La patronal de pequeñas y medianas empresas Cecapyme advierte al Gobierno de Canarias sobre las consecuencias que tendrían los planes de subir el arancel que grava las importaciones para proteger la producción local, el arbitrio insular de entrada de mercancías (AIEM) tal y como ha planteado el consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Un planteamiento que la patronal considera "irresponsable". En un comunicado, Cecapyme subraya que elevar AIEM a numerosos productos que se consumen en las Islas "subiría el coste de la cesta de la compra", algo que, desde su punto de vista, "no parece razonable en la situación actual de grave desaceleración económica". "Con la excusa de proteger la producción local, el Gobierno regional está elaborando un documento que pretende el visto bueno de Bruselas, con el fin de que les de luz verde a incrementar o introducir la imposición a numerosos productos que importamos en las Islas". Esos planes son "insolidarios" y llegan "a destiempo", sostiene Cacapyme. Además, recuerda que Rodríguez, se comprometió con esta organización en febrero a revisar todos los productos gravado con el AIEM para analizar la eficacia del impuesto.

El Parlamento de Canarias apoyó ayer con reticencias las medidas extraordinarias que el Gobierno regional ha adoptado para paliar la crisis económica. El apoyo manifiesto de los partidos del Pacto de las Flores (con el matiz que introdujo NC al subrayar la necesidad de mantenerse firmes ante el Ejecutivo estatal) contrastaba con las críticas de la oposición. De hecho, tanto Coalición Canaria (CC) como el PP y Ciudadanos (Cs) dejaron claro que su voto favorable al decreto ley del Gobierno autonómico fue un voto de "responsabilidad" y no tanto de explícito apoyo. Votaron, en definitiva, casi con desgana. ¿Cuál fue el motivo? La escasa implicación que, a su juicio, ha demostrado hasta el momento el Gabinete de Ángel Víctor Torres en la tarea de auxiliar al tejido productivo. En otras palabras: la oposición entiende que las medidas aprobadas son insuficientes.

La Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara canaria cuando esta no está reunida o en situaciones tan extraordinarias como la actual, vio ayer el Decreto ley de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para combatir la crisis. Un texto que el Ejecutivo isleño aprobó vía decreto para agilizar su tramitación y acelerar la puesta en práctica de las ayudas y que, como tal, debía ser convalidado o derogado por el Parlamento. Finalmente, la Diputación Permanente dio su visto bueno por unanimidad pero el decreto se tramitará ahora en la Cámara como proyecto de ley, lo que también se decidió de manera unánime. Esta es una prerrogativa del Legislativo autonómico que permitirá a los partidos enmendar el texto del Gobierno.

El consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, Julio Pérez, se limitó a enumerar las principales medidas del decreto: los 11 millones para abonar a los trabajadores por cuenta propia el 30% de la prestación por cese de actividad (el llamado paro de los autónomos) que no costea el Estado; la simplificación de los trámites de las ayudas de emergencia; la suspensión de los contratos no esenciales; o, entre otras muchas, la posibilidad de que la Administración autonómica se endeude a corto plazo por un montante que no supere el 20% de su presupuesto, es decir, hasta un máximo de 1.700 millones de euros. Los esfuerzos de Pérez para hacer ver la importancia de las medidas no consiguieron, sin embargo, cambiar el previsible escenario. Apoyo sin ambages de los partidos del cuatripartito y apoyo muy muy crítico de la oposición.

PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG), los firmantes del Pacto de las Flores, se afanaron para convencer a nacionalistas, populares y ciudadanos. "Solo cabe que el Gobierno tienda la mano a la oposición y que la oposición tienda la mano al Gobierno", resumió la portavoz de ASG, Melodi Mendoza. Manuel Marrero, de Podemos, insistió en que el objetivo es "que nadie se quede atrás" y recordó que a las medidas del decreto ley se han sumado otras como el ingreso de emergencia, amén de las que a su vez viene aprobando el Gobierno central. "Las medidas han garantizado la continuidad de los servicios públicos", ahondó el portavoz socialista, Iñaki Lavandera.

La única voz mínimamente discordante fue la de Esther González, de NC, quien al margen de valorar el trabajo del Ejecutivo de Torres hizo hincapié en la necesidad de "exigir con firmeza" al Gobierno de Pedro Sánchez el trato diferenciado que le corresponde a la región en virtud de su Estatuto y del REF. Los nacionalistas de NC volvieron así a unir su discurso con el de los nacionalistas de CC. En esta línea, la portavoz del principal partido de la oposición, Socorro Beato, puso énfasis en que la medida en mayúsculas, "la definitiva", sería que el Estado autorizara a las Islas, "de una vez por todas", a usar su superávit y endeudarse a largo plazo.

El popular Fernando Enseñat, como también Vidina Espino, de Cs, se mostró si cabe más crítico. El representante del PP dijo que ni siquiera una "buena" medida como la ayuda extra a los autónomos está funcionando, "ya que aún no han visto ni un céntimo". "Es triste que lo mejor que puedan ofrecer sea esto", se quejó. "¿Dónde están las medidas para evitar que los negocios cierren?", remató Espino.