Canarias ha recibido del Estado 14.087.602 euros para prestaciones básicas en servicios sociales, con el fin de hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19, informa la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Con este dinero se financiará la acción de los comedores Cuota 0 y una parte de la Renta de Emergencia en la que se está trabajando estos días para poner en marcha, así como la ampliación de la Prestación Canaria de Inserción a un mayor número de unidades de convivencia, indica la Consejería en un comunicado.

"Celebramos la celeridad en el traspaso de estas ayudas del Estado que vamos a destinar directamente a las familias de Canarias", afirma la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en relación a la resolución por la que se transfiere. "Estos fondos son un primer alivio importante pero vamos a pedir al Estado más fondos, más dinero para que la emergencia social no sea dramática en Canarias", asegura Santana.

Esta petición de la transferencia de más fondos ya se ha realizado tanto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en las distintas reuniones que el presidente del ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, han mantenido; así como al vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en la reunión que la propia consejera Noemí Santana mantuvo la semana pasada.

La consejera de Derechos Sociales ha solicitado que se tenga en cuenta las particularidades de Canarias y que en el reparto de fondos estatales destinados a paliar la crisis social se valore la difícil situación que viven muchos canarios y canarias. El 36% de la población en las islas está en riesgo de pobreza y exclusión social, según la tasa AROPE, una de las más altas del Estado, recuerda la Consejería.

Esta transferencia de 14 millones de euros se enmarca dentro del acuerdo de Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020 por el que se formalizan los criterios de distribución para el ejercicio 2020, de los créditos destinados a prestaciones básicas de los servicios sociales de las comunidades autó-nomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.