El Ingreso Canario de Emergencia (ICE) se podrá solicitar a partir del próximo lunes, día en que entrará en vigor el decreto-ley que regula esta ayuda urgente para unidades familiares que no reciben otras prestaciones o se han quedado sin empleo por el Covid-19 y no tienen acceso al paro. La prestación se podrá pedir a través del 012, de la web del Gobierno de Canarias. Para agilizar la tramitación y que se pueda percibir entre mayo y junio, los peticionarios harán una declaración responsable sobre la veracidad de sus datos, que se comprobarán a posteriori, y si han mentido serán penalizados con la devolución de la ayuda.

Este ingreso de emergencia es de un único pago con una cuantía de entre 367 y 478 euros dependiendo del número de miembros de la familia y supone un balón de oxígeno económico para 38.000 unidades familiares que carecen de ingresos o prestaciones. El Gobierno canario es el primero en activar esta ayuda de emergencia, con un coste de 16 millones de euros, que se erige en un puente hasta la entrada en vigor del ingreso mínimo vital anunciado por el Estado -cuya puesta en marcha está generando fricciones en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez entre el PSOE y Unidas Podemos- y la renta de ciudadanía canaria que establece el Estatuto de Autonomía en su artículo 18. La Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, actualmente trabaja en el borrador de la ley de esta renta ciudadana con el compromiso de remitirlo al Parlamento regional en el último trimestre de 2020 para su tramitación posterior.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se interesó ayer en una reunión con Noemí Santana por cómo se va a gestionar el ingreso de emergencia en las Islas, así como informó a la consejera de la marcha del ingreso mínimo vital estatal, ayuda que, según le trasladó, estará operativo previsiblemente hacia junio o julio, será de carácter permanente, y no ligado a la crisis sanitaria, y compatible con otras rentas que establecen las comunidades autónomas. En el caso de las Islas, la actual Prestación Canaria de Inserción (PCI) y, en el futuro próximo, la renta de ciudadanía canaria.

El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, no entiende las críticas de partidos de la oposición a esta ayuda de emergencia en Canarias ante la grave situación que está creando el coronavirus en los hogares isleños. Se trata de un "ingreso extraordinario, de un solo pago y fundamental" para las familias que no tengan recursos porque "la gente va a pasar hambre", expuso.

El PP considera que esta ayuda es insuficiente, al igual que la diputada de CC, Cristina Valido, quien además afirma que el Gobierno podría haber ampliado la PCI, cuya duración es de 24 meses con una mensualidad de 478 euros, lo que, a su juicio, bastaría para posibilitar ingresos mayores y que, con continuidad, se atendiera a las familias de manera compatible con la renta vital mínima que prepara el Estado. CC afirma además que en los fondos que sustentará esta mensualidad única están los 10 millones de euros de los recursos para la pobreza del Estado que se distribuían a través de los ayuntamientos, que perderán este refuerzo económico, y critica que las solicitudes sean por atención telefónica a través del 012, por la situación de estas personas o la brecha digital.

Estas críticas fueron cuestionadas ayer por el área de Derechos Sociales al recordarle a Valido, exconsejera de Asuntos Sociales, que la tramitación de la PCI tarda una media de seis meses desde que se solicita hasta que se otorga, y ahora es un momento de emergencia social. Además, su ampliación requería de una modificación completa legislativa que no tiene mucho sentido pues se está trabajando para crear una renta ciudadana canaria, tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. Asimismo, en el decreto que entra en vigor el lunes se han agilizado los trámites de la PCI de forma que todas las solicitudes que cuenten con informe social favorable emitido por los servicios sociales municipales y que se hallen sin resolver, quedarán resueltas de forma positiva. Esto supondrá la entrada de cerca de 1.000 unidades de convivencia que se unirán a las 6.300 familias que ya cobran la PCI.

En cuanto al uso de los recursos de los ayuntamientos, la propia Federación Canaria de Municipios (Fecam) aclaró que el coste del ICE no toca los fondos de la pobreza. Hay 12 millones que están comprometidos y que serán transferidos a los ayuntamientos próximamente, y se están ultimando los trámites con la Consejería, indica la Fecam. Esta federación entiende asimismo que la gestión a través del 012 es para evitar los desplazamientos en este estado de alarma, aunque los solicitantes también pueden acudir a los servicios sociales de sus ayuntamientos. El 012 ha reforzado su plantilla con 280 teleoperadores que trabajarán en turnos de 8.00 a 20.00 horas. Para la grabación de los datos en el sistema del Gobierno y su comprobación se contará con unos 90 funcionarios y personal laboral. Ya se han presentado 50 voluntarios.