La prolongación de los despidos temporales en el sector turístico de las Islas hasta el 31 de diciembre tendrá un coste para el Estado de 140 millones de euros mensuales, lo que suman 840 millones en seis meses. La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno regional, Elena Máñez, expone que, aunque esta demanda de Canarias aun no está aprobada, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "la está haciendo suya". El primer presidente autonómico que pidió a Madrid la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el turismo fue el canario, Ángel Víctor Torres, al que se incorporaron en esta reclamación los dirigentes de comunidades como la valenciana y Baleares, enfatiza Elena Máñez, para visualizar que, pese a ser del mismo color político, el Gobierno regional es exigente con el Estado, tanto en este asunto como en la demanda de que se permita el endeudamiento y el uso del superávit de las administraciones isleñas.

No obstante, la consejera socialista quiere poner en valor el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de afrontar una crisis sin precedentes como la derivada del Covid-19, primando las medidas de protección social, en contraposición a los recortes que el anterior Gobierno del PP realizó durante la recesión económica a partir del 2008.

Máñez eleva un puño a favor del Ejecutivo progresista de España, pues asegura que ha puesto en marcha "el mayor colchón social de la historia" y defiende la batería de medidas que está acordando el Estado, y el Ejecutivo canario como complemento, ante las críticas de otros partidos de que se requiere un mayor esfuerzo.

400 millones mensuales

Solo en los ERTE y en el cese de actividad de los autónomos, el Gobierno central destina a Canarias más de 400 millones de euros al mes -340 millones para los despidos y entre 80 y 90 millones para los autónomos- durante la duración del estado de alarma, recalca Máñez, que recuerda que se han solicitado más de 26.000 ERTE que afectan a 200.000 trabajadores y más de 40.000 autónomos han pedido la prestación por el cese de actividad.

La consejera comparece mañana ante la Diputación Permanente del Parlamento regional para exponer las medidas frente al Covid-19, en la ronda de comparencias de cada área del Gobierno -después le toca el turno a Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud-.

Elena Máñez sostiene que la prolongación de los ERTE en el turismo hasta diciembre es una medida "clave" para la reconstrucción económica y evitar la destrucción de empleo y que se pierda tejido empresarial, junto al resto de acciones que se están emprendiendo, pues el turismo en las Islas representa el 36% del PIB y el 40% de los empleos, y las consecuencias del coronavirus en este sector serán más acusadas en Canarias que en otras comunidades.

De hecho, se prevé una caída del PIB del 20 al 23% en 2020 en el Archipiélago, más del doble que en el conjunto del país, por lo que se va a tener que recurrir al endeudamiento, expuso ayer Ángel Víctor Torres, que está a la espera de la reunión del 23 de abril de la Unión Europea para ver cómo quedan las cuentas y negociar con el Estado el endeudamiento, el uso del superávit y un plan específico para Canarias en el sector turístico.

Además, de los recursos mensuales en los ERTE y en el paro de los autónomos de las Islas, Máñez estima que los avales del ICO habilitados por el Estado -100.000 millones de euros- pueden suponer hasta 3.000 millones para pymes y autónomos de las Islas. La Consejería de Economía hace esta prospección en base a cómo se han comportado y quiénes los han solicitado en otras ocasiones que se han abierto líneas ICO.

Y estas medidas estatales se tienen que complementar con las del Gobierno canario, de las que Máñez destaca la creación de una línea de ayudas por un importe inicial de 11 millones de euros para cubrir el 30% de la base mínima de cotización en el Régimen de la Seguridad Social de los autónomos y trabajadores del mar y que completa la aprobada por el Gobierno de España - que aporta el 70%-, con lo que se garantiza el abono de la totalidad de la prestación.

Además, recuerda que el aplazamiento del pago de impuestos como el IGIC significa una liquidez de más de 650 millones de euros para el bolsillo de las empresarios.

Incentivos a la contratación

El Gobierno de Canarias va a activar 20 millones en incentivos a la contratación para aquellas empresas afectadas por los RETE a la hora de reincorporar a los trabajadores, así como una medida de apoyo a la transformación digital de las pymes con dos millones euros porque es uno de los déficit que han detectado en esta crisis.

Entre la batería de acciones de su área, Máñez también resalta las subvenciones para mejorar la productividad y la innovación para las empresas de más de siete millones de euros y que la consejería está trabajando en una línea propia de financiación con AvalCanarias, que podría suponer unos 20 millones de euros, para ayudara a micropymes y autónomos que tengan más dificultades para acceder a las líneas ICO.

En este sentido, también está negociando un convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que podría llegar hasta 100 millones de euros, para inyectar liquidez a las empresas y facilitar avales y préstamos.

Asimismo, indica que se han adoptado medidas que facilitan el acceso a las ayudas, como que las subvenciones tengan un carácter anticipado, además de simplificar la tramitación administrativa para que se active o facilite la inversión privada, sobre todo en el sector turístico.

Hay hoteles que quieren rehabilitar y, entre otras reformas, adaptar sus establecimientos a la nueva realidad sanitaria para que sean espacios seguros atendiendo a los distanciamientos sociales y medidas con las que el turismo va a tener que convivir tras este virus mundial, indica la consejera.

De otro lado, expone que la ministra de Trabajo le ha comunicado por escrito que están avanzando en los trámites para poder firmar el convenio del Plan Integral de Empleo (PIEC) en 2020, lo que supondrá una inversión de 42 millones de euros que sufragarían esos incentivos a la contratación y las ayudas a autónomos y pymes. "Será un PIEC pensado para el Covid-19 a diferencia de los anteriores", subraya Elena Máñez.