La posibilidad de que el Ministerio de Hacienda asuma la gestión de los casi 30.000 millones que acumulan las corporaciones locales en los bancos -4.500 millones de ellos de los ayuntamientos y cabildos de las Islas- para dotar de liquidez al Estado y hacer frente al impacto sanitario y económico del coronavirus no gusta a las administraciones públicas canarias, incluyendo al Gobierno regional. El presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, salió ayer al paso para confirmar la demanda de Canarias de que esos fondos sean gestionados por cada administración local aunque, eso sí, con el compromiso de informar de su destino al Estado.

El Ejecutivo admite que una de las fórmulas que se baraja por Hacienda es que los remanentes de las corporaciones locales pasen a las arcas de la Administración General del Estado, y que se devuelvan posteriormente. Sin embargo recuerda que, desde el inicio de la crisis, el jefe del Ejecutivo canario ha reclamado que se liberen esas cantidades que están acumuladas en los bancos para afrontar esta situación y que sea cada administración -autonómica, insular y local- la que asuma la gestión de esos fondos con carácter finalista.

Puntualización

Fuentes de la Administración autonómica puntualizan, no obstante, que el planteamiento de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que los ayuntamientos puedan ceder superávit para atender las necesidades de gasto sanitario y que, en cualquier caso, esta cesión no sería únicamente para el Estado sino para el resto de administraciones públicas con competencias en materia sanitaria. Se trata de una opción que aún se está esbozando por el Ministerio y que se debe aún dialogar y consensuar con las administraciones locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El Ejecutivo regional recuerda que el pasado 16 de marzo se remitió por escrito al Gobierno central un documento con todas las propuestas económicas de Canarias para hacer frente a la crisis sanitaria, entre las que se encontraba que se permitiese el uso de los remanentes acumulados por las corporaciones locales, que en las Islas se calcula que son alrededor de 4.500 millones entre cabildos y ayuntamientos sumando los remanentes acumulados y los superávits de cada año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado en diferentes reuniones con los consejeros de Hacienda autonómicos que el Gobierno de España busca fórmulas para el uso de los remanentes de las corporaciones locales, cifrados en alrededor de 30.000 millones de euros en todo el país. Una de las fórmulas que se barajan es que esos remanentes pasen a las arcas de la Administración General del Estado, y que se devuelvan posteriormente.

Según fuentes conocedoras de las negociaciones, uno de los escenarios en los que se mueve también Hacienda es que los ayuntamientos dispongan de una parte de esos fondos para afrontar la crisis social y económica derivada del coronavirus y otra parte destinarlos a la compra de suministros y material para la sanidad para lo que requiere de liquidez suficiente.

Sin embargo, ante el encuentro que van a mantener mañana los representantes del Gobierno regional con los dirigentes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas, el jefe del Ejecutivo regional ha dejado claro que, una vez que se liberen estos fondos, que sea cada administración el que los gestione condicionado a que informen de su destino al Gobierno central. En la nueva reunión por videoconferencia que mantendrán hoy el presidente Pedro Sánchez con las comunidades autónomas Canarias volverá a poner este planteamiento sobre la mesa.

Desde el grupo parlamentario del PSOE en la Cámara regional se asegura que estos fondos son también de la ciudadanía y que, por ello, "no se entendería que en una situación tan grave de emergencia como la que estamos viviendo no se destinen esos recursos a salvar vidas, todos tenemos que arrimar el hombro". También recuerdan que el PP se ha opuesto en el Senado y en el Parlamento canario a que la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos puedan utilizar el superávit para fines sociales.

No en manos del Estado

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento Luis Campos, uno de los grupos que respaldan al Ejecutivo, aseguró ayer que en el caso de que Hacienda decida finalmente liberar los remanentes de los cabildos y ayuntamientos la decisión sobre quién los gestiona y a qué fines debe ser "negociada" porque "no deben quedar sólo en manos del Estado", indicó.

Campos está a la espera de que se concrete la fórmula que baraja Hacienda para rescatar estos fondos pero, en cualquier caso, advierte que si finalmente es un adelanto en forma de préstamo debe entablarse una negociación con los titulares de esos fondos, porque hasta ahora no se les ha permitido utilizarlos a las corporaciones locales invocando el control del déficit público.