El Gobierno de Canarias ya no quiere que las Islas sirvan a modo de "laboratorio" del desconfinamiento. El Ejecutivo regional ha templado gaitas después de que su presidente, Ángel Víctor Torres, anunciara públicamente esta posibilidad el pasado domingo. No obstante, el Gabinete autonómico se mantiene firme en su idea de que la desescalada hacia la normalización sea asimétrica, es decir, que el plan del Gobierno central para cuando finalice el estado de alarma tenga en cuenta la situación sanitaria y socioeconómica de cada territorio. En definitiva, se trata de hacer entender al Estado que las medidas no necesariamente han de ser las mismas ni durar lo mismo en todas las comunidades. No en vano, nada o poco tiene que ver la situación en La Graciosa (donde no se ha registrado ni un solo caso de coronavirus) con la del barrio madrileño de Moratalaz, una de las localidades del país con mayor incidencia de la Covid-19. Canarias cuenta, además, con el apoyo de varias otras autonomías, especialmente la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares.

Fue precisamente el Govern balear el primero en ofrecer su territorio a modo de "laboratorio de prueba" del desconfinamiento. El portavoz del Comité de Enfermedades Infecciosas del archipiélago mediterráneo, Javier Arranz, defendió que las islas servirían para "probar cómo va" la desescalada. "Sería bueno para el resto del Estado ver cómo funciona", agregó en declaraciones recogidas por Diario de Mallorca. Luego Torres insistió el domingo en esta idea, pero lo cierto es que tanto el Ejecutivo canario como el Govern, que preside la también socialista Francina Armengol, han tenido que recular. En su reunión de este martes, el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, que encabeza el propio Ángel Víctor Torres, descartó que la región pueda convertirse en lugar de pruebas o experimentos para la desescalada. Y tampoco Baleares saldrá antes del confinamiento, como el mismo Javier Arranz aclaró. No al menos antes del próximo día 26, cuando sobre el papel acabará el estado de alarma.

Todo parece, sin embargo, que Pedro Sánchez pedirá al Congreso que el actual statu quo se prolongue otros 15 días, pero es ahí donde los dos archipiélagos del país ven una rendija para que el Gobierno central considere su particular situación. La idea es que determinadas medidas de posconfinamiento se adelanten en las islas, que tienen la crisis sanitaria bajo control pero que serán las que más sufran la crisis económica por el parón del negocio turístico. Eso sí, sin experimentos ni "laboratorios" y siempre bajo la autorización y la tutela del Estado.

De momento, en el Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, no están en disposición de asegurar nada a ninguna de las comunidades autónomas, ya que aunque en lo estrictamente sanitario lo peor parece haber quedado atrás, lo delicado de la coyuntura impide dar garantía alguna. En cualquier caso, en el Ministerio tampoco descartaban ayer que el proceso de desconfinamiento efectivamente pudiera acelerarse en Canarias u otras regiones, siempre, eso sí, "desde la máxima cautela y prudencia", puntualizaron. Lo que sí está claro es que no hay por el momento decisiones inamovibles, ni en el caso de los archipiélagos ni en los de las restantes autonomías: "Se está en fase de estudio de las diferentes iniciativas y los posibles escenarios".

Sea como sea, no es Canarias la comunidad que más está acuciando a Pedro Sánchez para que acelere la desescalada en su territorio sin esperar a que Madrid tenga la situación totalmente bajo control, lo que podría demorarse varias semanas. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha apuntado en una entrevista con El Mundo que "no todas las comunidades tenemos los mismos datos, y tenemos que ver la situación que hay ahora en cada comunidad para ver cómo se hace esa salida escalonada. Hay unas comunidades que estamos mejor que otras, y no tenemos que tener las mismas medidas que otras que están peor".

Hay que recordar, de vuelta en Canarias, que las polémicas palabras de Torres sobre el "laboratorio" no fueron bien recibidas incluso dentro del PSOE. El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, dejó claro que la idea no lo seducía en absoluto. Y, por supuesto, tampoco las compartieron desde la oposición, si bien tanto el Partido Popular (PP) como Ciudadanos (Cs) sí apoyan al Ejecutivo de Torres en la petición de que la desescalada se adapte a las circunstancias de cada autonomía.

En cuanto a la patronal y los sindicatos, una de las principales preocupaciones es conseguir que el camino a la normalización sea lo más recto posible, esto es, que no se produzca el caos que ya se produjo al principio del confinamiento. En este sentido, el secretario general de la división tinerfeña de la CEOE, Eduardo Bezares, hizo ayer hincapié al término de la reunión del Comité de Gestión Económica en que es necesario que haya un plan de desconfinamiento en cuya elaboración participen los distintos sectores de actividad. "Es básico; no podemos ir hacia la improvisación, como ocurrió en el confinamiento aunque no por responsabilidad de este Gobierno", precisó Bezares dirigiendo así la crítica hacia el Ejecutivo estatal.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Fran Bautista, puso énfasis en que la mayor o menor rapidez con que se lleve a cabo el desconfinamiento dependerá en gran medida de la inversión en material de protección y detección. "Hace falta que los Gobiernos apuesten por hacerlo, dos millones de test y la suficiente inversión, lo que no significa que pueda entrar todo el mundo y que no haya que tomar medidas. Si lo conseguimos, será el mejor cartel publicitario que hubiéramos podido soñar", subrayó.