La Mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces acordaron ayer habilitar la Diputación Permanente para abordar las "cuestiones imprescindibles" y evitar vacíos legales mientras dure la alerta sanitaria. Dado que la celebración de plenos de forma telemática con 70 diputados es, según apuntó, "prácticamente imposible" desde el punto de vista técnico y que no se puede llevar a cabo de forma presencial por las medidas de confinamiento y distanciamiento impuestas, el presidente de la Cámara regional, Gustavo Matos, valoró esta opción como positiva ante la previsión de que la crisis del Covid-19 se alargue.

La intención del Parlamento es que la Diputación Permanente se reúna solo cuando sea imprescindible y, por ello, ha decidido anular la convalidación del decreto ley del Gobierno de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, prevista para el próximo martes. Aunque el Estatuto de Autonomía de Canarias obliga al Parlamento a convalidar tales decretos en un plazo determinado, Matos expuso que el Gobierno regional buscará una "fórmula legal" que deje sin efecto al decreto en cuestión.

En cuanto a la revisión de las retribuciones de los parlamentarios, el presidente de la Cámara señaló que no hay previsión de que éstas se rebajen, si bien no recibirán los complementos por asistencia a plenos o comisiones. Tras la declaración de alerta sanitaria, el Parlamento suspendió su actividad. La tramitación de todos los asuntos parlamentarios y el cómputo de los plazos en curso quedaron sin efecto y el registro de iniciativas quedó aparcado.

La crisis del coronavirus también ha obligado al aplazamiento, sin fecha definida, del debate sobre el estado de la nacionalidad, previsto en un principio para los días 31 de este mes y 1 y 2 de abril. De momento, y aunque existe esa posibilidad, ningún grupo parlamentario ni el presidente regional, Ángel Víctor Torres, han solicitado su comparencia a raíz de la situación de alerta.