La patronal respalda a Ángel Víctor Torres en su idea de consensuar las medidas para combatir la crisis económica que ha provocado el coronavirus. Pero las medidas concretas siguen sin conocerse. El Comité de Gestión Económica, un órgano consultivo creado ad hoc para analizar las consecuencias de la pandemia en el empleo y el tejido productivo, volvió a reunirse ayer sin que el Gobierno transmitiera a los empresarios y sindicatos los detalles y las cifras de su plan de reconstrucción. No será hasta este viernes cuando se les hará entrega del documento. Los agentes sociales se suman así al llamamiento a la unidad del presidente del Ejecutivo autonómico, pero continúan a la espera de que el Gobierno ejerza el "liderazgo" que le corresponde y ponga negro sobre blanco la hoja de ruta que permita sustentar ese pacto. Un programa de actuaciones para paliar la crisis socioeconómica que deberá contar con dinero suficiente para llevarse a cabo y no quedar en una mera declaración de intenciones. Esta es condición sine qua non de la patronal para que su apoyo al pacto de reconstrucción sea también un apoyo al plan de reconstrucción, que el Gobierno quiere aprobar el próximo mes.

"Tiene que haber ficha financiera; la cuestión del apoyo económico es fundamental", explicó el secretario general de la división tinerfeña de la CEOE, Eduardo Bezares, tras finalizar la reunión del comité. Bezares hizo hincapié en que están "esperando" ese plan de revitalización (en la patronal no gusta el término reconstrucción, ya que de momento nada se ha derrumbado, puntualizan) y las medidas de choque con nombre, apellidos y, sobre todo, los fondos necesarios para ejecutarlas. Sin esto, el plan quedará en agua de borrajas. No obstante, tanto en CEOE-Tenerife como en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), las respectivas patronales de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, creen que el camino que ha tomado Torres es el correcto: "El pacto es necesario", subrayó el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara.

El representante de la CCE expuso que son conscientes de que todos (patronal, sindicatos, partidos de la oposición e incluso el propio Gobierno) tendrán que hacer concesiones para poder transformar la unánime voluntad de diálogo en un plan concreto. Sin embargo, hay dos exigencias que pueden dar al traste con la deseada unidad, una estrictamente económica y la otra más bien política. La primera, en la que coinciden tanto los empresarios como las fuerzas políticas de la oposición, es decir, Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), es que a cada medida la acompañen unos objetivos concretos y su correspondiente partida presupuestaria; y la segunda, en la que han insistido los partidos de la oposición pero de alguna manera también Nueva Canarias (NC) o la Agrupación Socialista Gomera (ASG), es que Torres se muestre inflexible ante el Gobierno de Pedro Sánchez en defensa de los intereses de la región y por más que un eventual enfrentamiento entre sus líderes no sea lo ideal para la imagen del PSOE. En definitiva, que supedite la lealtad a las siglas socialistas a lo que más convenga al Archipiélago. Algo que no hace falta reclamar, aseguran por su parte desde el PSOE, porque Torres lo lleva por bandera.

Sea como sea, al Gobierno de Canarias "le toca liderar", tal como apuntó Manrique de Lara, y aunque "no es momento de discusiones, sino de buscar puntos de encuentro", el Ejecutivo "debe demostrar su capacidad para ajustar y consensuar las propuestas", agregó el presidente de la CCE.

Bien Canarias; mal Madrid

El Comité de Gestión Económica, del que también forman parte los consejeros de Hacienda, Román Rodríguez; Economía, Elena Máñez; Turismo, Yaiza Castilla; Agricultura, Alicia Vanoostende; y Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, abordó también los retrasos en el pago de las prestaciones a trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Al respecto, la patronal quiso romper una lanza por la Viceconsejería de Empleo, que dirige Gustavo Santana, ex secretario general de UGT en las Islas, y que está tramitando a la mayor velocidad posible todos los expedientes. De Lara señaló que ni siquiera se está recurriendo al silencio administrativo, sino que se evalúa y evacua cada caso uno a uno, de modo que los retrasos en los pagos son achacables única y exclusivamente, afirmó, al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que es la institución que en última instancia da de alta al trabajador para que pueda cobrar el subsidio.

Además, y dado que el plan de reconstrucción o relanzamiento aún no está cerrado, la CCE (a título propio, es decir, al margen de las propuestas presentadas junto con CEOE-Tenerife) aprovechó para elevar al Gobierno tres posibles medidas: conceder una subvención de 60 euros por plaza ofertada a las aerolíneas que vuelen a Canarias una vez superada la crisis sanitaria y por un plazo de ocho semanas; que las empresas puedan "activar" progresivamente a trabajadores incluidos en ERTE con independencia de que estos se prolonguen en el sector turístico hasta recuperar la actividad; y que se incluya el puerto de Las Palmas en la lista de la Comisión Europea para el reemplazo de tripulaciones, ya que algunas operaciones se han desviado a Gibraltar.

Y ¿qué dicen los expertos del plan económico que persigue el Ejecutivo isleño? Pues que debería tener dos ingredientes fundamentales: la promoción de la obra pública y, de una vez por todas, la reducción de la carga administrativa que tantas inversiones y proyectos ralentiza.

El economista José Miguel González, que fuera director general de Trabajo del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, pone énfasis en que la Administración (también cabildos y ayuntamientos) debe, por un lado, impulsar la obra pública; y, por otro, incentivar la actividad económica, como, por ejemplo, incluyendo en la contratación cláusulas que valoren que la empresa suministradora o prestadora del servicio tenga establecimiento permanente en las Islas. No en vano, el peso de la Administración en la economía regional es de un 17,67%, el mismo porcentaje que representa el sector comercial, lo que da una idea de hasta qué punto puede influir en el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma.

Juan José Hernández Castro, también economista, insiste en que el plan debe partir de la premisa de "no molestar", esto es, que la Administración pública "no se convierta en parte del problema, como muchas veces ha ocurrido". "Y es clave que verdaderamente sea el resultado de un trabajo codo con codo con todos los sectores económicos", enfatiza el secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife.