Canarias echa mano de hoteles y clínicas privadas para hacer frente al coronavirus . El Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres está llegando a acuerdos con hoteleros para que los inmuebles turísticos se puedan usar como descanso del personal sanitario y dar un respiro a estos profesionales si residen lejos o por prevención, así como para pacientes de aislamiento no hospitalario. Además, el Gobierno se reunirá hoy con las clínicas privadas para que contribuyan a descongestionar los centros hospitalarios públicos. El Ejecutivo de Canarias empleará así todos los recursos disponibles en el Archipiélago para evitar el colapso de los hospitales en previsión de que la pandemia tenga picos máximos en las próximas semanas.

Estas medidas extraordinarias se adoptan tras la tensa reunión que se vivió ayer en el Consejo de Gobierno -fue el encuentro más áspero desde la constitución del nuevo equipo en julio- como consecuencia de la decepcionante -ese es al menos el sentir mayoritario entre los consejeros- gestión de la crisis del coronavirus desarrollada por el equipo de la Consejería de Sanidad, que dirige la socialista Teresa Cruz Oval.

Las quejas del personal sanitario, sometido a una gran presión y estrés por la carencia de equipos de protección para evitar contagios, coinciden con el malestar de las clínicas privadas sobre el uso de sus equipos e instalaciones al entender que se están infrautilizando por parte de la Consejería de Sanidad.

El debate entre los consejeros de Gobierno es sanitario e ideológico, sobre la primacía de la sanidad pública en 'castigo' de la privada y el uso de los recursos disponibles. Aunque tras la declaración del estado de alerta por parte del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hay un mando único sobre todos los servicios sanitarios para combatir el virus, hay técnicos y asesores en la Consejería de Sanidad que tratan de solventar toda la demanda solo desde lo público.

Las clínicas privadas en Canarias, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, se enfrentan a una delicada viabilidad económica por la merma de servicios y consultas, con plantas y camas vacías pese a la demanda social de asistencia hospitalaria por la crisis del coronavirus. Ya están preparando despidos temporales (ERTE).

Como consecuencia de la cuestionable gestión de la consejera de Sanidad y su equipo, asumido por la mayoría del Ejecutivo, Teresa Cruz cederá parte de su poder. Unas competencias, las de la consejera, que quedarán diluidas en el nuevo comité de gestión, presidido por Ángel Víctor Torres, al que se incorpora el vicepresidente Román Rodríguez, médico de profesión con una amplia trayectoria en la administración sanitaria en el Gobierno; el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, para controlar todas las necesidades de movilidad que se requieran, y el titular de Administraciones Públicas, Julio Pérez, para solventar las trabas jurídicas y administrativas.

En un receso del Consejo de Gobierno de ayer, Ángel Víctor Torres dejó claro que en esta actuación sanitaria van de la mano la pública y la privada porque lo prioritario es la atención a los pacientes. Hay "una sola sanidad", agregó, de manera que el personal y medios de la sanidad privada están disponibles. "Si hiciera falta habilitar otros espacios se hará", recalcó el presidente.

Para hacer frente a las necesidades, anunció que se ha decidido liberar 20 millones de euros para reforzar el funcionamiento del Servicio Canario de Salud, una cantidad que será ampliada en las próximas semanas.

En cuanto a las residencias de ancianos en la islas, dados los elevados casos de muertes en la Península, no se ha detectado, por ahora, ningún positivo de coronavirus. Solamente se ha producido un caso en un centro de día de una persona joven con discapacidad, que es la tercera fallecida por la pandemia en las Islas.

Aunque el Archipiélago registra un menor grado de personas con coronavirus que otras comunidades, Torres espera disponer en los próximos días de kits rápidos para hacer masivas pruebas a quienes presenten síntomas del virus.

Canarias dispone de casi 400 respiradores entre los hospitales públicos y privados, si bien se han solicitado casi 100 más ante el previsto incremento de pacientes.