Coalición Canaria (CC) ha entregado al presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, un Plan para el Futuro Social y Económico mediante el que proponen invertir 2.500 millones de euros en dos años, revisables y ampliables en tiempo y cantidad, para superar la crisis económica y social que provoca el parón de la economía al que ha obligado la expansión del coronavirus
El portavoz de los nacionalistas en el Parlamento de Canarias, José Miguel Barragán, explicó mediante videoconferencia que no se trata de "pedir responsabilidades" al menos en el momento actual, sino, completó su compañero de partido y senador autonómico, Fernando Clavijo, de evitar "llegar tarde nuevamente" como, en su opinión, ya ocurrió con la atención que precisaba la "emergencia sanitaria".
El plan detalla la procedencia de dicha suma total. "Mil millones saldrían de los cien mil millones de euros que el Estado ha articulado para superar el bache", explicó Clavijo. Se trata de fondos vehiculizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que, según apuntó el expresidente del Gobierno de las Islas, "deberían llegar al 0% de interés" para que el impacto de la deuda en el futuro sea el menor posible
Sentencia de carreteras
Otros mil millones provendrían "de la sentencia de carreteras". Una decisión firme de los tribunales que obliga al Estado a devolver a las Islas una suma aproximada a la apuntada por Clavijo. Se trata del dinero que quedó pendiente cuando en la anterior crisis, la que estalló en el año 2008, el primer Gobierno de Mariano Rajoy suspendió unilateralmente el convenio de carreteras Canarias-Estado que se encontraba en vigor. Un recorte sin mayor explicación que la necesidad de cumplir con el equilibrio fiscal al que obligaba Bruselas so pena de la llegada de los temidos hombres de negro. El Ejecutivo, liderado entonces por Paulino Rivero, llevó esa cuestión al Tribunal Supremo, que dio la razón sin ambages a Canarias.
Los 500 millones que restan para completar los 2.500 millones de euros son el 25% de los "2.000 millones de euros de superávit que las corporaciones locales" del Archipiélago atesoran actualmente. No se trata de restar esa cantidad a ayuntamientos y cabildos para la utilización por parte de la Administración autonómica. Sin embargo, "el plan es transversal", según lo calificó Barragán, lo que no es óbice para que sean esas instituciones quienes manejen el acopio de sus respectivas tesorerías. Ahora bien, la anterior crisis, recordó Clavijo, dejó una "lección": la de evitar duplicidad de esfuerzos, y más cuando los recursos son tan limitados.
De ese modo, destacó el expresidente del Archipiélago, la comunidad autónoma contaría con esos 2.500 millones de euros sin tener que tocar un solo billete de los consignados en las cuentas regional para este año.
En cuanto al destino de la suma proveniente del convenio de carreteras, los nacionalistas señalaron que debería utilizarse para el fomento de la inversión pública, "pero intensiva en mano de obra". Es decir, construcción de infraestructuras cuya ejecución requiera de muchas manos. Es la manera de amortiguar la masiva destrucción de empleo que provoca el actual cero turístico, una situación que hasta el momento se había tenido por "impensable", explicó el presidente autonómico.
El 15% de los contratados en la actividad alojativa son eventuales, por lo que su entrada en juego queda descartada hasta el retorno de la normalidad al sector, algo que, en opinión de CC, no sucederá antes de dos años. Y en ese tiempo, mientras se va dando la paulatina recuperación de los mercados tampoco las plantillas consolidadas llegarán a los niveles que tenían antes.
Barragán y Clavijo huyeron de la refriega política. En varias ocasiones explicaron que la aportación del documento tiene como fin último el consenso. Ahora bien, el portavoz parlamentario no dudó en señalar que la cara de los integrantes del Ejecutivo es de que "hay fiebre" por más que el pacto de las Flores presuma de buena salud.
Sobre la no inclusión de una renta universal mínima, Barragán, también secretario general de Coalición, recordó que en la última reforma del Estatuto está recogida su existencia. A ello añadió que la contemplada ahora por el Gobierno canario "no va a solucionar nada en dos meses", en comparación con los dos años del plan presentado este lunes. También puso en duda la capacidad de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud para poner en marcha esa ayuda anunciada por Torres tras los "problema que tiene con la Prestación Canaria de Inserción".
En cuanto a la minoración de la caída de ingresos, José Miguel Barragán destacó la necesidad de que la economía esté cuanto antes activada en todo aquello que sea posible. En otro orden de cosas, los dirigentes nacionalistas señalaron que el presupuesto de este año ha quedado arrasado por la realidad que afronta el Archipiélago y fijaron para los meses de mayo o junio la entrada en funcionamiento de unas nuevas cuentas adaptadas.
