El Gobierno de Canarias reorganiza a su personal para dar cobertura a las necesidades administrativas que está generando el coronavirus. Para ello, ofrecerá a los empleados públicos la posibilidad de una movilidad voluntaria en los puestos de trabajo, así como ordenará traslados forzosos, y se abre la posible reincorporación de los liberados sindicales, lo que no implicará el cese de quienes los estaban sustituyendo. Según el consejero de Administraciones Públicas, de Sanidad y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, hay sindicalistas que le han pedido la incorporación voluntaria, al igual que funcionarios que se han ofrecido a apoyar los servicios con más volumen de trabajo.
El decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno establece que el Ejecutivo puede ordenar una movilidad forzosa para la realización de funciones, tareas o responsabilidades de su personal, que podrán ser distintas a las de su puesto de trabajo o función habitual, tanto dentro del departamento como en otro distinto e, incluso, en otra consejería u organismo público. Estos traslados se harán cuando, por causa de un mayor volumen temporal de trabajo u otras razones coyunturales, los servicios no puedan ser atendidos con suficiencia por el personal que los desempeña con carácter permanente.
El Gobierno deja claro que el personal público que sea objeto de esta movilidad forzosa se mantendrá en esa situación hasta que finalicen las causas que la originaron, esto es, hacer frente a la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19.
En cuanto a la movilidad voluntaria, la Dirección General de la Función Pública ofertará entre los empleados de la Administración General, con independencia del vínculo jurídico, funcionarial o laboral que desarrollen, la posibilidad de cambios, en jornada total o parcial, y con destino a la consejería u organismo autónomo que haya efectuado el requerimiento para cubrir las necesidades de servicio que se puedan plantear. Ambos tipos de movilidad, voluntaria y forzosa, respetarán el cuerpo y especialidad para el caso del personal funcionario, y la categoría profesional si se trata del personal laboral. Continuarán percibiendo las retribuciones de su puesto de trabajo, que serán abonadas por la consejería u organismo público donde venían prestando servicios de la misma forma que hasta la fecha de su cambio en el organigrama de la Administración autonómica.
Además, el decreto-ley autoriza a la Dirección General de la Función Pública a que adopte medidas extraordinarias para dar más agilidad a la gestión de las bolsas de trabajo de personal funcionario y laboral con el objeto de apoyar los servicios más demandados. La norma incluye iniciativas sobre medios telemáticos para los órganos colegiados del Gobierno de Canarias, así como para la negociación colectiva.
En este contexto, los órganos colegiados del Ejecutivo y el resto de entes integrantes del sector público autonómico se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas a distancia, así como las mesas de negociación
El personal de prevención de riesgos laborales estará sujeto a las indicaciones de cada una de las unidades administrativas bajo las órdenes de Función Pública. El personal de informática también estará bajo la supervisión de la Dirección General de Telecomunicaciones y la Consejería de Administraciones Públicas, que dirige Julio Pérez.
Los que van a la oficina
Desde el pasado lunes 16, al inicio del estado de alarma, acuden de forma presencial a los centros de trabajo los altos cargos, personal eventual y todo el personal funcionario y laboral que desempeña funciones directivas así como el personal que se considera imprescindible por los responsables de cada unidad orgánica o administrativa. También el personal vinculado a funciones de seguridad, mantenimiento y comunicaciones u otros servicios relacionados con las tecnologías de información.
Con ello, gran parte de los trabajadores públicos desempeñan sus servicios con teletrabajo, aunque deben permanecer localizables y acudir a sus puestos de trabajo presenciales cuando sean requeridos para ello. Hay que recordar que la plantilla de trabajadores de la Administración autonómica la integran alrededor de 60.000 personas, según los últimos datos oficiales del Boletín del personal al servicio de las administraciones públicas, que se publica semestralmente.
Comparecencia en la Diputación Permanente
El presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, y todos los consejeros del Ejecutivo autonómico comparecerán ante la Diputación Permanente del Parlamento regional para dar cuenta de la gestión de las distintas áreas de Gobierno en la crisis sanitaria por la pandemia de la Covid-19. La Mesa del Parlamento de Canarias y la Junta de Portavoces adoptaron ayer, tal como informaron desde la institución que preside Gustavo Matos, el procedimiento para las comparecencias ante la Diputación Permanente mientras se mantenga el estado de alarma en el país, que estará vigente como mínimo hasta el próximo día 12. Además, la Cámara canaria ratificó ayer su renuncia definitiva al aumento salarial del 2% correspondiente a las previsiones presupuestarias y los diputados no percibirán indemnización alguna por la asistencia a las sesiones que se celebren de manera telemática durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma.
