02 de abril de 2020
02.04.2020
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Crisis del coronavirus

Canarias se rezaga en la regulación de la cuarentena

La normativa del Archipiélago es escasa frente a la publicada en el BOE por el resto de comunidades para combatir la pandemia

02.04.2020 | 01:31
El presidente Ángel Víctor Torres, en videoconferencia en su despacho de Presidencia.

Canarias ha promovido medidas impactantes ante la crisis del coronavirus, como la restricción de la conectividad aérea y marítima con la Península y entre islas, resolvió con un confinamiento el primer caso de la pandemia en La Gomera y el primer cierre de un hotel en España -ahora todos están clausurados-, pero en comparación con la normativa desarrollada por otras autonomías su regulación, al menos la publicada en el BOC y en el BOE, es mínima, apenas una decena de órdenes y decretos contando ceses y nombramientos.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado en una versión actualizada del 28 de marzo de toda la regulación estatal y autonómica, que plasma seis órdenes y decretos de Canarias -a los que hay que sumar cinco más en estos días incluyendo en ellos destituciones y nombramientos, frente a la vasta lista de órdenes, acuerdos de consejos de Gobierno o decretos de otras comunidades, que o bien desarrollan las medidas estatales o establecen actuaciones propias.

Algunas de estas normativas son muy específicas y llamativas, como un decreto por el que la Comunidad Valenciana crea la figura de la Comisionada para la Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial y, especialmente, para la coordinación de la inteligencia de datos ante la epidemia, lo que, dice, permitirá evaluar la aplicación de medidas, predecir escenarios futuros, reducir el tiempo de toma de decisiones y anticipar soluciones. Ha nombrado a la ingeniera y doctora Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Nuria Oliver.

Aplazamiento de impuestos

La mayoría de las comunidades han incluido en su regulación el aplazamiento del pago de impuestos como Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Juegos, una de las órdenes claras en las Islas que incluye al IGIC, y desde del inicio del estado de alarma han establecido normativa para la atención a mayores coordinada con la sanidad, así como la conexión de la red pública sanitaria con los centros privados, además de medidas económicas propias de apoyo a las empresas. Cuestiones que en Canarias no están aún reguladas, aunque anunciadas. Ayer la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, expuso que "la prioridad es cuidar a lo mayores" y al personal que los atiende en las residencias de las islas.

La carencia de regulación autonómica puede ser consecuencia de que en las Islas la incidencia fue más tardía que en otras regiones, los cabildos tengan competencias en áreas como en residencias de mayores o en la gestión de residuos o que las actuaciones llevadas a cabo al principio en la consejería de Sanidad no hayan sido las más adecuadas, por ejemplo, en la tardanza en el acopio de material de protección, en mantener operaciones quirúrgicas no urgentes o no contar con los centros privados, como se hizo en otras comunidades.

Las consejerías están prácticamente desaparecidas en esta crisis, mientras que en otras regiones hay órdenes en pesca, en cómo acometen la suspensión de contratos del transporte escolar, limpieza o seguridad en centros educativos o en reorganizar cada área sus servicios presenciales y telemáticos En Canarias se han basado en las órdenes estatales en estas materias y en muchas otras. De otro lado, hay instrucciones en Sanidad que aparecen en la página del Gobierno regional y no se han trasladado al BOC. En cualquier caso, la diferencia con el resto de las autonomías en materia de publicación de normativa es notoria.

En el escuálido BOC de estos días se recogen las órdenes para la sanidad mortuoria, es decir, las medidas para tratar los cuerpos de los fallecidos y su inmediata incineración, la del aplazamiento de los impuestos, las órdenes de las restricciones aéreas y marítimas, el cierre de los centros educativos, actividades lúdicas y deportivas por el Covid-19, y el uso del Hospital Vithas Tenerife y de los hoteles escuelas.

Todavía no se han se han publicado los decretos de funcionamiento de los comités de emergencia creados para la crisis, el sanitario, el social y el económico, aunque puede que salgan hoy. En otras autonomías, como en el Estado, funcionan ya estas mesas o comisiones y cuentan con regulación. Incluso en algunas, como en Andalucía hasta se gestó al inicio de la crisis una mesa autonómica entre la sanidad pública y la privada y una comisión especial de seguimiento con las organizaciones sindicales sobre la incidencia del Covid-19 en la propia administración de la Junta andaluza. En Canarias estas tres comisiones, principalmente el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria que lleva el peso prácticamente de la crisis, y más desde la destitución de la consejera Teresa Cruz el pasado miércoles, van a tomar decisiones que después deben adaptar ejecutivamente las consejerías y la red asistencia sanitaria. Pero falta el decreto que deje claro sus funciones.

¿Qué han regulado en otras comunidades?

Aparte de coincidir en el aplazamiento de impuestos, determinar los servicios de transportes, en este caso muchos terrestres, dar atención a los mayores, aplicar medidas en sanidad y en sus profesionales o en contratar a más sanitarios, entre otras cuestiones, en Andalucía, por ejemplo, se reguló el 20 de marzo la gestión de residuos domiciliarios tras una directriz general del Estado. En el BOE se publicó el 22. En caso de cuarentena o de un positivo en el domicilio los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona (guantes, pañuelos, mascarillas), se ha de eliminar en una bolsa de plástico en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. La bolsa se debe depositar en el contenedor común, no en los de recogida separada. Además los guantes de látex o nitrilo empleados para hacer la compra u otros usos no son envases y, por tanto, no deben depositarse en el contenedor amarillo .

En Andalucía también se estableció un equipo conformado por la enfermería para dar solución a los problemas en centros residenciales. Asturias suspendió la extracción de percebe y marisqueo. Todas sus consejerías pusieron sus servicios esenciales, además de reorganizar al personal para atender lo que fuera necesario.

En Cantabria y Extremadura se ha interrumpido el pago del recibo del alquiler o de las cuotas de amortización e intereses para viviendas públicas. En Extremadura, de hecho, hay una detallada y extensa normativa que incluye ayudas propias a pymes, como también existen numerosas órdenes en Valencia, Madrid o Cataluña, regiones de las más afectadas por el virus.

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