La renta de emergencia que ultima el Gobierno de Canarias dará auxilio a 40.000 unidades familiares durante la duración del estado de alarma. La Consejería de Derechos Sociales destinará para ello 40 millones de euros con el fin de inyectar algo de liquidez a familias sin ningún tipo de ingresos, bien porque han percibido la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y ya no pueden acogerse a ella, o porque han perdido su empleo por culpa del coronavirus y no acceden a la percepción del desempleo por trabajar sin contrato. Entre estas personas se encuentran muchas empleadas del hogar o cuidadores de mayores. Aún está por determinar la cuantía de la renta, aunque se baraja asimilarla a la PCI -486 euros-.
Esta ayuda temporal se aprobará en los próximos días a través de un decreto-ley en un Consejo de Gobierno extraordinario, tendrá una tramitación simple y será de implantación inmediata. La Consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana, trabaja con los ayuntamientos y con sus propios listados de personas sin recursos para definir los posibles receptores, además de cruzar datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan) y del Instituto Canario de Estadística (Istac) para llegar a esas personas que no pueden acceder a las ayudas extraordinarias para paliar la crisis del Covid-19, al haber estado trabajando sin contrato, es decir, en negro.
El portavoz del Ejecutivo canario, Julio Pérez (PSOE), reconoció ayer tras el Consejo de Gobierno que las personas que trabajan "de esa manera, normalmente son vulnerables y tienen escasos recursos", y quiso precisar que quienes obtengan la renta de emergencia lo harán "no como trabajadores que pierden su empleo sino como personas sin ingresos", evidenciando así que lo que trata el Gobierno es de luchar contra la economía sumergida.
Trabajo en negro
Pero no todos los que trabajaban en negro o en B -en torno a 100.000 personas en las Islas al comparar los datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa con la estadística oficial de afiliados a la Seguridad Social- podrán beneficiarse de esa renta, pues "habrá quien lo haga porque no quiere pagar impuestos, y las personas de servicio doméstico a las que no dan de alta las casas en las que trabajan". "Estas últimas recibirán nuestra ayuda porque están en nuestro pensamiento y prioridades", recalcó el portavoz del Gobierno y también consejero de Sanidad y de Administraciones Públicas y Justicia. Esta nueva ayuda se gesta como una medida transitoria entre la actual Prestación Canaria de Inserción- que tiene una duración de 24 meses- y la renta ciudadana que prevé el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y que el Gobierno y Parlamento han de cristalizar en una ley que se preveía culminar en este año.
Apoyo de los socios
El presidente Ángel Víctor Torres trató la creación de esta renta de emergencia el pasado martes con los partidos del pacto de las Flores, que sustentan el Gobierno (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera), y recibió el apoyo de estas formaciones, aseguró Julio Pérez.
El pago de esta renta será a través de ingresos en las cuentas bancarias de los perceptores. Para la verificación de las cuentas se están cruzando datos con el área de Hacienda, el trabajo más dificultoso, indican desde Derechos Sociales.
El decreto-ley también incorporará la agilización de la PCI, al reducir los requerimientos a las personas que la han solicitado, con lo que se prevén aprobar 1.000 nuevas prestaciones y llegar a unas 10.000 en poco tiempo. El Gobierno estimaba alcanzar las 12.000 ayudas de este tipo en todo el año. La PCI se concede a personas que han agotado todas sus prestaciones, como el paro o las de la Seguridad Social.
Regulación de empleo
De otro lado, Julio Pérez detalló ayer que, al término del martes, se habían recibido 25.183 solicitudes de ERTE por fuerza mayor ante el parón de la actividad generado por el coronavirus, una cifra que supone elevar en casi 1.000 el número de expedientes temporales de regulación de empleo que se divulgó el lunes (24.337 expedientes), con 12.000 a 13.000 trabajadores afectados adicionales pues el lunes eran 186.754. En este momento, casi 200.000 trabajadores tienen en Canarias su contrato suspendido o reducido debido a un ERTE, uno de cada cuatro cotizantes a la Seguridad Social de las Islas, ya que de acuerdo con las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo, Canarias comenzó abril con 767.089 cotizantes.
El 98% de las empresas que ha solicitado acogerse a los ERTE por fuerza mayor en el Archipiélago tiene menos de 50 empleados y prácticamente la mitad son negocios con menos de cinco asalariados. El Gobierno canario insiste en la demanda al Estado de que el período de vigencia de los ERTE por fuerza mayor no acabe cuando se levante el estado de alarma, pues habrá numerosas empresas que al día siguiente no podrán retomar su actividad. Sobre el plan de desconfinamiento en el que trabaja ya el Ejecutivo de Canarias, Pérez afirma que es "imaginable" que algunas industrias o actividades puedan empezar antes que otras, pero en el periodo inmediato, hasta el 26 de abril, ninguna.
