La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, tilda de "chocante" la rebaja de impuestos que tanto PP como Ciudadanos (Cs) solicitan para inyectar liquidez al mismo tiempo que reclaman un mayor gasto público para amortiguar las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria. Máñez recalcó ayer, durante su comparecencia telemática ante la Diputación Permanente, que la responsabilidad presupuestaria es clave en el combate contra los efectos de la pandemia del coronavirus. "No se puede pedir que haya rebaja de impuestos y que se hagan inyecciones extraordinarias de dinero", subrayó.

Nadie pone en duda el duro golpe que ha supuesto el Covid-19 en la economía canaria. La dependencia turística del Archipiélago -el turismo representa un 35% de su PIB y genera el 40% de los empleos- empuja a la región a convertirse en la comunidad peor parada del país en términos socieconómicos. Máñez, en la línea ya apuntada desde hace semanas por el Gobierno canario, advirtió que en Canarias se producirá un "impacto diferencial" y un desplome del PIB de entre un 20% y 23%. Ante tal situación, la consejera de Economía apeló a la unidad y al consenso para llevar a cabo la "reconstrucción" económica del Archipiélago que pretende el presidente canario Ángel Víctor Torres.

Contra las cuerdas

La pandemia ha puesto contra las cuerdas al mercado laboral de las Islas, que solo en marzo registró, de media, la pérdida de cerca de 20.000 puestos de trabajo. Máñez hizo hincapié en la importancia de la flexibilización de los expedientes de regulación temporal del empleo y la necesidad de que Madrid prolongue sus efectos más allá del estado de alerta sanitaria para evitar una mayor destrucción de empleo. La consejera de Economía puso de relieve, en este sentido, el esfuerzo del personal de la Dirección General de Trabajo -servicio que ha reforzado con la incorporación de 46 personas- para tramitar la "avalancha" de ERTE. Hasta el viernes pasado se habían registrado 27.177 expedientes que afectan a más de 199.000 personas, el 73% de los cuales cuenta ya con resolución y certificación. Algo que, enfatizó, da garantías a los empresarios. De no haberse articulado la flexibilización de los ERTE, Canarias ya hubiese alcanzado, según Máñez, sus peores cifras de paro: los 290.000 que se llegaron a contabilizar en 2013.