Canarias tiene bajo control la crisis sanitaria. Pero con cada día de confinamiento se agrava una crisis económica que amenaza con empequeñecer el crac financiero de finales de 2007. Esta es la tesitura en que se encuentran el Archipiélago y el Ejecutivo regional, que es consciente de que una vez superado lo peor de la pandemia no puede perderse ni un segundo en reanudar la actividad productiva, al menos aquella que sea posible reanudar en medio del turismo cero. Bajo esta premisa, la Comunidad Autónoma se prepara para adelantarse al resto del país e iniciar la desescalada "cuanto antes". De lo contrario, la crisis económica desembocaría en la quiebra social: más empresas echarían el cierre, más personas perderían su empleo, mayores serían los índices de pobreza y exclusión social y menos recursos tendría la Administración pública para paliar la situación. "Si nos quedamos en casa, serán la pobreza y el hambre los que acaben con la sociedad", reconoció el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Será mañana cuando se reúna el comité científico asesor para ultimar la propuesta que luego se elevará al Estado. La idea es "recuperar la normalidad insular cuanto antes" y, por tanto, con independencia de la próxima prolongación del estado de alarma nacional hasta el 10 de mayo. No en vano, ahondó Torres, "tenemos islas libres de coronavirus y todas caminan hacia esa situación".
Torres y los restantes dirigentes autonómicos se reunieron ayer por videoconferencia con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a quien el representante canario no solo volvió a exigirle un plan de choque "específico" para el Archipiélago, sino que esta vez fue incluso un paso más allá: este plan debe ser "extraordinario" y ponerse en práctica "de inmediato".
El presidente del Gobierno de las Islas hizo una vez más hincapié en que las consecuencias socioeconómicas del coronavirus se sentirán en Canarias con especial dureza por el parón del turismo, que por sí solo supone alrededor de un 40% del PIB de la Comunidad Autónoma. En esta línea, Torres insistió en que lo primero de ese plan de choque debe ser la prolongación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor hasta que los hoteles y los apartamentos puedan reabrir con cierta normalidad. Este tipo de ERTE, que el Ministerio de Trabajo creó ad hoc para lo que dure el estado de alarma, bonifica los pagos de las empresas a la Seguridad Social, de ahí que si no se aprueba su continuidad, las empresas turísticas de la región tendrán que cargar con el coste íntegro del expediente aun cuando no tienen ingreso alguno.
Además, el presidente canario le recordó a Sánchez las particularidades fiscales del Archipiélago, que en las actuales circunstancias conllevan que la caída de la recaudación tributaria sea si cabe más grave en las Islas. El Régimen Económico y Fiscal (REF) confiere a la Comunidad Autónoma una serie de impuestos propios (el IGIC, el AIEM...) que suponen, dependiendo del año, entre un 20 y un 30% de los ingresos públicos de la región. La recaudación por estos tributos propios se ha desplomado por la paralización de la economía entre un 80 y un 90%, lo que implica que el grifo que provee una cuarta parte de los fondos públicos está prácticamente cerrado. En cambio, la media de ingresos propios en el resto del país es de un 8%, "y esto debe ser tenido en cuenta", subrayó Torres, para la elaboración de ese plan de choque.
Las medidas del Estado
El presidente del Gobierno de Canarias valoró el "esfuerzo" que, dijo, está haciendo el Estado en favor del Archipiélago, si bien hay que puntualizar que las dos principales medidas de auxilio son las mismas que para el resto del territorio nacional y que, además, una de ellas ni siquiera está en marcha. Los ERTE por fuerza mayor a los que se han acogido las empresas de las Islas les cuestan a las arcas estatales 338 millones de euros al mes, y la otra gran medida que citó Torres es la próxima renta mínima vital para las personas en peor situación socioeconómica. Esta última no es seguro que se pueda abonar ya en mayo y en cualquier caso tendrá un coste para el Estado de unos 400 millones (en la parte correspondiente a los potenciales beneficiarios de la región), pero en este caso anuales. Así pues, los "entre mil y dos mil millones de euros" extras que el Gobierno central destina para Canarias por la crisis del coronavirus, según explicó Torres, dependen en realidad de que los ERTE se prolonguen y de que la renta mínima se ponga efectivamente en práctica. Hay que puntualizar, eso sí, que aunque el dirigente autonómico se mostró comprensivo por las limitaciones de gasto que también sufre el Estado, igualmente fue tajante al exigir no solo ese plan de choque, sino también el uso del superávit que acumula la Administración autonómica. Unos 4.500 millones ociosos en los bancos por el bloqueo que impone la regla de gasto (en su mayoría de los superávits y los remanentes de cabildos y ayuntamientos) y cuyo uso reclama con especial insistencia el vicepresidente y consejero de Hacienda regional, Román Rodríguez.
Torres recordó que Canarias es una de las pocas autonomías con superávit (alrededor de 300 millones en 2019), de modo que, "en justicia, debemos ser de los primeros en poder usarlo". Máxime en unas circunstancias en las que está en juego la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tan es así, que el jefe del Ejecutivo regional reconoció abiertamente que "no tendremos suficiencia financiera" si Bruselas y Madrid no abren la mano para que la Comunidad Autónoma pueda endeudarse. Es decir, ni el dinero del superávit, ni el posible plan de choque, ni ninguna otra medida actual bastan por sí solas para garantizar la liquidez a medio y largo plazo, que depende de que se permita el endeudamiento "masivo", tal como viene reclamando el consejero de Hacienda.
Por eso Torres expuso que la inyección de 14.000 millones de euros anunciada por Sánchez en favor de las comunidades daba cierta tranquilidad, "pero solo en parte". De esos 14.000 millones, a Canarias le corresponden 400 millones de euros por el adelanto del 50% (la mitad) de la liquidación de la financiación autonómica de 2018, a los que se sumarán otros 120 millones en concepto del segundo anticipo de las entregas a cuenta del actual ejercicio. En total, las Islas recibirán unos 4.000 millones al cabo del año por el sistema de financiación, la misma cantidad que en 2019 más un 1,5% extra por el incremento del PIB nacional. En el fondo, por tanto, no se trata de una inyección en sentido estricto, sino de adelantos y anticipos, de ahí que comunidades como Cataluña o las gobernadas por el PP se hayan mostrado muy críticas con el hecho de que el Gobierno central hiciera pasar por un dinero extraordinario lo que no es tal.
La delicadísima situación económica subyace así en la necesidad de recuperar cierto grado de actividad lo antes posible. Siempre en coordinación con el Ministerio de Sanidad, de forma progresiva y con todos los controles y garantías, insistió Torres. No se trata de que el Archipiélago quede al margen de la prolongación del estado de alarma hasta el 10 de mayo, sino de que atendiendo a su mejor situación sanitaria, sí puedan ponerse en práctica medidas de desescalada antes que en otras regiones. "Hay que vencer el miedo a salir; el coronavirus casi no se mueve en Canarias", tranquilizó el presidente del Ejecutivo isleño, que puso énfasis en la extrema cautela con que se llevará a cabo el progresivo desconfinamiento, que, sugirió, podría empezar a producirse el día 27, una vez finalizado el actual período de alarma. Eso sí, en ningún caso está prevista la reapertura de puertos y aeropuertos a corto plazo.
Ángel Víctor Torres detalló que la tasa de contagiosidad de la Covid-19 es ya la más baja del país y que en los últimos 2.000 test solo se detectaron doce positivos. También se ha reducido sensiblemente el número de pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, de 77 a 69 en los últimos tres días.
