Canarias está lejos de ofrecer una respuesta clara, unitaria y consensuada al pacto de reconstrucción económica y social que ha puesto sobre la mesa el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, para cuando se supere la emergencia sanitaria que todavía sufre el país entero por el coronavirus. El jefe del Ejecutivo tiene intención de empezar los contactos esta semana con formaciones políticas, pese a la negativa de varias de ellas a sumarse a estos nuevos Pactos de La Moncloa, como el PP, Vox y los grupos independentistas catalanes y vascos, y lo avanzó ya el pasado domingo a las comunidades autónomas en la videoconferencia con todos sus presidentes. En este primer trance del proceso, Sánchez no sabe aún con qué se encontrará al otro lado del teléfono cuando llame a Canarias, porque, de entrada, hay tantos posicionamientos, matices y condicionantes al respecto, que no podrá sacar una conclusión clara.
Las primeras pistas apuntan a que la propuesta contaría con un amplio apoyo político, social, económico e institucional desde el Archipiélago, pero son muchas las voces, desde cada uno de esos ámbitos, que lo condicionan al qué y al cómo, es decir, de qué forma el pacto integraría una visión específica sobre el tratamiento a Canarias en él, y cómo se articularía. Y hay tantos elementos en juego y detalles por explorar que nadie puede avanzar por ahora una postura precisa. Tanto en el Gobierno regional, como en las formaciones políticas, se da una múltiple variedad de actitudes que dificultan trasladar hasta Madrid una posición consensuada. Y quizá no tanto en los objetivos, que pueden ser coincidentes, como en las exigencias a plantear, o en las estrategias a seguir para tratar de conseguirlas.
El primer escenario en el que se debe abordar ese pacto, el del Congreso, ofrece distintas lecturas posibles sobre la respuesta de los partidos canarios. De entrada, si se mantienen las posiciones actuales en el ámbito estatal, habría un alto porcentaje de diputados canarios que lo rechazan radicalmente, como serían los casos de los cuatro del PP y los dos de Vox, es decir, seis de quince. Pero, de otro lado, tampoco hay unanimidad entre el resto de las formaciones. Y no solo por las diferencias entre sí que a este respecto mantienen las dos formaciones nacionalistas, CC y NC, y de ambas con el Gobierno central, sino también por parte de los representantes canarios de los dos partidos integrados en el Consejo de Ministros, PSOE y Unidas Podemos. Porque, a estas alturas, parecen cada vez más evidentes las distintas visiones que socialistas y la formación morada mantienen el respecto.
Aunque todavía no hay una agenda clara sobre las consultas de Sánchez con las fuerzas parlamentarias, la idea por parte del jefe de Gobierno es empezar esta misma semana, supuestamente empezando por el líder del PP, Pablo Casado. De momento, ni la diputada de CC, Ana Oramas, ni el diputado de NC, Pedro Quevedo, han sido contactados por Moncloa, ni tienen una pista sobre cuando serían convocados.
En todo caso, las dos formaciones nacionalistas comparten la necesidad de esos llamados nuevos Pactos de La Moncloa para acordar un conjunto de medidas económicas y sociales que contribuyan a paliar la crisis provocada por la inactividad productiva y el confinamiento social, pero lo hacen de muy distinta forma en tono y condiciones, a juzgar por lo expresado hasta ahora por sus respectivos líderes. Mientras NC lo apoya sin críticas previas a la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno, aunque exigiendo una serie de condiciones relacionadas con Canarias para las medidas anticrisis económica, CC está siendo extremadamente dura contra Sánchez por su actuación durante la emergencia, y tampoco ve claridad y diligencia en las medidas para paliar sus consecuencias socioeconómicas.
Tensiones en el Ejecutivo
Por parte de NC, su presidente, Román Rodríguez, ha dejado claro que acudirá a la cita de Moncloa con el mejor ánimo, pero que exigirá que cualquier acuerdo contemple de inmediato la eliminación las reglas fiscales, como el uso del superávit y la autorización de endeudamiento a largo plazo, para aliviar la tesorería de las comunidades autónomas, a la vez que un trato diferenciado a Canarias para la reconstrucción económica y social por el cerrojazo turístico de este año. Coalición Canaria plantea básicamente las mismas exigencias, pero Oramas mostraba ayer su escepticismo tanto por las divisiones que observa en el seno del Ejecutivo, como por la falta de apoyo parlamentario por el rechazo del PP, de Vox y de los partidos independentistas catalanes. Destaca también las reticencias del PNV, que busca más un acuerdo marco entre el Estado y las comunidades autónomas donde se respete el marco competencial y las decisiones de cada territorio, y se clarifique cómo se financia todo el conjunto de medidas que se han adoptado o se tendrán que adoptar en el futuro para esa reconstrucción económica y social del país. "Tiene que haber un acuerdo al menos para unos Presupuestos de emergencia, pero Sánchez no está ofreciendo un marco que lo propicie, y hay muchos partidos que no lo apoyan. No veo que se estén dando las condiciones para que se pueda concretar ese pacto de país", asegura Oramas.
En el ámbito regional, la respuesta es aún más compleja porque las posiciones de los partidos se trasladan al Gobierno autonómico con la figura de su presidente, Ángel Víctor Torres, pivotando entre defender los planteamientos canarios frente a Madrid, y apoyar la actuación de Sánchez, su jefe político en el PSOE, en el conjunto del Estado.
Pese a que Torres se niega a asumirlo, es evidente que hay diferencias y tensiones en su Ejecutivo por la respuesta que se trasladará a Madrid en relación con las medidas para que Canarias pueda sortear la hecatombe económica y social por el cierre turístico para prácticamente todo lo que queda de año, y el parón del sector exportador.
Tanto NC como el presidente de ASG, Casimiro Curbelo, han expresado su malestar con Sánchez por la tardanza en dar respuesta a la "urgencia" de acelerar los fondos estatales y a autorizar el uso del superávit para afrontar una situación que está desplomando los ingresos tributarios de la comunidad autónoma. Sin estos axiomas, el Gobierno canario no estará en condiciones de sumarse a un pacto de Estado por la reconstrucción económica y social por los efectos del virus.
Canarias necesita, aseguran, un tratamiento especial que va desde una desescalada del confinamiento anterior a la del conjunto del Estado, hasta un plan específico, amparado en el REF y en el drama social que se avecina, de respuesta a la crisis que conlleve también medidas especiales por parte de la UE. CC, por su lado, se suma desde la oposición a esta campaña de presión a Torres para que "sea firme frente a Sánchez", y pide una inversión de 2.500 millones de euros.
Por parte de empresarios y sindicatos, los otros grandes actores del pacto que se pretende, el empeño de Sánchez es atraer a la patronal y vencer las reticencias que el mundo económico tiene hacia Unidas Podemos, a quien los empresarios consideran que está detrás de todas las medidas de mayor gasto público para salir de la crisis y ven como promotora, en esos posibles pactos, de políticas de incremento de la fiscalidad a las empresas para cubrir ese incremento del gasto. Las patronales canarias comparten esas reticencias, y avalan la necesidad de que cualquier mesa en La Moncloa para afrontar esta situación histórica requiere de una mirada más singular que nunca hacia el Archipiélago.
