A medida que la crisis sanitaria por el coronavirus va avanzando y superando escalones, la dinámica política se dispara y se encuentra ya en un territorio de juego estratégico ajedrecístico de difícil interpretación. El último movimiento de piezas lo ha hecho el propio Sánchez proponiendo al conjunto de las formaciones un pacto político en los ámbitos territoriales para acordar, desde los gobiernos autonómicos y municipales, medidas de reconstrucción nacional con las que abordar crisis económica y social que se avecina.
Es una propuesta de pacto en el ámbito de los partidos para trasladar a todas las administraciones territoriales independientemente de quién gobierne en ellas, y es por tanto una propuesta dirigida principalmente al PP como formación que preside cinco comunidades autónomas y decenas de capitales y ciudades importantes. Pero también implica a los partidos nacionalistas gobernantes, como el PNV en el País Vasco, y JxCat y ERC en Cataluña, a Cs como socio del PP en varias instituciones regionales y locales, y a los demás partidos de ámbito territorial con poder o peso en los gobiernos como son los caso de NC, CC, PRC, Compromís y un largo etcétera.
La idea de Sánchez deviene, de facto, del fracaso de la que era su propuesta estrella hace unos días, la de constituir una mesa de negociación que implicara a todos los partidos para un pacto estatal de reconstrucción inspirado en los Pactos de La Moncloa de 1977.
El rechazo del líder del PP, Pablo Casado, a esa propuesta y la creación de una comisión parlamentaria en el Congreso, exigida por él, como instrumento alternativo, ha dejado al jefe del Ejecutivo sin un control directo del proceso. Al tiempo, esa comisión atrapa lo fundamental de la idea inicial de Sánchez en un limbo parlamentario y procedimental que aleja la posibilidad de que sea realmente operativa para actuar de manera urgente sobre la economía. También se corre el riesgo de que se convierta en una comisión de investigación sobre la gestión de la epidemia por parte del Gobierno y por lo tanto de batalla política pura y dura.
En todo caso, el pacto en los ámbitos territoriales propuesto parece despertar los mismos recelos en Casado que la mesa de La Moncloa, y elude de una manera explícita y deliberada responder a ella. El jefe de la oposición mantiene la crítica al Gobierno como su única estrategia a corto y medio plazo.
Coodinación confusa
En este marco, el pacto de ámbito territorial se presenta como una quimera que contribuye a embarullar el complejo proceso de coordinación entre las comunidades y el Gobierno central en la gestión de la crisis sanitaria y en la desescalada del confinamiento ciudadano. También en la toma de decisiones sobre las medidas a implementar para abordar las consecuencias económicas y sociales.
En ambos casos, una coordinación y una dinámica muy confusas, porque el decreto de estado de alarma creó paralelamente el mando único estatal que contradice el funcionamiento mismo del Estado autonómico y la participación de estas administraciones en la gestión. Es, de hecho, una de las críticas que se hace al Gobierno.
Los presidentes del Partido Popular aseguran que esas cumbres telemáticas no son deliberativas ni ejecutivas, sino meras sesiones de información en las que, al final, Sánchez comunica sus decisiones, sin que los dirigentes regionales puedan plantear alternativas. En todo caso, sí sirven para hacer una puesta en común sobre cómo aplicar las medidas que va acordando el Consejo de Ministros o establecer algunos criterios sobre cómo iniciar el proceso de desconfinamiento "gradual, asimétrico, con varias velocidades y con pasos atrás" anunciado.
Pero es muy constatable la dificultad que tiene los otros niveles de la administración para poner en marcha las medidas que se están aprobando hasta ahora. En este sentido, el pacto de ámbito territorial que propone Sánchez obligaría a la creación de un marco de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, también con los ayuntamientos a través de la FEMP, mucho más operativo y bilateral.
El marco canario
El traslado al ámbito de Canarias, la propuesta de Sánchez implicaría un apoyo desde la oposición tanto del PP, como de CC y Cs. En el caso de los populares, tendría poca incidencia porque su peso político es limitado en la mayoría de las instituciones, aunque puede jugar la baza de buscar mayorías alternativas de gobierno.
Los nacionalista parecen estar ya de facto convencidos de que se impone un cierre de filas con el Gobierno regional en busca de una estrategia ante Madrid y la UE para un plan de choque por el desplome de la actividad turística y de buena parte de la economía isleña. Pero también queda la posibilidad de que un malestar de NC y ASG por la respuesta dada por el Estado ponga en riesgo el pacto de la flores. El acuerdo territorial de Sánchez desactivaría ese riesgo.
Más allá de estos movimientos, la participación autonómica en la gestión de la crisis está lejos de aclarase y se enreda aún más con la entrada en escena de la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, que se reúne el día 30 de manera presencial, para analizar tanto la situación de la crisis sanitaria, como evaluar el posible pacto para la reconstrucción.
Aunque es más un foro de debate y explicaciones por parte del Ejecutivo, en este caso a cargo de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, la sesión dará pistas sobre el grado de implicación mutua y coordinación con el que Estado y Comunidades Autónomas abordarán la difícil desescalada y el reto de la reconstrucción económica.
