12 de marzo de 2020
12.03.2020

Valbuena busca abaratar un 60% el agua desalada con energías renovables

El consejero de Transición Ecológica quiere reducir 80 céntimos el precio del metro cúbico. Insta a los municipios a evitar las pérdidas en la red de transporte

11.03.2020 | 23:14
El senador del PP en el Senado, Javier Maroto (cuarto izq. primera fila), ayer en el Parlamento de Canarias.

El metro cúbico de agua desalada cuesta hoy en Canarias 2,13 euros, precio al que el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, pretende aplicar una rebaja del 60%. Lograrlo pasa por generar con fuentes renovables -viento y sol- la energía necesaria para atender tanto el proceso de desalación como el transporte desde el nivel del mar a cotas elevadas.

El ciclo del agua es responsable "del 10%" del consumo eléctrico total en las Islas, según los datos aportados por el consejero. Entre quemar hidrocarburos o aprovechar los elementos naturales para meter en la red los megavatios hora necesarios media un abismo económico. Lo segundo cuesta un tercio de lo primero.

Además de la variable económica, tomar esta dirección redunda en favor de otros de los objetivos irrenunciables que tienen ante sí las administraciones, como es la aminoración de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera.

"Que toda la demanda energética de las desaladoras y el sistema de transporte tenga como principal fuente de suministro aerogeneradores o placas solares nos permitiría reducir considerablamente el coste", explicó José Antonio Valbuena tras intervenir ayer en la segunda jornada del Pleno del Parlamento de Canarias.

Compareció a petición del diputado nacionalista por El Hierro, Narvay Quintero, anterior consejero de Aguas, que también tuvo a su cargo la responsabilidad de conducir a buen puerto al sector primario. "Debe garantizar el suministro al campo", señaló sobre la alta demanda de líquido elemento que presentan la agricultura y la ganadería.

Sobre todo, continuó Quintero, porque quienes dedican su esfuerzo al éxito de los cultivos "no pueden mirar al cielo" para ver si llega una lluvia que cada vez aparece de forma más espaciada. Una evidencia a la que se apuntó el consejero para constatar la necesidad de modificar la Ley de Aguas de Canarias.

"Tiene casi 30 años, es de inicios de los 90 y la situación ha cambiado", detalló Valbuena. En su opinión, resulta fundamental dar cabida en el marco normativo a la importancia que ha cobrado el cambio climático. Por tanto, resulta necesario "adoptar medidas para mitigar" las ahora más prolongadas etapas de sequía.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial explicó que la demanda de agua del sector primario es "muy superior" a la de los ciudadanos. Además, en línea con la política de kilómetro cero, la que aboga por el consumo de productos generados en el lugar en que se vive para evitar las emisiones a la atmósfera de los gases que genera el transporte, expuso la necesidad de que la producción se incremente. Si esto sucede, también lo hará la necesidad de agua, por lo que habrá de "garantizarse y consolidarse, no solo la cantidad requerida, sino también la calidad".

Sin haberse producido ese deseado aumento de la actividad agrícola, la norma en vigor no sirve para atender la "crisis hídrica". Obliga a adoptar "medidas desproporcionadas", en palabras de José Antonio Valbuena, de ahí que se pretenda modificarla; sobre todo ante la constatación de que los periodos de sequía serán cada vez más habituales.

No obstante, el consejero advirtió de que no es esta la principal prioridad de su agenda. Antes de revisar esta ley pretende dar salida a las de cambio climático, economía circular, transición energética e, incluso, a la modificación de la Ley del Suelo. Esta última norma resultó muy controvertida y erosionó en parte la relación que mantenían Coalición Canaria (CC) y PSOE cuando compartieron gobierno al inicio de la anterior legislatura. Sectores socialistas se opusieron por la libertad que, a su juicio, otorgaba al sector privado para disponer del territorio.

¿En qué se pretende variar? No están definidos los parámetros. La consejería analiza en este momento los cambios que deben introducirse, pero no se entrará en materia hasta "final de año". Eso siempre que la crisis que está generando el coronavirus dé un respiro y permita a las agendas recuperar algo de normalidad.

La misma que se necesita para que no se caiga la reunión que Valbuena tiene fijada en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente dentro de dos semanas. Entre los asuntos a tratar, se incluye dar forma al nuevo Convenio de Infraestructuras Hidráulicas Estado-Canarias. "Me alegro de que ese encuentro se celebre", afirmó Narvay Quintero, que dio forma al protocolo sobre el que se debe construir el convenio.

Una cuestión sí tiene clara el consejero, y es que las administraciones locales tendrán que comprometerse a "reducir las pérdidas". Que el agua no se pierda por el camino les corresponde a ellas y deben ocuparse de que no ocurra. "Si no, podemos estar colocando más desaladoras de las que realmente necesitamos", sostuvo el consejero.

Más renovables

Aún sin fecha, también está pendiente un encuentro con la secretaria de Estado de Energía para explicarle la necesidad de que el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, que está en fase de redacción final, contemple un apartado que atienda las especiales circunstancias de las Islas.

Entre otras cuestiones, para acelerar la construcción de un marco legal que dé cabida al almacenamiento de energía renovable. El paro de parques eólicos ocurre ya prácticamente diario. La potencia instalada se ha incrementado de manera notable en los últimos años y los molinos se bastan para atender la demanda cuando esta es baja.

"Va a ser imposible que podamos avanzar", señaló el consejero canario sobre la necesidad de que comiencen a proliferar los elementos que, como las baterías, permitan almacenar los excedentes. Pero para ello, es necesario contar con un marco retributivo que permita a los promotores saber cómo se les remunerará esa actividad.

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