¿Cómo ha sufrido el Parlamento las limitaciones del estado de alarma?

Hemos tratado de vencer las restricciones de movilidad, de contacto social y las propias que conlleva la insularidad. A pesar de estas dificultades, hemos puesto en marcha la Diputación Permanente a través de los medios telemáticos, pues tenemos que añadir las dificultades logísticas de que no hay conectividad entre islas ni posibilidad de alojamiento para un diputado que tenga que quedarse en Tenerife. Para garantizar la actividad parlamentaria durante este tiempo tan importante hemos acudido a la teleconferencia, que requiere un esfuerzo técnico que no estaba previsto en tan corto espacio de tiempo. Hemos tenido que poner en funcionamiento un sistema para que fuera posible, así como que los diputados y diputadas se adapten a su uso, yo incluido, porque dirigir una sesión así es muy distinto. Pero hemos conseguido nuestro objetivo, que la actividad parlamentaria de control del Gobierno, que es tan importante, se haya podido garantizar y mantener.

Las comparecencias del Gobierno de Canarias

Se decidió así por consenso unánime de los grupos parlamentarios. Con el objetivo de que hubiera un cierto criterio se estableció un calendario de comparecencias siguiendo el formato que se utiliza normalmente cuando el Gobierno defiende sus presupuestos, es decir, con la intervención inicial del consejero o consejera en cuestión, a la que siguen los portavoces de la oposición para que luego cierre el Gobierno. Es cierto que podría ser más dinámico y que la teleconferencia tiene sus limitaciones porque la inmediatez y la frescura del debate parlamentario se pierde, decae. Pero no había otra manera de poderlo hacer y no era una opción que el Parlamento no se reuniese.

¿No se ha visto debilitado el control al Gobierno durante este tiempo tan incierto?

La vida parlamentaria no se ha resentido excesivamente, sólo se perdieron alguna comisiones y un pleno importante, el del Debate del Estado de la Nacionalidad. Ahora, la Diputación Permanente sustituye al pleno así que no ha habido mucha pérdida, al revés, cuando termine esta fase veremos que hemos estado al máximo nivel de actividad parlamentaria que nos permitían las actuales restricciones.

El papel de la Cámara regional se sustituyó al principio por reuniones entre los portavoces y el Ejecutivo canario. ¿Por qué?

La puesta en marcha de la Diputación Permanente se realizó en el tiempo mínimo que nos permitía el reglamento. La mesa se reunió en cuanto se decretó el estado de alarma para tomar decisiones y para ver cuál era la viabilidad, y todo se hizo en tiempo récord porque había que realizar informes jurídicos que lo avalasen, una junta de portavoces para acordarlo, luego una convocatoria de la Diputación y, finalmente, establecer el calendario de comparecencias. No pudimos ir más rápido teniendo en cuenta los plazos que establece el reglamento del Parlamento.

¿Cuándo prevé que se retome la normalidad?

No vamos a volver a la situación anterior al estado de alarma, como mínimo, hasta que finalice el actual periodo de sesiones en junio. Quizás después del verano podamos retomar la rutina. Lo que voy a plantear como presidente del Parlamento es ir adaptando la actividad a las circunstancias y, por lo tanto, la normalidad se irá recuperando por fases, paulatinamente y de manera paralela a la vuelta de la actividad social de las Islas. Ahora mismo, no hay posibilidad de alojarse en ningún establecimiento hotelero de ningún punto de la isla de Tenerife, por lo que los diputados no podrían pernoctar en el caso de que la sesión parlamentaria terminase tarde, sin olvidar que el número de conexiones aéreas y marítimas ha descendido radicalmente. Queremos ir por fases, en primer lugar celebrando plenos reducidos a partir de las primeras semanas de mayo, pues los 70 diputados y diputadas no pueden estar presentes si queremos mantener las distancias mínimas, así como recobrando cierta normalidad en determinadas comisiones.

Los parlamentarios rechazaron el aumento del 2% de su salario, así como el cobro de las indemnizaciones por asistencia a plenos. Llegado el momento, ¿tomarán otras medidas de mayor calado?

Estas decisiones se tomaron porque así lo plantearon los grupos parlamentarios de manera unánime, ninguno hasta ahora ha propuesto otra actuación. En el horizonte más cercano es muy probable que se produzca un recorte en el sector público y, cuando sepamos cuál es, se aplicará en el Parlamento, como siempre se ha hecho, pero antes tendremos que esperar a la decisión que adopten las administraciones públicas para seguir el mismo criterio. Estamos en contacto con otros parlamentos autonómicos porque, aunque las realidades son muy diferentes, queremos tener una referencia a la hora de tomar una determinación. Los diputados y diputadas son conscientes de que habrá que adaptarse a las circunstancias del sector público, lo que se hará con absoluta normalidad. De todas maneras, nadie sabe lo que va a a pasar, tuvimos una crisis financiera hace poco de la que todavía no habíamos terminado de salir en la que se optó por el austericidio y los recortes públicos, a lo mejor de esta crisis se sale de otra manera.

¿Han estado los políticos canarios a la altura de la lucha contra esta pandemia?

Canarias, de momento, es territorio libre de odio, no así la política nacional, donde parece que algunas fuerzas políticas han instalado una estrategia incendiaria de fomento del odio que es profundamente antidemocrática. Pero aquí esto no existe, hay un clima político donde hay diferencias, también en relación a la gestión de esta crisis sanitaria y a cómo se va a afrontar la crisis económica y social, pero estas diferencias se están exponiendo con un tono y con unas formas que creo que son las correctas. Ha habido una lealtad y un comportamiento bastante significativos, sobre todo, por parte de los grupos de la oposición, que son quienes podrían estar más tentados a la hora de utilizar de una manera diferente esta situación.

¿Cree que también el Estado estará a la altura y será consecuente con las especificidades de las Islas?

Yo creo que sí, no tengo muchas dudas al respecto, no sólo porque confío en este Gobierno, que lo hago, sino porque todas las especificidades del Archipiélago están incluidas en el Régimen Económico y Fiscal, es decir, que son ley. Por lo tanto, el Ejecutivo central las va a respetar porque no tiene otra opción, es una obligación legal.