El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dio ayer un primer paso en la forja del gran pacto de reconstrucción económica y social para superar los estragos de la epidemia de Covid-19 que anunció el pasado martes en su comparecencia ante el Parlamento. Torres obtuvo el apoyo a su iniciativa de las patronales y los sindicatos mayoritarios -con quienes se reunió, junto a otros miembros del gabinete, en el seno del Comité de Gestión Económica-, aunque el Ejecutivo no ha desgranado aún las medidas que, a su juicio, deberían estar incluidas en el acuerdo, sino que se ha limitado a recabar las propuestas de los interlocutores empresariales y sociales y avanzar en el calendario de contactos necesarios para materializar el proyecto y hacerlo con el mayor respaldo posible.
Las organizaciones empresariales y sindicales son conscientes de que los recursos para poner en práctica el plan serán necesariamente limitados, lo que obligará a priorizar las medidas. La protección del empleo y el tejido productivo -especialmente las pequeñas empresas y los profesionales autónomos-, el impulso público -a través, sobre todo, de la licitación de infraestructuras- y la inyección de liquidez a la economía -vía avales- son algunas de las líneas maestras que, según ambos colectivos, deben guiar la ejecución del ambicioso, pero aún indefinido plan, anunciado por el presidente del Gobierno. "Necesitamos que se ponga ya sobre la mesa un plan de medidas realistas, acompañadas de ficha financiera", apremió, tras la reunión, el secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares. Aunque agradece el "nivel de diálogo social" que ha mostrado Torres, la patronal de la provincia occidental cree que "ha habido tiempo suficiente para diagnosticar la situación, analizar los problemas y buscar soluciones". Estas últimas serían de tal magnitud -dado el impacto de la crisis- que aplicarlas todas sería "imposible, incluso en tiempos de bonanza". "Toca priorizar", advirtió el dirigente empresarial.
Financiación del programa
La financiación del plan pasará por la negociación con el Gobierno central y la Unión Europea, ante la que todos los presentes en el encuentro coinciden que será preciso hacer valer la ultraperificidad del Archipiélago. En cuanto al Ejecutivo español, CEOE-Tenerife tiene claro que "no puede haber café para todos" y que las medidas que se tomen deben ser "adaptadas territorialmente". "Nuestra situación es la peor con diferencia", dijo Bezares, en alusión a la elevada dependencia de la economía canaria del sector servicios y, en particular, del turismo. "No estamos viendo sensibilidad territorial en los reales decretos del Gobierno central", lamentó.
Los empresarios tinerfeños valoran la propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puedan prolongarse más allá del levantamiento del estado de alarma no solo en el sector turístico, sino también en el industrial y comercial, una medida "muy necesaria para el día después". Precisamente en relación a los ERTE, Bezares reveló que de los casi 26.000 presentados solo se han rechazado diez, lo que "habla muy bien del empresariado". También aplaude la CEOE el adelanto de las ayudas agrarias previstas para junio. Más reservas tiene sobre la renta de emergencia defendida por la Consejería de Derechos Sociales. Entiende la necesidad de proteger a la población de "difícil o imposible" inserción, pero considera que "la mejor renta es un salario" y que "los recursos hay que orientarlos sobre todo al mantenimiento y la supervivencia de las empresas".
Inyectar liquidez
El homólogo de Bezares en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, incidió en la importancia de que "el sector público inyecte liquidez a la espera de la reactivación económica". Cuando se salga de esta situación, auguró, el sector privado volverá a mover la economía, "pero tiene que llegar vivo a ese momento", avisó el dirigente de la patronal de Las Palmas. Ahora, todas las actividades tienen problemas de liquidez debido a los nulos ingresos derivados de la paralización de la actividad. Deben ser los "miles de autónomos y micropymes" los principales destinatarios de la acción pública, entre otras cosas, apuntó García, porque muy pocos de estos negocios y trabajadores se están beneficiando de los créditos avalados por el ICO, de los que, además, "a Canarias está llegando muy poco".
La sociedad de garantía
Para afrontar estos problemas financieros de las empresas, se barajó la posibilidad de que las administraciones de las Islas ofrezcan sus propios avales a través de la sociedad de garantía recíproca AvalCanarias, de la que son socias varias instituciones públicas, entre ellas el Ejecutivo. "Si el Gobierno destina 10 millones se pueden dar 100 en créditos. Con poco dinero se puede hacer mucho", apuntó el secretario general de la CCE.
Para los empresarios de Las Palmas también es "básico" que Canarias obtenga "un tratamiento diferencial" por parte del Estado. Las previsiones del FMI, que pronostica una caída del 8% en el PIB español y un paro cercano al 21% al finalizar 2020, en el Archipiélago "se van a ampliar", pronostica García, para quien "las medidas no pueden ser iguales" para todos los territorios. La CCE apoya, asimismo, la prolongación y flexibilización de los ERTE, a los que hay que "dar continuidad" en actividades que "no van a estar al 100% desde el día 1".
Por la parte sindical, el secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, destacó la importancia de que este trabajo cristalice en un "acuerdo tripartito" entre el Gobierno y los interlocutores sociales y económicos que sea refrendado por el conjunto de las formaciones políticas. El pacto debe centrarse, a su juicio, en "aspectos no excesivamente polémicos", contar con la suficiente ficha financiera -un objetivo al que no ayuda la caída a plomo de la recaudación- y circunscribirse "al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma".
Entre las propuestas de Comisiones Obreras figura la "protección de pymes y autónomos" y el objetivo de "conservar el empleo". En esta última meta la Administración "está respondiendo muy bien" a través de los ERTE. Los cerca de 26.000 expedientes presentado son "un buen dato" y han permitido suspender temporalmente miles de contratos en lugar de extinguirlos. El sindicato también aspira a que el Servicio Canario de Empleo (SCE) complemente una parte de la cantidad que perciben los trabajadores con menos ingresos incluidos en los ERTE para que puedan alcanzar el 100% de la prestación por desempleo. Pero no toda la aportación debe ser pública, según CCOO, que recuerda que "no todas las empresas están sufriendo pérdidas de liquidez de tanta importancia". González se refirió así a las "grandes cadenas de la hostelería que han acumulado muchísimos beneficios desde 2015" y para las que, señaló, "es el momento de poner sobre la mesa algo más".
Alivio en la incertidumbre
Los trabajadores situados por debajo del radar de las administraciones -el 25% de economía sumergida y los más de 90.000 parados sin derecho a una prestación- no deben ser olvidados en un acuerdo "difícil de tejer" pero necesario para dar algo de alivio dentro de esta enorme incertidumbre", advirtió el secretario general de Comisiones en las Islas. "Estamos dispuestos a un gran pacto que permita salvar esta situación crítica", confirmó Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias. La organización sindical aboga por centrarse en "medidas factibles", y entre ellas Bautista mencionó la ejecución de infraestructuras. "La obra pública significará la reactivación de la economía. Hay que priorizarla, porque la ley lo permite y este es el momento de agilizar trámites", aseguró.
UGT coincide en que la pérdida de riqueza que sufrirá la región superará la que se produjo durante la larga crisis económica y financiera que se inició en 2008. Para hacer frente al desplome económico y social, reclama "coherencia y celeridad". En este sentido, Bautista remarcó la necesidad de que el Estado permita utilizar "ya" el superávit, tanto de la Comunidad Autónoma como el de cabildos y ayuntamientos. La central defiende la renta de emergencia para evitar que queden "muchas familias en el camino", así como el mantenimiento de los ERTE "al menos hasta diciembre". También cree -añadió Bautista- que es el momento de replantearse lo realizado hasta ahora para "corregir errores", entre ellos la desinversión en sanidad pública, que "es un bien de primera necesidad que hay que fortalecer y no quitarle recursos".
