El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pasado una semana dura. No solo por enfrentarse a combatir la crisis del coronavirus, que suma casos y muertes diariamente, sino por tomar una decisión costosa que llevaba aplazando meses y que le abre una brecha en el partido, sobre todo con el PSOE de Tenerife: la destitución de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, el pasado miércoles. Y ya puesto a cerrar cuanto antes este asunto, el viernes apartó a la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Blanca Méndez, y a la de Salud Pública, Concepción Gil.
En su lugar ha decidido colocar a su núcleo duro, personas de confianza, como Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia, al frente del SCS, y a José Juan Alemán, un médico de profesión que vuelve al área de Salud Pública que dirigió en la pasada legislatura. Liderarán la lucha contra el Covid-19 bajo la coordinación del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, que dirige Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud también en el anterior Gobierno y actual secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda. Y sobre ellos, Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y portavoz del Gobierno, que se hace cargo de la Consejería de Sanidad, que ya dirigió en el Ejecutivo de Jerónimo Saavedra entre 1991 y 1993. Todos ocupan estos cargos sanitarios de forma transitoria.
Así, con un nuevo equipo en Sanidad, controlado por el propio presidente, que está en todas las reuniones habidas y por haber y en todos los comités que ha creado -junto al sanitario, otro social y otro económico-, Ángel Víctor Torres da un golpe de mando a la gestión de la crisis del coronavirus ante las quejas recibidas por profesionales sanitarios, sindicatos, socios de Gobierno -como Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG)-, y miembros de su propio partido en el Ejecutivo y dentro de la organización, aunque haya un sector, principalmente de Tenerife, que avalaba a la consejera y que está molesto con la destitución. Entre ellos, Pedro Martín, presidente del Cabildo tinerfeño; Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, o la propia consejera de Educación, María José Guerra.
Pero esas presiones de esa facción de Tenerife no han evitado el cambio de rumbo en el área de Sanidad, pues el malestar era ya insostenible por las críticas de profesionales sanitarios que carecían de protección, por la decisión de la Consejería al principio de mantener la atención primaria o las operaciones quirúrgicas no urgentes -le achacaron que solo le interesaba bajar las listas de espera frente a la seguridad de los sanitarios- o, para rematar, que no estuviera contando con las clínicas privadas, pese a que el Estado ordenó un mando único en sanidad, y estos centros tuvieran camas vacías y prepararan ERTE.
En el Consejo de Gobierno del jueves 19, hace diez días, esta situación generó una gran tensión, pues el vicepresidente Román Rodríguez, que es médico y cuenta con amplia experiencia en la gestión sanitaria, alertó de estas deficiencias que también se secundaron desde ASG y desde consejeros del propio PSOE. Por ello, Torres decidió crear ese día el Comité de Gestión de Emergencia, que preside él mismo, e incorporó al vicepresidente, los consejeros de Transportes y Administraciones Públicas, Sebastián Franquis y Julio Pérez, respectivamente, al propio Antonio Olivera, Conrado Domínguez y José Julián Istúriz, director general de Patrimonio y Contratación y que contribuyó a la creación del Servicio de Urgencias. El poder de la consejera quedaba diluido, aunque formara parte del comité.
Cruz, desautorizada
El pasado lunes, el presiente decidió que Conrado Domínguez coordinara este órgano, con lo que, de facto, desautorizaba a Cruz al frente de la crisis e incorporaba al comité a expertos como la catedrática de Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz González López-Valcárcel; el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la misma universidad, Luis Serra; el jefe de Servicio del Hospital Insular-Materno Infantil y catedrático de Ginecología, José Ángel García; y el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, Antonio Sierra.
A la consejera pareció no gustarle o no entender las funciones de este comité y en una entrevista publicada el miércoles en EL DÍA no solo defendió su gestión en la crisis, sino que aseveró que ella seguía al mando y que Conrado Domínguez, que coordina el comité presidido por el propio Torres, solo iba a asesorar, pero las decisiones las tomaba la Consejería y, en consecuencia, ella como titular del área, bajo el tutelaje del Ministerio.
Ese mismo miércoles por la tarde, el presidente firmó su destitución. El órdago que Cruz lanzó públicamente al presidente del Gobierno, su compañero de partido y jefe, sobre su autoridad frente al comité de emergencia sanitaria terminó con su polémico mandato. Teresa Cruz ha sido puesta en duda prácticamente desde que se firmó el pacto de las Flores, pero Ángel Víctor Torres había ido aplazando las peticiones de que la destituyera a la espera de que demostrara que podría hacerse con el mando de este área y, lógicamente, evitar una mala imagen del nuevo Gobierno y una crisis en el PSOE. Pero en estos meses se han percibido síntomas, que Teresa Cruz no ha sabido superar, sobre su falta de liderazgo, inexperiencia en el área, en la coordinación con los mandos intermedios por el desconocimiento de esta estructura organizativa y la carencia de diálogo con los sindicatos.
En este sentido, el propio Torres tuvo que mediar con los sindicatos para que paralizaran una huelga en Sanidad y ya entonces evitó apartarla aunque se reclamó a voces que lo hiciera. Pero Torres no ha podido aguantar más ante la salida de tono de la consejera sobre que ella seguía al mando y no el comité - desautorizando así al propio presidente- y que lo único que estaba ocurriendo es que querían desgastarla por intereses particulares.
Una decisión "dolorosa"
El miércoles, en la entrevista que concedió Torres a Televisión Canaria pocas horas después de firmar la destitución de Teresa Cruz, expuso que fue "una decisión sopesada y dolorosa", y más en medio de una situación como la actual y sin precedentes, pero lo hizo "pensando en el bien general", para dejar claro que no cabían interferencias de la consejera y de parte de su equipo en las decisiones adoptadas por el comité, cuyas órdenes van a tener que cumplir todas las áreas, centros hospitalarios y gerencias, porque va a ser un mando único para encauzar la gestión en la lucha contra el Covid-19. Así lo dejó claro el nuevo consejero de Sanidad, Julio Pérez, tras el Consejo de Gobierno del jueves.
Por ahora, ya se cuenta con las clínicas privadas, hay hoteles que se han propuesto para acoger al personal sanitario y positivos asintomáticos, y aunque Pérez dice que tienen aún protección para unos 12 días, señala que el Gobierno ha liberado 10 millones para comprar material, y se siguen demandando test rápidos. En esta crisis también se ha puesto en vereda a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos), prácticamente desaparecida en esta situación de emergencia, pese a que tiene parte de responsabilidad en los mayores, entre otras muchas cuestiones. Ha reaparecido esta semana y anuncia una renta ciudadana para familias con escasos recursos.
