Paralelamente a la crisis sanitaria la quiebra económica y social se agranda por momentos en las Islas. Según los últimos datos oficiales, ya se han presentado en la autoridad laboral un total de 15.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la paralización de la actividad económica debido a la crisis del coronavirus. De este volumen se han tramitado unos 5.400, es decir, alrededor del 40% del total.

El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, recordó, en la conferencia telemática con los presidentes autonómicos celebrada ayer, que Canarias ha sufrido el primer embate de esta crisis en plena temporada alta turística de invierno y, de hecho, aún quedan entre 8.000 y 10.000 turistas en el Archipiélago que aún no se han ido a sus países de origen, por lo que se tendrán de buscar alojamientos alternativos ante el cierre de hoteles hasta que se puedan ir.

Este cierre del sector turístico está provocando una drástica caída de los ingresos de la Comunidad Autónoma y, por consiguiente, de las corporaciones locales, que se nutren del IGIC y de otros impuestos vinculados al consumo y a la actividad económica. Por eso Torres lanzó ayer un llamamiento de urgencia tanto al Estado como a la Unión Europea para que faciliten que las administraciones públicas canarias puedan usar el superávit y los remanentes que se acumulan en los bancos "mañana mismo".

Torres advirtió que la Unión Europea (UE) "debe activar todos los mecanismos para ayudar a los más vulnerables con los fondos necesarios y suficientes". Por ello, "le hemos dicho con contundencia al Gobierno del Estado que queremos utilizar nuestro superávit y los remanentes de las corporaciones locales y que sean ellas las que lo gestionen". El destino de estos fondos debe ser la emergencia sanitaria, económica y social "porque todos la financiación es necesaria".

Ángel Víctor Torres reiteró algunas de las medidas que ha adoptado la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias, como el aplazamiento del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), la suspensión del pago del alquiler en las viviendas sociales, la aplicación de la renta de emergencia mientras dure esta situación y adelantar la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

En líneas generales, el 75% de las empresas españolas pertenecientes a los sectores de la automoción, ocio y turismo presentó algún Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido a la actual situación de estado de alarma desencadenada por la propagación del coronavirus entre la población. Así se desprende del informe Perspectivas Covid-19, elaborado conjuntamente entre la multinacional de servicios profesionales KPMG y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que recoge que un 70% de los empresarios prevé una caída de las ventas de hasta un 50%.