El endeudamiento a corto plazo aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado jueves, el 20% del gasto no financiero contemplado en el presupuesto en vigor -una póliza de crédito por 1.700 millones de euros-, cubre el pago de nóminas y otros gastos corrientes de la comunidad autónoma. Una idea práctica a la espera de que la parsimoniosa Bruselas dé vía libre para enviar al fondo del ropero el corsé financiero y permita el necesario endeudamiento que rescatará de la pobreza a miles de familias del Archipiélago.
En la Consejería de Hacienda, que dirige el vicepresidente regional, Román Rodríguez, estiman que, en el peor escenario, tendrán que echar mano de unos 800 millones de euros. De las dos vías de financiación que tiene la Administración autonómica, entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y recaudación tributaria, la segunda se ha venido abajo y se hace necesario acudir a los mercados financieros en busca de dinero.
Varios bancos
Lo que tiene claro el departamento que comanda Rodríguez es que no quedarán en manos de una entidad concreta, sino que repartirán la recolección de esos hasta 1.700 millones de euros entre varios bancos. ¿Por qué es seguro que va ser necesario? En marzo del año pasado, el IGIC propició la llegada a la arcas del Archipiélago de 267 millones de euros, el mismo mes de este curso ha dejado solo 86 millones.
Si eso ocurrió el tercer mes del año, que en su primera mitad tenía abierta la planta alojativa y el comercio, qué no ocurrirá en el cuarto, en el que estamos actualmente, cerrado a cal y canto de principio a fin prácticamente. Con suerte, la Administración canaria ingresará el 10% de la cantidad habitual, imposible hacer frente a los 582 millones de euros de gastos corrientes mensuales.
Jugada larga
Esta póliza de crédito es solo la solución de urgencia, pero en el Ejecutivo canario saben que el endeudamiento será "masivo", como lo ha calificado Rodríguez. En ese escenario, malo para todos, las Islas aparecen bien situadas, porque la deuda que tiene actualmente es de las más bajas del Estado, el 14% de su PIB.
La senda de estabilidad fijada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) otorgó dos décimas de déficit más a las comunidades autónomas, 96 millones más en el caso de las Islas. Si no se ha hecho efectivo aún es porque resta otra reunión en la que fijar los límites de deuda, que no son iguales para todas. Por esta vía, el Archipiélago estaría en disposición de obtener otros 850 millones de euros sin superar el límite, es decir, pasando del 13,6% con que tenía previsto terminar el ejercicio al 15,3% que va a tener autorizado. A todo ello resta sumar un superávit del ejercicio pasado que calculó en 270 millones de euros el actual Gobierno y que finalmente ha sido de 321 millones.
Todas esas partidas sumadas dan para cubrir la cantidad que se utilice de la póliza de crédito de 1.700 millones de euros y que tiene que devolverse antes de fin de año.
De lo contrario, computaría como deuda a largo plazo, coto vedado para las comunidades autónomas, pero nuevamente se impone la teoría de que esas normas han saltado por los aires desde el momento mismo en que el avance del coronavirus obligó a desacelerar la economía y dejarla al ralentí.
Reglas fiscales
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya reconoce de manera informal que las reglas fiscales son papel mojado hasta al menos el año próximo. Solo de esa manera, permitiendo el endeudamiento de las administraciones, se podrá hacer frente al ingente gasto sanitario y al que permitirá reducir en alguna medida el padecimiento que generará el incremento del paro.
La crisis del coronavirus puede cambiar conceptos hasta ahora impensables.
