Más de 30 representantes de asociaciones y colectivos sociales, económicos y profesionales, administraciones públicas y grupos políticos suscribieron ayer el Pacto por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, que se propone materializar el "derecho constitucional y estatutario" a tener un techo bajo el que vivir, promover la construcción de casas públicas y evitar los desahucios por la imposibilidad de afrontar el pago del alquiler o la hipoteca.
El Gobierno autonómico contempla la construcción de unas 2.200 viviendas públicas en cuatro años con sus propios recursos, a las que se sumarán las que promuevan los ayuntamientos y cabildos y el sector privado. Pero para poder llevar a cabo estos planes -advirtió la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, María Candelaria Delgado- es necesaria "una adecuada ficha financiera" y medios "no solo económicos, sino también humanos" en las administraciones. "Los colectivos sociales no podemos ser el brazo ejecutor del plan; somos un engranaje más", puntualizó Delgado, quien ejerció de portavoz de estas asociaciones tras el acto de la firma. La dirigente de la organización colegial celebró la "apuesta por la vivienda digna y adecuada" que ha conducido a la firma del acuerdo, pero destacó la necesidad de "seguir implementando medidas para que la vivienda sea un derecho fundamental y no un mero activo financiero".
"En días en que la realidad se impone y la sociedad globalizada se enfrenta a algo que venceremos -dijo el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, en inevitable alusión al brote de coronavirus-, la normalidad política debe ser aplaudida". Esa normalidad se plasmó con la presencia de todos los grupos políticos representados en el Parlamento regional para rubricar el pacto por la vivienda. El acuerdo -fruto de "renuncias y actos de generosidad" por parte de los firmantes, destacó Torres- debe traducirse en la aprobación de un plan de vivienda para el Archipiélago antes de que finalice el primer semestre del año. Cumplir los objetivos recogidos en el documento, admitió, no resultará "tarea fácil", pero la suscripción del pacto hace que la meta esté "más cerca".
El jefe del Ejecutivo recordó que los presupuestos de la Comunidad Autónoma recogen este año 100 millones de euros destinados a estas políticas, un 20% más que en las cuentas de 2019. La puesta en marcha de la iniciativa, prosiguió Ángel Víctor Torres, tendrá "dos herramientas fundamentales": el Instituto Canario de Vivienda (Icavi) y la empresa pública Visocan.
Colaboración
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, aseguró que el Archipiélago dispone ahora de "un gran pacto" político y social para favorecer la construcción de viviendas. "Pedimos a los ayuntamientos y cabildos que nos ayuden a la hora de cedernos suelo para construir esas casas -dijo Franquis en relación a las 2.200 viviendas que pretende levantar su departamento-, y además, sumar las que podamos construir dentro del plan nacional", que prevé la ejecución de 20.000 unidades en todo el país. Estos proyectos suceden, remarcó, a ocho años en los que prácticamente no se ha hecho vivienda pública en las Islas.
En la actualidad, el número de demandantes de vivienda en Canarias asciende, según los registros administrativos, a 17.023 personas. Para vivienda protegida de promoción pública hay inscritas 9.556 -la mayoría de ellas, 9.314, en régimen de alquiler-, mientras que para vivienda protegida de promoción privada la cifra se sitúa en 7.467 -en este caso son mayoritarios quienes demandan una casa en propiedad: 3.988-, a tenor de los datos del Registro Público de Demandantes de Canarias. El pacto firmado ayer se propone "responder a la situación de determinados colectivos particularmente sensibles que, por sus circunstancias, requerirán de especial atención". Es el caso de las mujeres víctimas de violencia de género -436 demandan una vivienda- y de los mayores de 65 años -925-.
El documento se refiere también a la necesidad de fomentar la rehabilitación "en todas sus vertientes" para "reequilibrar el mercado inmobilario", mediante la inyección de inversión tanto pública como privada. La rehabilitación ha de permitir, además, elevar la sostenibilidad del parque de viviendas, facilitar la "recuperación de barrios deteriorados por el paso del tiempo y ocupados por familias en una situación económica y social desfavorable" y mejorar las zonas rurales.
Las medidas incluidas en el pacto se dirigen en especial a aumentar y hacer más accesible la oferta de alquiler, que era prácticamente residual antes de la crisis, cuando apenas un 7% de las viviendas era de arrendamiento, y ahora ha crecido hasta el 20% "y continúa al alza". Canarias es ahora la región en la que más hogares viven en régimen de alquiler, un 35% de las familias. En esta materia, el documento prevé, entre otras actuaciones, la creación de una bolsa de vivienda en arrendamiento, nutrida tanto de agentes públicos como privados que se beneficiarán de ayudas por destinar casas a este fin a "precios asequibles" y de alquiler social.
Entre las medidas destinadas a promover la construcción de viviendas de promoción pública y privada, el documento plantea la necesidad de estudiar la posibilidad de que determinadas viviendas sean aptas para la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), llevar a cabo un control del parque público de casas "en aras a garantizar que no se benefician personas que no las necesitan" o firmar convenios con los ayuntamientos para la cesión de suelo.
