Finalmente no será una renta de emergencia, sino más bien un cheque de emergencia. El Gobierno regional aprobó ayer un pago único de entre 367 y 478 euros al que podrán optar hasta 38.000 familias especialmente castigadas por la paralización de la actividad económica. Desde beneficiarios de la prestación de inserción (PCI) que han agotado el plazo máximo de cobro hasta limpiadoras de hogar o cuidadores de personas dependientes sin derecho a cobrar el paro. En total, esos 38.000 hogares los integran alrededor de 100.000 isleños, si bien la ayuda extraordinaria la cobrará la familia y no cada uno de sus integrantes. Los hogares unipersonales recibirán un ingreso de 367 euros; los formados por dos personas percibirán 415 euros; los de tres miembros, 453; y los de cuatro o más componentes, el máximo de 478 euros. La cuantía media es, por tanto, de 428 euros pagaderos, cabe insistir, en una sola mensualidad.
Ingreso de emergencia
Al tratarse de un pago único, la renta anunciada se queda en realidad en un Ingreso Canario de Emergencia (ICE), que es como lo ha bautizado el Ejecutivo autonómico. Tanto la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, como el propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, insistieron en que esta ayuda a las familias que peor lo están pasando servirá de "puente" hasta que el Estado ponga en práctica la renta mínima. El Ejecutivo despacha de este modo uno de los principales escollos que el jueves lo obligaron a retrasar la aprobación de esta ayuda hasta el Consejo de Gobierno extraordinario de ayer, esto es, su compatibilidad con la renta mínima que ultiman los ministros José Luis Escrivá y Pablo Iglesias. Como quiera que el subsidio extraordinario finalmente durará un mes, que sea o no compatible con la renta mínima vital ya no tiene la menor importancia. Esas 38.000 familias isleñas podrán optar por el ICE en espera de que en junio puedan optar a la renta estatal. El problema, sin embargo, es que la paga (esta sí permanente) que diseña el mal avenido tándem Escrivá-Iglesias no estará sobre la mesa del Consejo de Ministros hasta la segunda quincena de mayo, con lo que está por ver que dé tiempo a tramitarla para que sus potenciales beneficiarios efectivamente puedan cobrarla en junio. De no ser así, el ingreso se demoraría al menos un mes, tiempo que esas 38.000 familias canarias tendrían que pasar sin ningún tipo de ayuda, ni de la Comunidad Autónoma ni del Estado.
Torres y Santana explicaron que se destinarán unos 16 millones de euros para sufragar el ICE, de los cuales seis millones salen de lo que se había presupuestado para la PCI y para la renta de ciudadanía (una renta mínima versión canaria a la que se comprometió el Pacto de las Flores pero que difícilmente saldrá adelante en la actual legislatura) y los restantes diez millones de euros corresponden a fondos de emergencia transferidos por el Ministerio de Derechos Sociales. Esos 16 millones son menos de la mitad de los 40 que inicialmente calculaban movilizar en la consejería que dirige Santana, lo que está directamente relacionado con el hecho de que al final la ayuda se haya quedado en un pago único.
Para hogares sin prestación
El Ingreso Canario de Emergencia no será compatible con ningún otro ingreso público. Es decir, solo podrán acogerse a esta medida social los hogares en los que no entra ningún tipo de prestación, incluidas las pensiones y, por supuesto, el paro. Es más, tampoco es compatible ni con la PCI ni con las pensiones no contributivas de jubilación (esas que cobran quienes no cotizaron a la Seguridad Social el tiempo suficiente para tener derecho a recibir una pensión ordinaria) o de invalidez. Eso sí, podrán solicitarla aquellas familias a las que se les haya denegado cualquiera de estas prestaciones públicas.
"Hoy Canarias se convierte en la primera Comunidad Autónoma que aprueba un ingreso de emergencia en tanto en cuanto se aprueba la renta mínima vital", explicó Torres a la finalización del Consejo de Gobierno. No obstante, hay que puntualizar que el carácter pionero del ICE no es tal en sentido estricto, ya que el País Vasco ha ampliado sus Ayudas de Emergencia Social (AES) hasta los 43,5 millones de euros y Baleares, por ejemplo, ha ampliado el número de beneficiarios de su renta social garantizada (Resoga) "a todos los mayores de 18 años que viven una situación de emergencia provocada por las consecuencias de la Covid-19".
En cualquier caso, el presidente se mostró convencido de que el decreto ley que regulará el ICE, que se publicará la próxima semana en los boletines oficiales, servirá de referencia para que otras comunidades pongan en práctica medidas similares.
Alivio en los alquileres
Junto a Ángel Víctor Torres y la consejera Santana, también compareció a la finalización de la reunión extraordinaria el responsable de las áreas de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. No en vano, el Consejo de Gobierno extraordinario, que en principio iba a ser monográfico para abordar únicamente el Ingreso Canario de Emergencia, se aprovechó para rematar las medidas con que Franquis trata de aliviar la carga de las familias que viven en viviendas sociales. Fundamentalmente la exoneración del pago del alquiler correspondiente a abril y mayo. Y eso como mínimo, porque Franquis dejó abierta la posibilidad de prolongar esta medida si para junio la situación socioeconómica no ha mejorado. Son unas 17.200 familias las que no tendrán que preocuparse por los dos próximos recibos de sus alquileres sociales, y, además, sin necesidad de hacer ningún trámite, ya que, sencillamente, "no se van a emitir esos recibos", garantizó Franquis. En total, el Gobierno de Canarias echa así un capote con las medidas sociales aprobadas ayer a más de 50.000 familias en dificultades. "El objetivo claro de este Gobierno ha sido tratar de evitar esa curva social que viene aparejada a la curva sanitaria, y que esa curva crezca lo menos posible; aplanarla", ahondó Santana.
Además, Franquis también anunció que se destinarán 5,3 millones para dar ayudas al alquiler (no social) a familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), unos 1.600 euros. La ayuda será de un máximo de 900 euros al mes durante seis meses. El Ejecutivo calcula que entre 20.000 y 25.000 familias podrían acogerse a este programa. El requisito básico para poder recibir esta ayuda es que los inquilinos hayan perdido su trabajo a consecuencia del coronavirus, estén incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o hayan visto reducidos sus ingresos por cualquier otro motivo relacionado con la Covid-19 y sus consecuencias en la economía.
Para la tramitación de todas estas ayudas, y en primer lugar la del ICE, el Gobierno reforzará con más personal los departamentos encargados de evacuar las solicitudes. Y para que los solicitantes no tengan que salir de casa durante el confinamiento, todo el trámite podrá hacerse vía telefónica, en el 012, o telemática, en el sitio web del Gobierno regional.
