El secretario de Comunicación de Intersindical Canaria (IC), Jaime Bethencourt, ha advertido este jueves de que no permitirá que el Gobierno regional "ofrezca" a los trabajadores canarios como "cobayas" para una progresiva vuelta a la normalidad sin garantías de protección.

Jaime Bethencourt ha afirmado en declaraciones a EFE que "el llamado pacto de las flores para justificar el inicio del desconfinamiento en el archipiélago pese al riesgo que conlleva el que, en su opinión, en la mayor parte de las empresas no se cumplen las medidas de seguridad sanitaria.

A juicio del dirigente sindical hay una falta de protección generalizada en los centros de trabajo del archipiélago y aseguró que "se está obligando a trabajar clandestinamente" a personal de empresas que han solicitado un ERTE.

IC exige que haya un marco canario de relaciones laborales con medidas adaptadas a las circunstancias "excepcionales" porque, añadió, la patronal y los sectores económicos "quieren hacer que esta crisis recaiga sobre los trabajadores para que sus ganancias se resientan lo menos posible".

"Basta repasar los indicadores sociales de Canarias para ver el nivel de precariedad en las islas, y ahora las condiciones laborales se van a agravar", apuntó Jaime Bethencourt, quien lamentó que IC sigue sin ser "un interlocutor válido para el Gobierno de Canarias".

A esta situación se suma el interés del Gobierno central por propiciar unos nuevos "pactos de la Moncloa" que a IC le preocupan "sobremanera" por sus posibles "efectos perversos" sobre los derechos laborales con la justificación de la recuperación tras la pandemia, y que en el caso de Canarias pueden ocasionar perjuicios más graves.

Ello se debe a la dependencia económica de un sector "resentido" como el turismo, lo que causará en las islas "mayores niveles de sufrimiento" a la clase trabajadora con un incremento del paro y la pobreza, además de restricciones "en todos los sentidos" y nuevos recortes en los servicios públicos, añadió el dirigente sindical, quien insistió en que los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de la crisis.