La realidad comienza a separarse de la senda teórica por la que Canarias debería transitar para superar el golpe económico. Bruselas abría el grifo del endeudamiento para los estados miembros y, en el caso que nos ocupa, Madrid permitía al Archipiélago salir a los mercados financieros a buscar la suma necesaria para pagar la factura sanitaria y social. Pues no, el Ministerio de Hacienda pretende acaparar la bula fiscal europea y, después, atender las necesidades que le vayan planteando las regiones. Ni a Nueva Canarias (NC) ni a la Agrupación Socialista Gomera (ASG), socios del PSOE en el Gobierno canario, les seduce la idea.

La Consejería de Hacienda del Gobierno autonómico, al cargo de Román Rodríguez (NC), prepara la segunda misiva dirigida a la ministra María Jesús Montero. En la primera, solicitó la utilización de los 321 millones de euros del superávit de 2019 para hacer frente a la crisis.

En la que está previsto que parta hoy mismo hacia la capital, le expresa su disconformidad con el mantenimiento de las reglas fiscales, ese corsé cuyas costuras ha hecho saltar el avance de la pandemia. En suma, Rodríguez reivindica la potestad para diseñar desde las Islas las soluciones a los problemas que son de las Islas. El objetivo es agilizar el proceso, porque a estas alturas ya el tiempo escasea casi en la misma medida que el dinero.

Se trata de un nuevo ejercicio de tabla rasa, algo que el portavoz parlamentario de ASG, Casimiro Curbelo, calificó ayer como "injusto". El Archipiélago ha cumplido todos los años con los objetivos de déficit y deuda que se le han impuesto. La ciudadanía ha tenido que prescindir para ello de una mejor calidad en los servicios. Además, siendo la comunidad autónoma que menos dinero por habitante recibió con el sistema de financiación autonómica (SFA) durante años.

Salvar a las incumplidoras

Sin embargo, no todas las regiones actuaron del mismo modo. Las hay con un nivel de endeudamiento superior al 40% de su producto interior bruto (PIB), mientras que las Islas (14%) es, junto al País Vasco una de las dos menos endeudadas. Montero no quiere que en un reparto lineal de la capacidad de endeudamiento haya zonas de España que caminen hacia el precipicio y en su camino afeen las cuentas globales del Estado.

María Jesús Montero dejó ver ayer por dónde van los tiros tras el Consejo de Ministros. Se le preguntó sobre la demanda de varias autonomías saneadas que exigen poder utilizar el superávit alcanzado en pasados ejercicios. Su respuesta, siendo cierta, no pudo resultar más desalentadora: las entregas a cuenta del SFA que están recibiendo "son muy superiores a las que les corresponderían", informa Europa Press. Esas sumas se habían calculado sobre una previsión de crecimiento de la economía española del 1,6%, mientras que el último cálculo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que recoge el actual escenario, dibuja una caída del 8%.

Hay más gestos que desvelan la escasa autonomía que va a tener el Archipiélago para salir del agujero. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado a finales de febrero, se otorgaron dos décimas de margen en el objetivo de déficit de la Administración autonómica. Para Canarias son 96 millones de euros, que no solucionan el problema global pero ayudan. Pues ni eso firma Madrid, lo que deja más clara la centralización.

Es un nudo de corbata demasiado prieto para el presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, que no puede permitirse recentralizaciones teniendo por socios a un partido nacionalista como NC y otro insularista, ASG. Hasta la fecha, el jefe del Ejecutivo de las Islas se ha dejado notar, con nulo resultado, en las reuniones con Pedro Sánchez exigiendo medidas concretas para la especial situación de una comunidad autónoma que se ha quedado sin turismo, su principal fuente fiscal y de empleo.

Además, no es la única disputa interna que padece el Gobierno canario. El jueves aprobará la renta de emergencia para los más desfavorecidos, desarrollada por la consejería que tiene bajo su mando Podemos. Todos la consideran necesaria y más ahora que la del Ejecutivo central se atasca hasta julio, pero la discusión interna también ha existido.