26 de marzo de 2020
26.03.2020

El órdago de Cruz a Torres sobre quién dirige Sanidad acaba con su mandato

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, se hace cargo del área y Conrado Domínguez gestionará el comité de emergencia para hacer frente a la crisis

26.03.2020 | 02:12
Cruz Oval durante el acto de toma de posesión como máxima responsable de la Consejería de Sanidad.

Era una noticia que se veía venir y que no ha sorprendido a nadie. Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, destituyó ayer a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval. Este es el recorrido de una política con 20 años de experiencia.

El órdago que la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, lanzó públicamente el martes al presidente del Gobierno, su compañero de partido y jefe, sobre que ella era la que mandaba en la gestión del coronavirus y no el comité de emergencias creado por el propio Ángel Víctor Torres la semana pasada, ha terminado con el polémico mandato de la titular de esta área. Sus funciones serán asumidas por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien atesora además una amplia experiencia en este ramo, pues fue consejero de Sanidad en el último Gobierno de Jerónimo Saavedra, entre 1991 y 1993. Conrado Domínguez, actual secretario general técnico de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y director del Servicio Canario de Salud (SCS) en la pasada legislatura, toma las riendas de la crisis del Covid-19, ante las numerosas quejas recibidas por la actuación de la consejera por parte de los profesionales sanitarios, sindicatos e, incluso, desde partidos que sustentan el Gobierno cuatripartito, como Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

"Decisión dolororosa"

La destitución se produce un día después de una entrevista publicada en EL DÍA donde la consejera minimizaba el poder del comité de gestión presidido por el propio Ángel Víctor Torres y aseguraba que Conrado Domínguez iba a ser un mero asesor, pero quien decidía era ella. Con ello, desautorizaba claramente las órdenes del presidente con relación a que este comité iba a dirigir la crisis y, además, aseveraba que se sentía arropada por su partido y por la mayoría del Gobierno. Según Cruz, había intereses privados en desgastarla públicamente y las críticas no se producían porque hubiera actuado ineficazmente en el desarrollo de esta crisis, cada vez más dura. Pero ni el apoyo de un sector del PSOE de Tenerife -y poco más- ni de algunos de los miembros del Gobierno han evitado finalmente su destitución, cantada prácticamente desde que asumió el cargo. Ángel Víctor Torres afirmó ayer que ha sido "una decisión sopesada y dolorosa", y más en medio de una situación como la actual y sin precedentes, pero lo ha hecho "pensando en el bien general", para dejar claro que no cabían interferencias de la consejera y de parte de su equipo en las decisiones que adopte el comité de emergencia sanitaria que coordinará Domínguez. De hecho, probablemente la próxima en caer sea la directora del Servicio Canario de Salud, Blanca Méndez, también cuestionada por su gestión en el ámbito sanitario.

Teresa Cruz ha sido puesta en duda prácticamente desde que se firmó el pacto de las Flores, pero Ángel Víctor Torres se ha empeñado en darle oportunidades para demostrar que podría hacerse con el mando. En estos meses se han percibido síntomas sobre su falta de liderazgo, inexperiencia en el área, en la coordinación con los mandos intermedios por el desconocimiento de esta estructura organizativa y en la carencia de diálogo con las organizaciones sindicales. De hecho, el propio Torres tuvo que mediar con los sindicatos para que paralizaran la huelga en Sanidad, y ya entonces evitó apartarla aunque se pedía a voces que lo hiciera.

En esta crisis sanitaria, las fricciones entre Torres y el vicepresidente Román Rodríguez (NC) con la consejera de Sanidad subieron de tono al trascender el malestar de las clínicas privadas de Canarias tras denunciar que no se estaba contando con ellas, quizás en una confusa concepción de la defensa de la sanidad pública frente a la privada en un momento en el que todos los recursos debían estar en activo, ordenado por el propio Estado. En este contexto, distintos centros privados, sobre todo de la provincia de Las Palmas, han presentado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Incluso en el seno del Gobierno las críticas no cesaban ayer entre miembros de su partido y de socios como NC y ASG. Inusualmente, Podemos se mantiene al margen de esta situación, quizás más centrado en minimizar las críticas a su área en servicios sociales. Y ese silencio se produce a pesar de que la consejera de Sanidad mandó el martes en sus declaraciones un dardo envenenado a su compañera Noemí Santana, al exponer que no era su responsabilidad, o de Sanidad, la protección del personal de los centros de mayores, sino de la consejera de Podemos.

Mientras, a Ángel Víctor Torres se le fundía ayer el móvil con los mensajes de los portavoces parlamentarios. El malestar radicaba en que mientras ellos están siendo leales con el Gobierno, la consejera se ha dedicado a airear los desacuerdos por la crisis del Covid-19.

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