos Insulares (FECAI), los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y La Laguna) y de quienes han sido presidentes de Canarias, además de colegios profesionales y Tercer Sector.

Se han mantenido más de 30 reuniones de trabajo en este periodo de tiempo que se iniciaba el 16 de marzo, buscando aportaciones, consenso y criterio común para abordar esta crisis. Reuniones que tuvieron uno de los momentos más relevantes el día 17 de abril, cuando todos los Presidentes de Canarias compartieron análisis de situación y experiencias. El producto de todas esas aportaciones se condensa en este documento que se convierte en punto de encuentro y equilibrio de todas las aportaciones realizadas hasta la fecha.

El Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, una vez aprobado, ha de ser plasmado y desarrollado en un Plan por la Reactivación, que aprobaría el Gobierno de Canarias y sería elevado al Parlamento de Canarias para su ratificación.

Es decir, el presente documento enmarca los principales compromisos y las líneas generales de consenso en la sociedad canaria de cómo debe abordarse el proceso de recuperación de la actividad económica y social en las islas, desde una perspectiva amplia, pero no podrá definir, porque no es su finalidad, las actuaciones concretas. Éstas serán desarrolladas con posterioridad en el correspondiente plan de acción, que ha de materializarse fijándose un marco presupuestario en el que podamos sustanciar el importe exacto de cada propuesta.

El Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y líneas estratégicas a contemplar en el plan de acción, e incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas necesario para atender todas las necesidades sociales y reactivar su economía. Por este motivo, las medidas concretas con una ficha presupuestaria también, concreta, deberán ser incorporadas en un plan, que estará alineado perfectamente con los compromisos adquiridos en este Pacto.

En consecuencia, en este documento los abajo firmantes alcanzamos un doble compromiso. El primero de principios y líneas generales que suscribiremos como Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Y uno segundo que, inspirado en dicho Pacto, el Gobierno de Canarias tiene el compromiso de plasmar con realismo y con una ficha presupuestaria ya concreta en forma de plan.

III.- Impacto socioeconómico de la crisis sanitaria del Covid-19 en Canarias 

Una breve actualización del impacto que la crisis del COVID-19 está teniendo en las principales magnitudes y sectores de la economía canaria pone de relieve que, debido a nuestra alta especialización en sectores afectados por la suspensión de actividades impulsada por el Real Decreto de Estado de Alarma, a lo que se le suma el hecho significativo de que la incidencia ha recaído en plena temporada alta turística en Canarias, provoca que la intensidad del impacto socioeconómico en nuestro territorio sea claramente superior al de otras Comunidades Autónomas españolas, lo que justificaría la adopción de medidas específicas de apoyo a nuestro archipiélago.

La información estadística que empezamos a acumular desde que se declarase el estado de alarma no hace más que corroborar las previsiones adelantadas entonces. La crisis sanitaria, y su manifestación a nivel global en forma de shocks de demanda y de oferta, han repercutido con especial virulencia en la economía canaria, muy dependiente del exterior y con una estructura productiva muy concentrada en la actividad turística.

La gravedad de las consecuencias económicas es directamente proporcional a la velocidad con la que se revisan las previsiones económicas, siempre a la baja. No obstante, hay un elemento común en todas las proyecciones que se realizan en nuestro país a nivel regional, a saber: Canarias figura siempre entre las Comunidades Autónomas más gravemente afectadas por la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para aplanar la curva epidemiológica.

La elevada incertidumbre que caracteriza el momento actual hace que los intentos por cuantificar el impacto más verosímil sobre el PIB y el empleo terminen por arrojar guarismos muy dispares, condicionados por las distintas hipótesis y metodologías de

análisis utilizadas. Así, por ejemplo, desde el Centro de Predicción Económica (CEPREDE), entre el 23 de marzo y el 15 de abril se ha pasado de estimar una contracción del PIB para Canarias del 2,1% en 2020, a cuantificar dicha caída en una tasa que se mueve entre el 6%8%. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía canaria, los efectos más elevados se producen, siempre según las estimaciones de CEPREDE, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad, y para el conjunto del año, entre el -14,3% y el 21,4%. El comercio también se ve muy afectado con descensos entre el -4,9% y el -7,4%. Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico, se apunta una contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 que oscila entre el 14% y 19%, y una contracción de la ocupación de entre un 16% (138.000 puestos de trabajo) y un 22% (182.000 puestos).

El ISTAC también ha avanzado algunas simulaciones, con una metodología diferente. Nuevamente son tres los escenarios planteados, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el decreto de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y la apertura de los establecimientos turísticos y de ocio. Según el Instituto, la caída del PIB canario para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

La información disponible hasta el momento, aunque aún escasa, ya adelanta con claridad la mayor severidad del ajuste en Canarias. Por ejemplo, en el mes de marzo de 2020 el número de personas afiliadas en Canarias a la Seguridad Social se redujo en términos interanuales en un 1,4% (11.063 afiliados menos), una caída relativa sólo superada en Extremadura. El desplome de la contratación se generaliza desde el día 9 de marzo, aunque es mucho más notable en el sector turístico.

El paro registrado aumentó en marzo en términos mensuales un 9,5%, situándose en 227.634 personas, lo que supone 19.797 parados más. En términos anuales el aumento fue del 8,8%, lo que supone 18.399 parados más que hace un año. Se trata del incremento mensual más elevado desde el comienzo de la serie, el tercero más elevado en términos interanuales, y uno de los más elevados en el mapa autonómico nacional. Nuevamente, es a partir del 9 de marzo cuando el paro registrado experimenta un incremento en términos interanuales durante todos los días. Esta tendencia es generalizada en todos los sectores, pero se manifiesta con especial virulencia en el sector de la hostelería.

Pendientes de las cifras relativas al mes de abril, la imagen que se desprende al cierre de marzo deja a la luz la intensidad del ajuste en el principal motor económico de las islas: la actividad turística. Así, por ejemplo, el número de viajeros entrados en establecimientos hoteleros y extrahoteleros se contrajo en términos interanuales en un 62,1%; el número de pernoctaciones se contrajo en un 53,5%; la tasa de ocupación por habitaciones o apartamentos se redujo más de un 50%.

Las mayores tasas de pobreza relativa (incluida la pobreza severa) y de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE); la mayor prevalencia de la pobreza carencial; el hecho de que los efectos de la recuperación tras la prolongada crisis de 2008-2013 no llegase a los estratos con menores niveles de renta; la alta incidencia de la temporalidad y los empleos de bajos salarios en las islas, son algunos factores que permiten entender con facilidad otro riesgo asociado a esta crisis: el notable impacto que va tener sobre una elevada proporción de la población canaria, que parte ya de unos elevados niveles de vulnerabilidad, y de una menor capacidad de resiliencia.

La gravedad del escenario económico también se vislumbra en la recaudación tributaria. Con datos acumulados hasta marzo que evitan distorsiones en las comparaciones de los datos mensuales, se observa una disminución generalizada de los impuestos indirectos autonómicos. La previsión recaudatoria de la Agencia Tributaria Canaria para el año 2020 establece una caída de los tributos del REF en 1.022,8 millones de euros (-54,6%), de los que la Comunidad Autónoma perdería 429,5 y las corporaciones 593,2 millones de euros. Además, los tributos propios y cedidos de nuestra Comunidad Autónoma caerán en 526,1 millones de euros (-57,1%). Por tanto, se estima que los ingresos de la Comunidad Autónoma se reduzcan en un total de 955,6 millones de euros.

En definitiva, si construyéramos un índice de vulnerabilidad de las diferentes comunidades autónomas españolas frente a las consecuencias que, sobre la economía y el empleo, ha generado el estado de alarma y la suspensión de actividad económica que el mismo ha impuesto, obtendríamos que, por especialización sectorial (peso de las actividades de alojamiento y servicios de comidas y bebidas) y por la relevancia estacional del momento en que ha llegado la crisis, coincidente con el final de nuestra temporada alta turística, Canarias aparecería de forma destacada como la comunidad española más afectada por las consecuencias económicas del COVID-19, y por ello requiere de medidas reforzadas para combatirlo.

IV.- Prioridades estratégicas

Para poder mitigar las negativas consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19 sobre Canarias, requerimos actuar sobre cinco prioridades estratégicas que están claramente interconectadas entre sí.

IV.1.- Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales

El primer compromiso que se adquiere en el ámbito de este Pacto es el mantenimiento de las principales competencias que tienen las comunidades autónomas y el papel fundamental que ejercen en el estado del bienestar.

Ante la reducción evidente de ingresos públicos que va a suponer esta crisis económica, las fuerzas y organizaciones firmantes de este Pacto nos comprometemos con la defensa de la prestación de los servicios públicos fundamentales: la Sanidad, la Educación y los Derechos Sociales, incluida la atención a la dependencia y la política de vivienda.

Frente a anteriores crisis, que indujeron recortes relevantes en los recursos de los pilares de nuestro estado de bienestar, en esta ocasión el principal compromiso debe ser preservar

una sanidad, una educación y unos derechos sociales que garanticen a la ciudadanía una red de apoyo y de prestaciones básica frente a las dificultades que se avecinan.

Esta prioridad básica e innegociable que es la defensa de los derechos públicos y del Estado de Bienestar, exige un impulso en áreas estratégicas, que son las que se desarrollan en las prioridades 2 y 3 que conforman el documento de este pacto.

IV.2.- Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias

Las graves consecuencias que se han derivado de la virulencia con la que la pandemia del COVID-19 ha afectado a la sociedad canaria ponen de relieve la importancia que en el futuro debe disponer de unas adecuadas capacidades sanitarias para poder responder con garantías a un rebrote del virus, sin que ello conlleve peligro de colapsar el sistema sanitario y, por tanto, tener que recurrir de nuevo a la estrategia del confinamiento.

Aunque en Canarias hemos tenido unas cifras comparativamente reducidas de prevalencia del virus en centros sociosanitarios, las experiencias vividas en otras comunidades autónomas nos alertan del riesgo evidente que supone para el correcto funcionamiento de nuestro sistema sanitario la presencia de una red de centros sociosanitarios que no se encuentre correctamente controlada y vigilada desde la perspectiva sanitaria. La fragilidad de estos centros que albergan concentraciones de población vulnerable es evidente, y por ello se requiere de políticas de vigilancia, prevención y mejora de las instalaciones de los centros para poder garantizar la correcta atención de sus residentes.

Por este motivo, la segunda prioridad estratégica de este Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias consiste en construir un sistema sanitario y sociosanitario con mayores capacidades para poder dar respuesta a amenazas similares a las que hemos tenido ocasión de sufrir durante estas últimas semanas, pero sin necesidad de limitar por completo el resto de la actividad asistencial ni, por supuesto, acudir a la estrategia del confinamiento.

IV.2.a.- Medidas de refuerzo de la capacidad sanitaria

Para garantizar que un nuevo episodio epidémico tenga un impacto tan distorsionador sobre la cotidianidad como lo ha tenido el actual, hay que activar una serie de capacidades sanitarias que permitan, en primer lugar, identificar de forma precoz y eficiente cualquier nuevo episodio y mantenerlo bajo control y, en segundo lugar, contar con los medios sanitarios adecuados para hacer frente a la misma sin necesidad de restringir la actividad asistencial ordinaria.

Para identificar de forma precoz cualquier nuevo brote que se produzca en territorio canario se establecerán los medios necesarios, fundamentalmente a través de indicadores y protocolos de vigilancia, para que podamos realizar la monitorización de los nuevos casos sospechosos y de los confirmados.

Para ello se impulsarán los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios para incrementar la capacidad de los laboratorios canarios de realización de pruebas diarias (PCR) y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible los posibles casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Del mismo modo, se impulsarán las medidas presupuestarias adecuadas para proceder al aislamiento de los casos positivos bajo fórmulas de habitabilidad adecuadas y que minimicen los riesgos de contacto, como por ejemplo a través de hoteles medicalizados. Se ampliará el alcance de la red de atención primaria, especialmente a través de un fortalecimiento de sus recursos humanos, para que pueda desarrollar dos nuevas competencias o funciones como la identificación y supervisión adecuada de los contactos de los casos positivos, y también la vigilancia activa de aquellos espacios o centros que albergan colectivos específicos de forma intensiva como residencias, centros sociosanitarios, penitenciarías y similares. Esta vigilancia activa deberá concentrarse en los trabajadores de dichos centros puesto que son ellos los potenciales transmisores del virus.

No puede obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población, lo que requiere no sólo de la popularización de determinadas medidas de protección e higiene entre la población, sino también algunas medidas de impulso público como ampliar la garantía de abastecimiento de mascarillas y otros EPIs entre la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables, y la formación y refuerzo de los servicios de prevención en la administración pública y en el sector privado para divulgar los nuevos patrones de comportamiento que deben instalarse en la sociedad en el periodo de la nueva normalidad.

Detectar y prevenir es un aspecto clave en la lucha contra esta pandemia, pero al no tener garantías de que pueda evitarse que estos casos se compliquen y acaben requiriendo asistencia sanitaria, es fundamental contar también con un refuerzo de las capacidades del sistema, para que pueda absorber con garantías las demandas de un nuevo episodio al tiempo que se garantiza la calidad asistencial de pacientes no COVID-19.

Para ello se impulsarán las inversiones necesarias en los espacios hospitalarios para garantizar la implantación de medidas de prevención y control de la infección en todas sus áreas, el establecimiento de circuitos diferenciados para pacientes COVID y no COVID y, por supuesto, contar con stock suficiente de equipos de protección individual para el personal sanitario y los pacientes.

Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes de agudos y críticos. En especial, en el caso de los críticos se buscará duplicar el número de recursos que se pueden activar en menos de 48 horas respecto a la situación habitual y habrá que tener los equipos y espacios preparado para ello. También se identificarán los espacios adecuados para que, en caso de que un nuevo rebrote de la epidemia así lo exigiera, se pudiera llegar a triplicar las unidades de críticos en cada de los principales hospitales de Canarias.

Además del refuerzo en la capacidad hospitalaria y las inversiones necesarias para ello, resulta incluso más crítico el reforzamiento de la red de atención primaria. En una etapa en la que se pretende garantizar el mantenimiento bajo control del avance de cualquier nuevo rebrote de la epidemia, resulta fundamental incrementar los recursos humanos destinados a la atención en la red primaria para poder atender las siguientes necesidades: el refuerzo de la atención domiciliaria para personas sospechosas o confirmadas de COVID y con otras patologías, el incremento de la capacidad para la toma de muestras para ampliar la capacidad de realizar pruebas, establecimiento de circuitos diferenciados en los centros de salud para reducir riesgos de contagio en la asistencia primaria, refuerzo de los medios de protección (EPIs) para los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en los centros de salud de atención primaria, mejorar la coordinación con los servicios de salud pública y la vigilancia activa de los centros sociales que se encuentran en su zona básica de salud y dotarles de apoyo sanitario adecuado.

Junto con estas medidas concretas de refuerzo de las capacidades de vigilancia epidemiológica y asistencial del sistema sanitario canario, proponemos compromisos en ámbitos de actuación más generales. En primer lugar, se activarán los recursos necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de máxima calidad como elemento básico para superar esta crisis y como factor de equidad entre la sociedad canaria.

En segundo término, se impulsarán las medidas que permitan modernizar la sanidad canaria mediante el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la asistencia sanitaria, favoreciendo la asistencia telefónica o por videoconferencia, lo que permite mantener los centros sanitarios menos masificados y garantizar la calidad asistencial.

En tercer lugar, se fortalecerán los servicios de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la actividad sanitaria para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios ante episodios como el vivido.

IV.2.b.- Medidas de refuerzo de la capacidad sociosanitaria

El impacto que el COVID-19 ha tenido en los centros y residencias de mayores de toda España ha puesto el foco en la relevancia que para posteriores episodios puede tener mejorar la asistencia que se presta en estos espacios. En el ámbito sanitario y de la atención primaria se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a estas personas, especialmente vulnerables.

Pero además de estas medidas se requiere dar impulso a otras propuestas que se pueden adoptar en el ámbito de la dependencia y la atención sociosanitaria para reducir injusticias e ineficiencias que se detectan en la actualidad.

Por este motivo, en el ámbito de este Pacto se propone impulsar de forma decidida las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia en Canarias, poniendo especial énfasis en las prestaciones vinculadas al servicio y en los servicios de atención residencial. Para ello se destinarán los recursos económicos disponibles para estos servicios y se agilizarán los procesos administrativos habilitados para activar este conjunto de ayudas.

Se implementará un plan especial de actuación para que las personas, enfermos crónicos, que en la actualidad ocupan camas de agudos y de críticos en los centros sanitarios puedan recibir una atención adecuada y adaptada a sus necesidades, liberando los recursos sanitarios para las pacientes que realmente lo necesitan.

IV.3.- Atención y apoyo a las personas vulnerables

Previo a la llegada de esta crisis, Canarias ya se caracterizaba por tener unos indicadores de pobreza, desigualdad y carencia de medios materiales muy destacados en el panorama nacional. Ésta venía siendo una de nuestras principales vulnerabilidades, puesto que a pesar de tener en determinados periodos de auge y expansión excepcionales cifras de crecimiento del PIB o del empleo, no se conseguía tener el mismo éxito en los indicadores vinculados a la pobreza y la distribución de la riqueza.

Las preocupantes cifras de familias en riesgo de pobreza, hogares sin ingresos y de parados de larga duración nos ponen sobre aviso de las durísimas consecuencias que una crisis económica como la que está provocando el COVID-19 podría tener sobre este conjunto de familias vulnerables.

Cualquier Pacto que se pretenda articular que tenga como finalidad abordar los efectos del COVID-19 debe contemplar compromisos firmes para proteger y dar apoyo a las familias más vulnerables de las islas, puesto que en circunstancias como las actuales se convierten en doblemente vulnerables.

En la primera línea de impacto, a raíz de las severas consecuencias económicas que se estima pueda tener el COVID-19, se encuentra el aumento de la condición de vulnerabilidad que adquirirán muchas familias canarias que, o bien ya se encontraban en esta delicada situación con anterioridad a esta crisis, o que prestaban sus servicios en el ámbito de la economía sumergida y han tenido que dejar de hacerlo por las restricciones impuestas en el estado de alarma. Para atender las demandas y necesidades de generación de rentas para estos colectivos, desde el Pacto se propone impulsar instrumentos de apoyo a estas familias que culminen con la puesta en funcionamiento de la renta de ciudadanía prevista en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Estas posibilidades incluirán una agilización de la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción, el apoyo y complementación de medidas estatales que se puedan establecer para impulsar una política de rentas destinada a las personas más vulnerables, así como el impulso de iniciativas propias que contribuyan a compensar lapsos temporales en los que los potenciales beneficiarios de la renta de ciudadanía no cuenten aún con la disponibilidad del instrumento de apoyo definitivo.

Del mismo modo nos comprometeremos en el impulso de medidas de apoyo a las familias más vulnerables para poder dar cobertura en el ámbito de los gastos de los suministros básicos para la vida diaria, como el agua, la luz, el alquiler o los gastos hipotecarios de sus viviendas, para garantizar que no se vuelve a producir el drama de desahucios que se produjeron durante la etapa anterior de crisis, ni la carencia de suministros básicos para poder llevar una vida digna.

Mientras el proceso de desconfinamiento siga su curso y no se reaperturen los servicios de comedores escolares se mantendrán en marcha mecanismos de aprovisionamiento a las familias beneficiarias de becas con cuota cero. En estos procesos de aprovisionamiento se establecerán medidas que prioricen la adecuada alimentación de los niños y niñas, y también el consumo de productos del sector primario e industrial locales.

En coordinación con las administraciones públicas locales, se establecerá una red de vigilancia sobre las necesidades que puedan surgir entre las familias más vulnerables de las islas para poder establecer los mecanismos adecuados de compensación y apoyo, para no dejar a ninguna persona en el camino.

IV.4.- Recuperación del empleo

Una de las principales prioridades que se plantea este Pacto en el marco de las actuaciones para luchar contra los efectos sociales y económicos derivados de la crisis sanitaria del COVID-19 es el sostenimiento y mantenimiento del empleo. Como ya se indicó antes, uno de los indicadores más afectados es el empleo. Esa pérdida de empleo supone que muchas personas quedarán en una situación de vulnerabilidad social si no reciben una prestación o garantías de que pueden volver a recuperar el empleo en un espacio corto de tiempo.

Sin duda, ha resultado determinante para evitar una destrucción masiva de empleo la aprobación de los ERTE de fuerza mayor en unas condiciones muy favorables para empresas y trabajadores mientras siga en vigor del estado de alarma. Su aprobación y su rápida tramitación ha evitado que las cifras de desempleo se hayan disparado durante los meses de marzo y abril.

Sin embargo, y a medida que seguimos la evolución de esta crisis somos conscientes que esta medida no va a ser suficiente. En las actividades más relevantes de Canarias y que mayor peso tienen en nuestro PIB y nuestro empleo, es vital el mantenimiento de los ERTE de fuerza mayor como mecanismo que garantice la menor destrucción de empleo. La extensión de esta tipología de ERTE en las actividades turísticas una vez se levante el Estado de Alarma es vital en un sector en el que la normalidad viene condicionada a la recuperación de los flujos de pasajeros internacionales en nuestros aeropuertos. Hasta que este proceso no esté resuelto y garantizado y se opere con la nueva normalidad, las actividades directamente afectadas por esta situación deberán estar protegidas por esta figura básica para el sostenimiento del empleo.

Junto a esta política básica para el sostenimiento del equilibrio social, en el ámbito del empleo se debe impulsar un conjunto de actuaciones más proactivas que conlleven dar respuesta a las necesidades que requerirá la nueva normalidad. En este sentido, se convierte en esencial garantizar el plan integral de empleo de Canarias, así como impulsar un paquete de políticas activas de empleo diseñadas específicamente para hacer frente a las necesidades de este periodo de crisis.

Se articulará una unidad de apoyo en el Servicio Canario de Empleo para dar asesoramiento y apoyo a autónomos y pymes. Se impulsarán programas de compensación de gastos corrientes fijos para autónomos (incluido su cuota a la seguridad social), empresas de economía social, cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, que tienen mayores dificultades de acceso a financiación bancaria. Se coordinará con entidades locales programas especiales de formación y empleo que permitan aprovechar las nuevas oportunidades de empleo que se irán generando a raíz de esta crisis, acomodando las actuaciones a las necesidades de cada isla o, incluso, comarca. Se impulsarán medidas de apoyo a la conciliación familiar de los trabajadores para afrontar los sobrecostes que supone a parejas con hijos en edad escolar la incorporación al trabajo hasta que no se normalice la actividad en los centros educativos.

No menos importante que la formación para el empleo, es la educación formal. Si la formación para el empleo tiene por objeto ajustar diferencias entre las habilidades de las que dispone la población activa hacia las que requiere el mercado de trabajo, la educación formal actúa más estructuralmente y por eso debe tener capacidad para adelantarse a las principales tendencias.

Una primera línea de actuación consiste en adaptar la formación a distancia para que puedan dar cobertura al conjunto de alumnos de las islas, porque esta crisis ha supuesto un reto y una amenaza de discontinuidad a la formación que no puede volver a producirse, y porque con seguridad, estas fórmulas de formación, incluso cuando se recupere la presencialidad, han venido para quedarse.

Lo cierto es que hay que invertir en sistemas que permitan desarrollar formación a distancia para atender al conjunto del alumnado canario, pero también hay que actuar para puentear la brecha digital que se produce en los hogares más vulnerables, en los que los estudiantes no siempre tienen acceso a los recursos mínimos para seguir la formación online (como tabletas, wifi, etc.).

Más vinculado directamente con el empleo se encuentra el interés de impulsar un plan específico de formación profesional que se oriente a reforzar la competitividad de nuestro sector turístico, poniendo el acento en las claves de las nuevas capacidades que mayor reconocimiento están teniendo como son las vinculadas a las nuevas tecnologías y la eficiencia energética, los idiomas, la atención sanitaria y de bienestar y los productos especializados vinculados a la gastronomía y, en especial, la puesta en valor de los productos locales.

Finalmente, la educación superior también debe ser considerada una fuente de generación de fortalezas en nuestro nuevo sistema productivo que ha de salir de este proceso de reactivación, poniendo en valor los proyectos de consolidación de estas actividades en las islas y la aspiración de poder proporcionar formación desde Canarias a personas de cualquier parte del mundo, y ser un referente en formación especializada en nuestra zona geográfica cercana.

IV.5.- Impulso de la actividad económica

La continua actualización de las estimaciones y previsiones sobre las perspectivas de crecimiento de la economía española y canaria van adelantando cifras cada vez más preocupantes sobre el notable impacto que se espera pueda tener la crisis sanitaria del COVID-19 sobre nuestra actividad económica.

Las últimas estimaciones disponibles, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco de España, pasando por las de organismos que hacen estimaciones específicas para la economía canaria, apuntan a escenarios de caída del PIB nacional real de entre un 6% y 13%. Canarias, por las razones apuntadas al analizar el impacto socioeconómico del COVID19, sufrirá con mayor intensidad la caída del PIB, pudiendo alcanzar niveles de hasta un 20%. Nuestra alta dependencia de actividades especialmente sensibles como el turismo y el impacto de esta crisis en plena temporada alta turística para el archipiélago avalan esta tesis. Por tanto, dentro de las prioridades de este Pacto debe figurar una batería de medidas pensadas para dar un impulso a la actividad económica.

El Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias contendrá un conjunto de medidas generales de apoyo, sostenimiento e impulso de la actividad económica y, por supuesto, otro grupo de medidas más específicas por sectores de actividad.

IV.5.1.- Medidas de apoyo e impulso para empresas y autónomos

Una de las principales repercusiones que conllevará esta crisis para la actividad empresarial no sólo se manifestará en la pérdida de ingresos que tendrá que afrontar un numeroso grupo de sectores suspendidos por el estado de alarma, sino más dramáticamente en la ausencia de liquidez para poder afrontar los nuevos pagos. Así que, de forma inicial, el primer ámbito de actuación se debe establecer en el campo de la aportación de liquidez a las empresas y autónomos para que sobrevivan el tiempo necesario para que puedan empezar a disfrutar de las medidas de impulso a aplicar cuando hayamos conseguido salir del confinamiento.

Para garantizar una mayor liquidez empresarial se instará a la administración general del Estado y se aplicará en nuestro ámbito autonómico, medidas de aplazamiento tributario que reduzcan la carga de tesorería que supondrá la liquidación de los diferentes impuestos que se liquidan referido al primer trimestre del ejercicio.

Junto con el aplazamiento tributario se impulsarán líneas de financiación de tesorería y circulante para empresas, adoptando medidas que animen la participación de las empresas y autónomos canarios en las líneas de financiación abiertas por el ICO, por el Banco Europeo de Inversiones y otros organismos suprarregionales. Además, se pondrán en marcha mecanismos propios de financiación con instrumentos autonómicos y, en especial, a través de la Sociedad de Garantía y Avales de Canarias.

Junto con las políticas de garantía de liquidez, se desarrollarán políticas de impulso a la actividad económica para cuando las condiciones del desconfinamiento lo permitan. En primer lugar, volverán a tener un papel privilegiado en este aspecto los instrumentos

financieros, aunque en esta ocasión, más que para financiar tesorería o circulante, para apoyar nuevas inversiones y proyectos de impulso empresarial. Se volverá a materializar en coordinación con el ICO, con el BEI y se incluirán los instrumentos financieros desarrollados por la Sociedad de Desarrollo de Canarias (SODECAN).

También se instrumentarán medidas de apoyo a las empresas a fondo perdido, es decir, a modo de subvenciones, para ayudar a las empresas a compensar los gastos en los que hayan tenido que incurrir para hacer frente a la crisis y que vuelvan a impulsar nuevos proyectos, mejorando la productividad y competitividad de las mismas, su apuesta por la internacionalización, por las tecnologías de la información y la comunicación y por la innovación y la tecnología en el sector empresarial y, en especial, en las start-ups tecnológicas, que serán medidas necesarias para garantizar su prosperidad en la nueva normalidad económica.

Finalmente, en el ámbito de las medidas económicas de carácter general hay que contemplar las necesarias modificaciones que serán necesarias para adaptar los principales instrumentos con los que cuenta Canarias en el ámbito de nuestro régimen económico y fiscal. El ajuste de condiciones de la Reserva para Inversiones en Canarias, la Zona Especial Canaria, los Incentivos Económicos Regionales, la materialización de los diferentes convenios, las bonificaciones al transporte de mercancías y personas€ debe articularse para adaptarse a estas nuevas circunstancias, teniendo flexibilidad con las exigencias a la vista del notable impacto que tendrá esta crisis sobre el empleo y la liquidez en las empresas. Por este motivo, en la reorientación las condiciones de las figuras del REF perseguiremos preferentemente la sostenibilidad del empleo en las empresas canarias.

IV.5.2.- Canarias como destino turístico sostenible y seguro

Este Pacto estableció como primera prioridad estratégica el refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, que han de ser las claves para poder afrontar cualquier necesidad en el ámbito de la atención asistencial habitual, la atención a los pacientes COVID-19, y ser garantía de que el sistema económico pueda funcionar de forma segura. Todo ello sin descuidar el importante esfuerzo que ya se venía haciendo en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental y social del destino.

Estas cuestiones son claves para la recuperación de la actividad turística, que debe utilizar nuestra seguridad sanitaria como un argumento competitivo más dentro de nuestra estrategia de promoción turística y como elemento diferenciador de nuestra región en el plano internacional.

"Canarias, destino turístico sostenible y seguro" se convertirá en nuestro principal reclamo en la política estratégica que seamos capaces de impulsar para recuperar la vitalidad del sector, y para lo que previamente afrontaremos el rediseño de procesos de toda la cadena de valor de la actividad turística con el fin de transmitir seguridad sanitaria para turistas y residentes.

También habrá que aprovechar las nuevas tendencias y costumbres que se impongan entre la población mundial para generar nuevos nichos de negocio, como puede ser el espacio

para los "teletrabajadores", a lo que se les pueden ofrecer estancias más prolongadas en el archipiélago.

Por tanto, impulsaremos en primer lugar un programa de inversiones públicas y privadas para rehabilitar nuestros espacios y oferta turística. Las administraciones públicas intervendrán en los espacios turísticos, y las empresas concentrarán sus intervenciones en la mejora de sus establecimientos y en su adaptación a las nuevas normas de convivencia que impondrán los riesgos biológicos como el COVID-19. Las administraciones públicas colaborarán con estas inversiones privadas facilitando y agilizando los trámites administrativos de obras y licencias que sean necesarios para ello.

Cuando se cuenten con las condiciones para ello, desde Canarias se impulsará una ambiciosa política de promoción turística para reactivar cuanto antes la afluencia de turistas a nuestras islas, haciendo especial hincapié en la condición de Canarias como destino seguro, pero también sostenible. Se promoverá con iniciativa pública y privada un encuentro mundial y de diferentes foros sobre seguridad y gestión de crisis turística, incluyendo programas de investigación al respecto, atrayendo a los organismos internacionales y los agentes clave del sector para potenciar la imagen de seguridad del destino Islas Canarias.

Teniendo en cuenta la importancia para Canarias de la conectividad aérea será necesario apostar por el fortalecimiento de instrumentos como el Fondo de Desarrollo de Vuelos (FDV), las políticas de atracción e incentivación de implantación de operadores aéreos en el archipiélago y la bonificación temporal de tasas aéreas en los aeropuertos canarios, entre otras iniciativas.

Para potenciar el efecto dinamizador del turismo sobre otros ámbitos económicos locales, se propiciará el desarrollo de eventos culturales, deportivos, Mice, y de turismo activo, entre otros, que permitan una mayor atracción y gasto en destino de nuestros visitantes. Del mismo modo, en el ámbito del consumo y el aprovisionamiento del sector alojativo y hostelero tras el desconfinamiento se reimpulsará la estrategia ya lanzada de priorización de consumo de productos kilómetro cero, para fortalecer el desarrollo rural y la industria canaria.

IV.5.3.- Actividad industrial y comercial

En el ámbito comercial se promoverán las medidas necesarias para recuperar la actividad a los nuevos requerimientos que se vayan sucediendo a raíz de la imposición de la nueva normalidad. Para ello, se tendrán en cuenta los protocolos de seguridad sanitaria tanto para los trabajadores como para el público, en general. Para ello, se tendrán en cuenta gastos estructurales del sector comercial como el alquiler, y otras medidas dirigidas a propiciar la reapertura de estos negocios.

Para la actividad industrial se seguirá reforzando la promoción de la 'marca elaborado en Canarias' promoviendo, además, la distribución de productos kilómetro cero. Se reforzarán y actualizarán los programas de ayuda y modernización del sector industrial, poniendo de manifiesto la importancia que ha demostrado poder contar con un tejido industrial sólido en crisis como la actual que ha supuesto una reducción notable de los desplazamientos. En ambas actividades, se fortalecerán e impulsarán los sistemas de comercialización basados en las nuevas tecnologías de los productos industriales y comerciales de las empresas y autónomos canarios. No menos importante es la defensa de nuestra industria local, poniendo en valor figuras como el AIEM para adaptarlo de forma más adecuada a las características de nuestro tejido empresarial industrial canario.

IV.5.4.- El motor de la construcción

La evolución de esta crisis y los próximos pasos que se irán sucediendo parecen apuntar que el sector de la construcción puede activarse antes que algunas otras actividades económicas. Su capacidad de tomar el liderazgo en estas primeras etapas de recuperación económica es evidente.

Los elementos de impulso vendrán determinados por varios factores. En primer lugar, la obra e inversión pública, que se convertirá en un elemento de estímulo prioritario ante esta nueva coyuntura. Los ámbitos de actuación son variados empezando por la obra pública de infraestructuras viarias que se ha ido activando y que permitirá ir abordando una parte considerable de los proyectos de carreteras contemplados en el ámbito del Convenio estatal, como en el ámbito de las infraestructuras sanitarias que serán necesarias para mejorar las capacidades de esta actividad y, en especial, en el entorno hospitalario, pero también en los centros educativos que tienen una magnífica oportunidad para abordar proyectos de reforma y mejora que llevaban años pendientes, en las infraestructuras estratégicas para la sostenibilidad como las vinculadas a la transición energética, la depuración de aguas y el tratamiento y gestión de residuos.

La construcción vinculada a la vivienda, tanto en lo que se refiere a la puesta en marcha del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2023 como a la rehabilitación, deberá tener un efecto tractor sobre la recuperación económica y, por supuesto, el empleo.

Pero no hay que ignorar que otro impulso básico puede venir de la inversión privada derivada, fundamentalmente, de dos grandes líneas. La primera en el sector hotelero, que deberá seguir fortaleciendo la posición competitiva de los establecimientos, con una influencia cada vez más determinante de la sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad. La segunda vendrá por el incremento de la demanda procedente del conjunto de actividades económicas como consecuencia de las necesidades que implicará adaptarse a las exigencias de protección colectiva necesarias para afrontar los riesgos del COVID-19.

Las administraciones públicas deberemos responder de forma adecuada para facilitar estas intervenciones e inversiones, primero facilitando a las empresas de construcción los perfiles profesionales adecuados para poder desarrollar estas tareas y, en segundo término, agilizando trámites administrativos para conceder licencias de obra.

IV.5.5.- Sector del transporte

La actividad del transporte y la logística está sosteniendo la continuidad de la cadena de suministro en los sectores esenciales y garantizando el abastecimiento de los productos imprescindibles para satisfacer las necesidades y garantizar la salud de todos los ciudadanos.

La recuperación del sector del transporte será más lenta y compleja, puesto que es una actividad, especialmente en el ámbito marítimo y aéreo, que ha sufrido un importante parón como consecuencia de la suspensión de la actividad turística. Su vuelta a la nueva normalidad será lenta y prolongada, pero la movilidad se recuperará y ello precisará un servicio de transporte más seguro desde la perspectiva sanitaria.

Una parte considerable de los operadores en el sector del transporte en Canarias ya es beneficiario de políticas de apoyo del sector público, por lo que una de las principales medidas que conviene activar para dotar a estas empresas de liquidez debe ser la agilización en los programas de apoyo y subvenciones que reciben las mismas bajo diferentes programas.

En esta etapa de confinamiento y el desescalado que habrá que realizar a partir de la misma, las empresas de transporte colectivo han tenido que realizar un esfuerzo especial para tener las rutas establecidas con pasajes claramente insuficientes para poder cubrir los costes operativos. Toda vez que se ha entendido que este era un servicio público básico que había que mantener, se impulsarán programas de apoyo a las empresas del sector que han seguido operando en estas condiciones de desventaja.

Se pondrán en marcha los mecanismos de colaboración con las autoridades estatales para implementar medidas de vigilancia y seguimiento de precios en el ámbito del transporte aéreo, para reconducir los incrementos que se habían producido a raíz de comportamientos no competitivos aprovechando la mejora de la bonificación a los pasajeros, manteniendo intocable la actual bonificación del 75%, y en el ámbito de las infraestructuras aeroportuarias introduciremos las tecnologías más sofisticadas que permitan mantener bajo control el tránsito de pasajeros con posibles síntomas o riesgo COVID-19.

Un último compromiso en materia de transporte lo materializaremos en el sostenimiento del impulso y el avance en las modalidades y políticas de apuesta por la movilidad sostenible, con especial incidencia en las áreas metropolitanas y urbanas del archipiélago.

IV.5.6.- Sector primario

La situación que hemos padecido ha puesto de manifiesto la importancia del sector primario en la sociedad canaria, y la necesidad de garantizar el futuro y el desarrollo a medio y largo plazo de los sectores agrícola, ganadero y pesquero, en una región ultraperiférica. Se hace preciso mejorar e implantar nuevas fórmulas de asociacionismo, potenciando la agrupación de la oferta en manos de las personas productoras, y haciendo más accesible y cercano el producto local a los consumidores y consumidoras finales.

El abastecimiento local ha mostrado ser un aspecto esencial en el sostenimiento de la actividad económica del sector primario en esta etapa de confinamiento. Esto en parte ha permitido compensar la pérdida de un canal tan relevante de comercialización del sector como es el canal HORECA. En esta nueva etapa de vuelta a la normalidad perseguiremos consolidar el avance logrado en la comercialización de productos del sector primario en el ámbito local, apostando por la priorizando de los productos kilómetro cero, y aprovechando la reapertura progresiva del canal HORECA para que nuestra producción local tome ventaja y posiciones en su participación.

Dado que el sector también ha sufrido reducciones importantes de actividad económica por los motivos indicados, se procederá a agilizar y adelantar el pago de las ayudas del POSEI que reciben los subsectores más afectados.

Del mismo modo, se establecerán líneas de ayudas específicas para la pérdida total de producción de productos perecederos no alimenticios que se han visto afectados gravemente (plantas, esquejes, aloe vera y otros).

No podemos obviar que el tomate canario se sigue enfrentando a los desafíos del Brexit y que debemos seguir negociando para conseguir un marco adecuado para amoldar el programa de apoyo a este producto a estas nuevas circunstancias. Y, por supuesto, habrá que mantener el apoyo al plátano como principal producto de exportación de nuestro sector primario.

En este sentido, se impulsarán las medidas necesarias para agilizar el pago pendiente de las ayudas del transporte de mercancías agrícolas, y se articularán los mecanismos necesarios para reforzar el apoyo del AIEM a nuestras producciones del sector primario.

Potenciaremos la soberanía alimentaria de nuestras islas y, por tanto, la sostenibilidad del territorio.

Como medida necesaria para asegurar el mantenimiento de la producción local y el apoyo a los productores y productoras que lo hacen posible, además de las ayudas a la producción, se potenciarán las subvenciones a las inversiones en las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras a través de líneas europeas, estatales y autonómicas.

Finalmente, se integrarán de forma creciente los productos del sector primario local en las políticas impulsadas por los ayuntamientos para distribuir entre las familias en exclusión o riesgo de exclusión paquetes de garantía para una adecuada alimentación.

V. Principios inspiradores: ODS y Agenda 2030

Con la firma de este Pacto buscamos facilitar el proceso de recuperación social y de la actividad económica, procurando el máximo alineamiento posible con los principios de sostenibilidad y resiliencia tal y como son propugnados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, como la mejor fórmula para posicionar a Canarias en las nuevas coordenadas competitivas globales sin dejar a nadie atrás. Canarias ha dado pasos; y esos pasos llevan a apostar por una justa Transición Ecológica; por la Economía Circular; por la Economía Ecológica o Azul.

Este Pacto supone el compromiso de todos y todas por conciliar lo urgente y lo importante. Y para ello necesitamos planificar sobre la base del consenso y la unidad de acción. Renunciar a mirar más allá de las urgencias que nos impone la inmediatez del corto plazo, y no planificar en paralelo, supone aceptar perdernos en océanos de urgencias futuras pero ciertas, y rechazar la posibilidad que nos brinda el momento presente para sentar las bases de una recuperación inteligente.

En el transcurso de los últimos nueve meses, Canarias ha enfrentado acontecimientos extremos que han puesto a prueba su capacidad de resistencia y respuesta: los incendios de Gran Canaria del mes de agosto de 2019, con una conexión directa con el cambio climático; el cero energético en la isla de Tenerife del mes de septiembre, acontecimiento de enorme gravedad, de consecuencias económicas innegables y que puso en situación de riesgo a muchas personas; la quiebra de Thomas Cook en septiembre, que hizo temblar los cimientos del modelo económico canario, poco diversificado, y el cierre, en enero de 2020, por parte de Ryanair de sus bases en Canarias; el proceso de salida del Reino Unido de la UE, y sus numerosas incidencias sobre la economía canaria, de intensidades aún por determinar; la histórica advección de polvo sahariano del mes de febrero, acompañada de fuertes vientos y temperaturas inusualmente elevadas; la declaración de emergencia climática, quizá como preámbulo de otra hídrica que se avecina; la pandemia del COVID19, y su impacto sobre el sistema de salud y el conjunto del sistema socio-económico del archipiélago; y sobrenadando a todos estos acontecimientos y tendencias, altas tasas de pobreza, exclusión y desigualdad, que no sólo amplifican los impactos, sino que suponen un desigual reparto de los costes asociados a tales acontecimientos.

A pesar de su dispar naturaleza, todos estos acontecimientos permiten extraer una primera conclusión de manera inmediata, que no admite cuestionamiento alguno: la necesidad de situar en un lugar destacado de la agenda política las actuaciones que sean necesarias para dotarnos de un sistema socioeconómico más sostenible y resiliente. De las adversidades que hemos enfrentado en los últimos meses (años, si echamos la vista atrás) estamos obligados, como sociedad, a extraer lecciones; alguna enseñanza de cara a construir, de forma colectiva, un futuro común sostenible y resiliente. Debemos tener la suficiente altura de miras para poder echar la vista atrás y darnos cuenta de que la última pandemia, la del COVID-19, no hace más que añadir complejidad a la sindemia global que venimos enfrentado desde hace ya muchos años. Altura de miras para, siguiendo la máxima estoica de "hacer virtud de la necesidad", entender la oportunidad que nos brinda el momento presente para proyectar a futuro las enseñanzas extraídas del pasado.

Afortunadamente, esta crisis nos ha encontrado con un gran proyecto ya diseñado, fruto de un esfuerzo colectivo y participativo realizado a escala global: la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que apuesta de manera clara por la construcción de sociedades sostenibles y resilientes, y que puede servir de apoyo e inspiración para las decisiones que debemos tomar. Una Agenda cuyo diseño emergió como una respuesta consensuada a nivel internacional para hacer frente a la sindemia, a los grandes retos glocales que enfrenta la humanidad, todas las sociedades del planeta, también la canaria.

El presente Pacto entiende la idoneidad de apropiarse del espíritu de la Agenda 2030, y de adoptar sus objetivos y metas como guía que oriente el proceso de diseño del correspondiente plan de reactivación.

V.1.- Agilidad y simplificación administrativa

Para articular en tiempo y forma el plan de reactivación que emane del presente Pacto, es prioritario impulsar todas aquellas acciones, medidas y proyectos que permitan simplificar la Administración.

Todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias o sus organismos públicos y entidades de derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a justificar.

Agilizar el pago proveedores de Administración de la CCAA, así como de sus Organismos Dependientes, Sociedades y Empresas Públicas para inyectar liquidez en el tejido productivo y mitigar de esta forma los efectos de la crisis.

Habilitaremos al Gobierno para que, excepcionalmente, pueda autorizar transferencias de crédito entre secciones presupuestarias para atender necesidades ineludibles y en casos distintos de los previstos en el artículo 52.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Se impulsará mediante Acuerdo de Gobierno que la tramitación de los expedientes de ayudas y subvenciones que estén vinculadas a programas de contención y de impulso frente al COVID-19 emplearán de forma preferente el abono anticipado de las mismas. Proponer una prórroga en los plazos de ejecución de proyectos ligados a subvenciones del presente ejercicio.

Ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones de las administraciones públicas; y en aquellas que fuera necesario justificar el mantenimiento de la empleabilidad, que no se considere el periodo de aplicación de las medidas extraordinarias por parte de las empresas, que hayan tenido que realizar ERTEs o reducción de plantilla como consecuencia de la crisis que ha producido la pandemia.

Agilización de licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos de la CCAA de Canarias, de forma que se pueda adelantar a estos meses de baja o nula ocupación los trabajos para garantizar el perfecto estado de las instalaciones cuando se reabra el destino.

V.2.- Unidad de acción y cooperación

Es en la adversidad, en los momentos duros, cuando, al verse forzadas a salir del estado de letargo, las sociedades reaccionan. Cierto es que las respuestas, ante estas sacudidas, acostumbran a ser de naturaleza reactiva. Pero lo que este Pacto plantea es el compromiso de afrontar la respuesta a la crisis actual como un ejercicio colectivo de anticipación.

El momento actual nos convoca a todos y todas a forjar nuevos consensos, a realizar un esfuerzo colectivo y cooperativo de creatividad para identificar las opciones técnicas y las respuestas sociales más adecuadas a los retos que enfrentamos en el corto, pero también en el medio y largo plazo.

La dimensión y complejidad de la tarea a acometer requiere de estrategias multi-actor, con el objetivo de alinear intereses diversos de múltiples agentes estableciendo una misión común. Esta premisa es trasladable a la cooperación entre los actores públicos y privados. Trabajando juntos, sector público y sector privado son capaces de maximizar el valor social territorialmente localizado.

La colaboración y coordinación debe llegar también a los distintos niveles de la administración, especialmente en un contexto tan incierto y con las restricciones presupuestarias que han de enfrentarse. La planificación que resulte de este acuerdo debe desplegar formas de definición y mecanismos de colaboración entre las distintas escalas del gobierno.

V.3.- Respeto medioambiental

Entre los retos más importantes que afronta nuestra sociedad figuran, sin ningún género de dudas, muchos relacionados con el medioambiente natural y la superación de los límites de los ecosistemas. En la actualidad enfrentamos una gran emergencia ambiental, que se manifiesta de muchas formas, también en términos económicos y sociales.

El presente Pacto se compromete a procurar el máximo alineamiento posible del plan de acción resultante con el principio de sostenibilidad (medioambiental, social y económica), al entenderlo como la mejor forma de conciliar mejoras sostenidas en los estándares de calidad de vida y prosperidad, con el respeto de los equilibrios naturales.

Desde esta perspectiva, se insta a analizar el potencial de la economía circular, la economía azul, la lucha contra el cambio climático, la transición energética o la protección de la biodiversidad como fuentes de generación de empleo y de crecimiento medioambientalmente sostenible.

V.4.- Sociedad más equitativa

El Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias hace suyo el lema de la Agenda 2030 de Naciones Unidad: no dejar a nadie atrás. Por tanto, el plan de reactivación que se diseñe debe atender a las necesidades de los colectivos más vulnerables, procurando en todo momento minimizar los costes asociados a la situación de crisis, y, en general, sentar las bases para un modelo crecimiento inclusivo, generador de oportunidades para todos y todas.

La apuesta por un proceso de recuperación económica inclusiva no responde sólo a una cuestión de justicia y cohesión social, sino que, además, parte del reconocimiento de que una sociedad muy desigual y poco cohesionada acostumbra a presentar una menor dotación de capital social y relacional, lastrando el potencial competitivo de la región a medio y largo plazo.

V.5.- Economía más sólida y resiliente

La pandemia del coronavirus y su imbricación con el resto de retos glocales latentes han alterado de forma significativa nuestro concepto de seguridad, obligándonos a repensarlo, a abrir procesos de reconfiguración cimentados sobre los pilares de la sostenibilidad y la resiliencia.

El plan de reconstrucción que resulte tras la firma del presente Pacto debe aspirar a recuperar la sensación de seguridad perdida tras la crisis del COVID-19, y minimizar la probabilidad de volver a perderla por otras perturbaciones futuras. Y para ello, se insta a que el plan pivote sobre los ejes de la sostenibilidad (al objeto de minimizar la probabilidad de ocurrencia de acontecimientos similares en el futuro) y la resiliencia (con el propósito de maximizar nuestra capacidad de respuesta y adaptación ante cambios, normalmente abruptos, en el entorno).

V.6.- Impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo

Entre las múltiples enseñanzas que nos dejará esta crisis figura, sin duda, el carácter estratégico y prioritario de acometer el proceso de digitalización, clave para una administración que quiera transitar de manera efectiva hacia el paradigma de la gobernanza inteligente, en cogestión y corresponsabilidad con la ciudadanía y haciendo del dato la base de su operativa; crucial para que las empresas puedan desenvolverse con éxito en el contexto tecnoeconómico del siglo XXI; fundamental su adopción en el sistema educativo y sanitario, entre otros; y todo ello sin olvidar minimizar los riesgos de la exclusión digital, evitando, así, que nadie se quede atrás en la era digital.

En la recuperación de esta crisis, el teletrabajo deberá ser potenciado. Habrá que explorar qué actividades están capacitadas hoy para que sus trabajadores puedan teletrabajar, e incentivarlo. También habrá que estudiar de qué manera podría ampliarse la base de puestos y ocupaciones que podrían teletrabajar.

Esta apuesta por la digitalización y el teletrabajo no debe interpretarse como algo que responde exclusivamente a la necesidad de estar preparados ante un posible rebrote del virus o de futuras pandemias. Detrás hay una visión más estructural, fundamentada en la mejora de los parámetros competitivos, la sostenibilidad y la resiliencia

VI. Instrumentos para la acción 

Habiéndose establecido en el marco de este Pacto cuáles son sus prioridades estratégicas y los principios inspiradores que deben guiar su puesta en marcha, conviene definir con mayor precisión los instrumentos que queremos poner al servicio del logro de estos objetivos.

Será la combinación de prioridades estratégicas e instrumentos lo que nos permitirá convertir este Pacto en un Plan de acción concreto, por lo que conviene sistematizar e identificar los distintos instrumentos que nos permitan hacer este Pacto una realidad.

VI.1.- Capacidades financieras y presupuestarias

Europa está experimentando una situación sin precedentes. Ahora más que nunca es necesario que la Unión Europea esté a la altura de este reto. Por este motivo es fundamental un ambicioso plan de recuperación dirigido a las economías, sectores y países más afectados por esta crisis sanitaria.

La Unión Europea ha roto los rígidos corsés que sujetaban su capacidad de actuación, flexibilizando las reglas fiscales, la normativa de ayudas de Estado, los requisitos de provisión en la banca y los propios fondos europeos.

Libre de las ataduras europeas, el Estado español tiene capacidad para adoptar decisiones de expansión del gasto que en otras circunstancias no hubieran sido permitidas.

Y esto es muy relevante en la medida que el cumplimiento de los compromisos adquiridos en este Pacto están condicionados por la capacidad presupuestaria y financiera de la que se disponga. Definir cuanto antes el escenario presupuestario de Canarias será determinante para poder concretar el plan de acción que emane del presente Pacto.

Sin embargo, ello no impide que en el marco de este Pacto se establezcan una serie de compromisos generales de actuación que impulsará el Gobierno de Canarias para garantizar la disponibilidad de la mayor cuantía posible de recursos presupuestarios para abordar con ambición y responsabilidad las prioridades que nos hemos fijado.

Al finalizar 2019, la Comunidad Autónoma de Canarias acumulaba una deuda de 6.613 millones de euros, lo que suponía apenas un 14,0% de nuestro PIB siendo, detrás de País Vasco, la región española con menor deuda. Pero si el cálculo lo realizáramos en términos de población, Canarias sería la Comunidad Autónoma española con menor índice de deuda. Además, la previsión de cierre de nuestro superávit en el año 2019 se sitúa por encima de los 300 millones de euros. Éstos son los parámetros de una Comunidad Autónoma saneada y que estaría en disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyunturales sin poner en riesgo la solvencia de nuestras finanzas en el futuro.

De igual modo, las administraciones locales canarias vienen gozando de unas cifras de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera envidiables. Un número importante de Cabildos y Ayuntamiento no sólo tienen ratios de deuda muy bajos, sino que más de la mitad tienen deuda cero y algunos han acumulado unos importantes remanentes de tesorería por los que durante los últimos meses se les ha exigido el pago de intereses.

La puesta a disposición de estos recursos supondría un reconocimiento al esfuerzo realizado por las administraciones públicas canarias en los últimos años y nos permitiría ser más ambiciosos en el alcance de las prioridades que hemos establecido en este Pacto.

A la vista de estas circunstancias, los firmantes de este Pacto solicitamos al Estado, en primer lugar, que nos permitan acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarios que permita mantener nuestras políticas de gasto a pesar de la reducción de nuestros ingresos públicos, para evitar realizar recortes que tendrían consecuencias doblemente negativas sobre nuestra economía. Adicionalmente, que se arbitren los mecanismos necesarios para poder destinar a políticas de lucha contra los efectos del COVID-19 los superávits obtenidos por las administraciones públicas canarias en 2019.

Del mismo modo, y en cumplimiento de nuestro régimen económico y fiscal, defenderemos el mantenimiento de las transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados que tengan relación con programas tan relevantes para Canarias como el convenio de carreteras, la ayuda al agua de riego desalada, el convenio de infraestructuras turísticas, el plan de pobreza, el convenio de infraestructuras hidráulicas, las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías y personas€

Además de estas actuaciones y dado el impacto diferencial y excepcional que esta crisis tendrá sobre nuestra sociedad y nuestro tejido económico, promoveremos la articulación de un programa de apoyo específico al sector turístico canario que permita articular una línea de reactivación estratégica en el ámbito de nuestro principal sector de actividad.

En clave más estrictamente local, los firmantes de este Pacto se comprometen a sostener una política fiscal que garantice una base de ingresos sólida que permita sostener las prioridades estratégicas que hemos establecido.

VI.2.- Capacidad de revisión normativa

Muchos de los compromisos adquiridos en este Pacto requieren la revisión de textos normativos que afectan por una parte a normativa básica estatal y, por otra, a leyes en el ámbito autonómico.

Aquellos que requieran modificación de normativa estatal requerirán la negociación con el Gobierno del Estado (reales decretos o reales decretos-ley) o con los miembros de los partidos políticos con representación en las Cortes Generales para asegurar que prosperen. El compromiso de los grupos que suscriben este Pacto se materializará en la influencia sobre sus representantes en las Cortes para defender los acuerdos establecidos en este documento.

En lo que se refiere a la normativa específica de Canarias, el nuevo Estatuto de Autonomía autorizó el Decreto ley como mecanismo de modificación normativa para acelerar y poner en marcha medidas que requieran actuación urgente, tal y como esta situación exige. En el marco de este Pacto se insta al Gobierno de Canarias a que utilice la figura del Decreto ley para introducir las modificaciones legales que sean precisas para materializar los compromisos alcanzados en materia económica, social, administrativa, fiscal y de ordenación y planificación del territorio.

VI.3.- Inversión y compra pública estratégica

La Comunidad Autónoma de Canarias gasta en bienes y servicios 1.180 millones de euros al año y en inversión un total adicional de 1.008 millones.

La capacidad de influencia sobre la economía de la capacidad de inversión y compra pública es relevante y mucho más en este momento en el que el sector público debe ser un catalizador de la actividad privada.

La inversión y la compra pública no sólo juegan un papel relevante en el impulso de sectores económicos como el de la construcción, sino que también tienen capacidad de inducir transformaciones relevantes en áreas tales como la tecnología, la industria local o el sector primario canario. Una inversión y compra pública correctamente orientada puede introducir cambios relevantes sobre las dinámicas de evolución económica a corto plazo.

Incentivar políticas de adquisición de productos de kilómetro cero, subcontratar servicio de apoyo para el impulso de determinadas actividades mientras perviva este episodio de recesión o equipar con equipos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación a los trabajadores y servicios públicos para impulsar el teletrabajo y la administración electrónica, pueden suponer aceleradores de cambios drásticos en la dinámica económica de las islas.

VI.4.- Activación de la inversión privada

En etapas de recesión una de las primeras variables que se contrae es la inversión empresarial, consecuencia lógica de la pérdida de liquidez (necesaria para acometer inversiones), deterioro de las expectativas y el aumento de la incertidumbre.

En la medida que esta crisis tiene origen en un parón súbito de la actividad económica que no tiene otra raíz estructural convendría activar mecanismos que permitan mantener la inversión privada en niveles adecuados.

El primer paso debe ser la incorporación de liquidez por parte de las entidades financieras a bajo tipo de interés y con bajas exigencias de garantías (con cobertura de riesgo por parte de entidades públicas como CERSA o Aval Canarias), para que las empresas tengan incentivo a pedir préstamos que les permitan impulsar su actividad económica tras el inevitable parón vivido.

Una segunda cuestión que ya indicamos es que el caso de Canarias puede jugar un papel importante la movilización de recursos que tienen dotados las empresas en diferentes instrumentos fiscales y, prioritariamente, en la RIC. La movilización de estos recursos es fundamental para acelerar el proceso de recuperación económica, para lo que se valorarán los cambios normativos que sean necesarios para facilitar este mecanismo.

En último lugar, la agilización de plazos administrativos para la agilización de licencias de obras, pero también para el inicio de nuevas actividades, tiene que ser considerado como un apoyo básico al impulso de la inversión privada.

VI.5.- Colaboración público-privada

La colaboración y cooperación entre administraciones, partidos políticos y agentes económicos y sociales es clave en el éxito de este Pacto. Pero si hay un ámbito en el que esta afirmación tiene aún mayor significado es en el de la colaboración entre el sector público y el sector privado.

Desde las administraciones públicas nos comprometemos a generar las condiciones adecuadas para que los agentes privados puedan desarrollar en mejores condiciones su actividad económica, generando inversión y empleo. Esta colaboración se debe extender a todos los ámbitos de actuación manteniendo un diálogo constante y una estrecha colaboración en esta difícil coyuntura.

La colaboración público-privada se acentuará en aquellas prioridades estratégicas que pueden ser más determinantes para colaborar en la recuperación de la actividad económica como el ámbito turístico (acondicionamiento de espacios públicos por lo público y rehabilitación y modernización en lo privado), la tecnología (compra pública innovadora que fomente el diseño de soluciones tecnológicas innovadoras por parte del sector privado) o las capacidades sanitarias (reforzamientos de la red de atención y asistencia sanitaria sumando los recursos de titularidad pública con los de titularidad privada).

VI.6.- Proyectos estratégicos

La búsqueda de proyectos que pueden servir de arrastre en el impulso de determinados cambios de gran impacto sobre la sociedad canaria debe servir de referencia y de acicate para conectar voluntades y recursos económicos entre agentes públicos, entre agentes privados o entre públicos y privados.

La identificación de tales proyectos con capacidad, debido al tamaño de su inversión, su capacidad de generación de empleo o la tecnología que utilizará, para influir de forma drástica sobre un determinado ámbito de la economía de las islas, sirve de señal para aunar y concentrar esfuerzos.

La activación del Comité Asesor de Inversiones Estratégicas se articulará como un mecanismo de aceleración de proyectos con alta capacidad tractora sobre el resto de la economía regional, ayudando a coordinar procesos administrativos, alinear gestiones y facilitar la toma de decisiones de inversión para los agentes económicos privados.

VI.7.- Internacionalización

El impulso de las prioridades estratégicas puede verse especialmente beneficiado por la aportación que se pueda realizar desde el ámbito de la internacionalización. A pesar de que esta crisis ha venido acompañada de comportamientos muy sincronizados en el ámbito internacional puesto que los países con los que Canarias mantenía lazos más estrechos han padecido los efectos de la pandemia al mismo tiempo, lo cierto es que la salida de la misma y la recuperación de estos mercados debe suponer nuevas oportunidades para nuestros productores.

En este Pacto planteamos la recuperación de la actividad de promoción comercial en el exterior desarrollada por las entidades públicas competentes para ello, reforzando su actividad en la segunda parte del año en el marco de los programas de fomento de la exportación de bienes y productos locales hacia el resto de España y el extranjero.

Además, no sólo resulta importante nuestra capacidad para exportar productos locales para acelerar nuestra recuperación, sino que también es determinante la atracción que podamos ejercer sobre capital extranjero o exterior (del resto de España) que muestre interés en invertir y generar empleo en Canarias . Esta aportación podrá ser especialmente determinante en sectores menos implantados y sensibles a episodios de crisis como el que hemos vivido y que afectó a las actividades que se realizan de forma presencial y requieren un estrecho contacto físico.

La apuesta por las actividades intensivas en conocimiento y sostenidas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación permiten a Canarias competir en igualdad de condiciones que cualquier otra región del mundo y, además, no sería tan sensible a los problemas productivos que ha ocasionado una crisis de estas características.

VI.8.- Canarias como región ultraperiférica

El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce que "los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán en cuenta estas circunstancias [lejanía, insularidad y condición ultraperiférica] cuando sea preciso adaptar sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, cuando dichas circunstancias incidan de manera determinante en tales competencias, fijando las condiciones específicas para su aplicación en el archipiélago".

Este reconocimiento explícito a nuestro carácter diferencial supone una consideración que debe respetarse y mantenerse en la articulación de las diferentes medidas que se puedan mantener desde las autoridades europeas y nacionales para intervenir y actuar sobre el ámbito geográfico de Canarias.

En base a esta disposición general, en este Pacto se propone la defensa de nuestras singularidades y la flexibilización de la aplicación de los programas y de los fondos europeos para acomodar sus plazos de justificación y los destinos a que se pueden aplicar, buscando una mejor adaptación a las necesidades actuales de Canarias.

VI.9.- Diálogo social permanente

La coordinación y la colaboración público-privada son instrumentos para materializar este Pacto, como también lo debe ser la activación de una mesa de diálogo social con carácter permanente que contenga representación institucional, sindical y patronal para consensuar las medidas que sean precisas en cada momento.

ANEXO: ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS

 

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Mapa Coronavirus España

Mapa Coronavirus España