El Congreso de los Diputados quiere ser el primero en iniciar la famosa desescalada del confinamiento, en acabar con la hibernación parlamentaria a la que está sometida, y empezar a cerrar el paréntesis de inactividad que se abrió hace casi un mes. Cuando desde el Ejecutivo central se empieza a hablar de preparar la fase posterior al encierro nacional al que estamos sometidos desde el pasado 14 de marzo, el Parlamento quiere adelantarse y comenzar cuanto antes a rescatar la normalidad, aunque sea de manera precaria aún. Es la idea que predomina ahora en el gobierno de la Cámara y en la mayoría de los grupos parlamentarios tras analizar la situación y ante la presión de los partidos de la oposición, PP y Vox sobre todo, para poder llevar a cabo un mayor control del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, y sobre el debate de las medidas que se están aprobando.
La actividad parlamentaria ha estado circunscrita hasta ahora, desde la entrada en vigor del estado de alarma, a los plenos extraordinarios para la aprobación de esta figura constitucional y su prórroga, y para la convalidación de los decretos que el Gobierno ha llevado al BOE con medidas sociales y económicas. También ha comparecido de forma semanal en comisión el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer la última vez, y se ha respondido a las preguntas escritas. Hoy mismo se celebrará un nuevo pleno, también con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la segunda prórroga, hasta el día 26, del decreto de alarma, y para la aprobación de cuatro nuevos decretos de medidas complementarias.
En los dos plenos anteriores, sólo han estado presentes en sus escaños menos de 50 diputados, asistidos por un número similar de trabajadores de la Cámara. Lo cierto es que, formalmente, el Congreso está abierto a todos los efectos, con el registro abierto, aunque por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces se suspendió la actividad parlamentaria el 12 de marzo, inicialmente durante quinces días, para evitar la propagación del virus entre los diputados y trabajadores. En esos momentos, varios parlamentarios y personal de la casa, además de varios miembros del Gobierno, habían dado positivo de Covid-19 y se imponía la paralización de la Cámara, aunque todos los servicios de la misma han estado funcionando con turnos de guardia por parte de funcionarios y empleados.
Tras cuatro semanas de hibernación parlamentaria, la Mesa del Congreso acaba de decidir que se recupera una cierta actividad, aunque todavía muy limitada. De entrada, se celebrará un pleno de control al Gobierno el próximo día 15 y seguramente una sesión semanal con el mismo formato, en principio con la asistencia, como hasta ahora, de entre el 5 y el 10 % de los diputados de cada grupo, y también con una asistencia proporcional de trabajadores de la casa. Las presiones del PP y de Vox, secundadas por otros partidos, aunque de muy distinta manera, como Cs, Bildu y JxCat, para habilitar espacios parlamentarios de crítica al Ejecutivo por la gestión de la crisis sanitaria han acabado por cambiar las tornas.
Aunque fue la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien formalmente propuso, en la reunión de la Mesa del lunes pasado, la sesión de control del día 15, el PP y Vox se apresuraron a apuntarse el tanto. La portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, atribuyó a su partido "la victoria democrática que ha permito reabrir el Parlamento", mientras, por su lado, la secretaria general del grupo parlamentario ultra, Macarena Olona, también celebró "la victoria de la democracia que supone la recuperación de la actividad parlamentaria". El PP pretendía además que se autorizara a la asistencia de la mitad de los diputados de cada grupo, pero ha sido rechazado por el resto de formaciones, curiosamente también por Vox pese a que todos sus 52 diputados se presentaron en sus despachos el lunes como acto de reivindicación de la recuperación de la actividad parlamentaria.
El PSOE critica a la derecha
Esta batalla del PP y de Vox por tratar de acelerar la normalidad parlamentaria contrasta, según señalan algunos portavoces socialistas, con las críticas de ambos partidos al Gobierno de Sánchez por la supuesta tardanza en reaccionar ante la propagación de la pandemia en España y, en concreto, por no haber decretado antes el confinamiento de la población. "La derecha critica por tardar en cerrar la actividad y ahora son los primeros en saltarse todas las medidas de seguridad que nos aconsejan los expertos sanitarios y epidemiólogos para tener la seguridad de que paralizamos el contagio", afirma el diputado tinerfeño del PSOE Héctor Gómez.
Él cree que hay que seguir "respetando las indicaciones que nos dan por una cuestión de seguridad" y recuerda que recuperar la actividad parlamentaria, incluso aunque sea parcialmente, implica a muchos funcionarios y trabajadores de la Cámara, "que se ven afectados". "Hay que dar ejemplo en la cuestión del confinamiento y no podemos relajarnos ahora", afirma. Gómez asegura que los diputados pueden seguir trabajando desde casa y que ninguno de los socialistas canarios asistirá de momento a los plenos que se vayan celebrar porque el PSOE seguirá con el criterio de que acudan los diputados de Madrid para evitar desplazamientos de los de otras circunscripciones, especialmente los que dependen del avión y sufren restricciones en los vuelos con la Península.
La popular Ana Zurita, también diputada por Santa Cruz de Tenerife, lo ve de otra manera y asegura que "en la medida en que, a partir del lunes, una parte de la población se vaya reincorporando paulatinamente a la actividad laboral, los diputados debemos hacer lo mismo y recuperar la actividad parlamentaria". Cree que, con las debidas medidas de seguridad para evitar posibles contagios, la Cámara debe abrir no sólo para el control al Gobierno en plenos, sino para la actividad de las Comisiones, inicialmente con un número reducido de asistentes y la posibilidad de votar telemáticamente.
