El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha dicho este miércoles que la planificación de desaladoras debe vincularse al compromiso de las administraciones locales para reducir las pérdidas de aguas.
En comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias a petición del grupo Nacionalista para hablar del plan de urgencia de plantas desaladoras para hacer frente a la emergencia hídrica, el consejero se mostró de acuerdo en que lo primero debe ser reducir las pérdidas y reutilizar el agua.
José Antonio Valbuena dijo asimismo que será preciso pensar en repartir los costes del agua, señaló que el metro cúbico de agua desalada tiene un coste en torno a los 60 céntimos, pero esta cifra aumenta a 2,13 euros cuando se introduce la elevación del agua para colocarla en su destino.
También se refirió el consejero a la relación que debe haber entre energías renovables y plantas desaladoras, y reiteró que será preciso cambiar la ley de aguas, para reorientarla hacia lo público, pero reconoció que tienen prioridad otras leyes, como la de lucha contra el cambio climático.
El consejero reconoció que la sequía es un problema que va a más, así como que los problemas son distintos por islas y comentó que el problema está focalizado sobre todo en el sector primario y la ley canaria de aguas da prioridad al abastecimento humano.
En cuanto a la decisión de no declarar la emergencia hídrica el consejero indicó que la competencia corresponde a los consejos insulares, los cuales, dijo, están haciendo bien su trabajo y por ello el ejecutivo regional no tiene motivos para asumir esa función.
Y manifestó que Canarias tiene que apostar por una política de desaladoras pero, recordó, tienen que ser los consejos insulares los organismos que tienen que estar convencidos de su necesidad.
José Antonio Valbuena anunció que el 24 de marzo habrá una reunión con responsables del Ministerio de Medio Ambiente para empezar a poner "nombres y apellidos" al convenio hidráulico, y comentó que hay que garantizar la financiación adecuada pero también ajustarla a la realidad para acompasar la demanda presupuestaria con la capacidad real de ejecución de las obras.
El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Narvay Quintero también se refirió a la importancia de las pérdidas de agua, que, en general llegan al 29 por ciento, y también abogó por la reutilización del agua.
Narvay Qintero declaró asimismo que en materia de desaladoras debe tenerse en cuenta el coste energético, por lo que el plan de desalación debe estar ligado a las energías renovables, agregó.
El diputado del grupo Nacionalista indicó que la planificación tiene que incluir "necesariamente" la garantía del suministro de agua para el sector primario, y expresó su acuerdo con la decisión del ejecutivo de no declarar la emergencia hídrica.
Explicó que de haberlo hecho incluso se podría perjudicar al sector primario porque en la ley se dice que primero debe ser el abastecimiento para consumo humano, y también compartió con el ejecutivo que es preciso desarrollar una estrategia.
El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, se mostró de acuerdo con la implementación de plantas desaladoras en Canarias, donde señaló que se está a la vanguardia de la desalación.
El diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos destacó que en La Gomera se ha avanzado mucho y abogó porque las plantas desaladores funcionen con energía renovable, para también reconocer que en esa isla todas las cuencas están por debajo del 25 por ciento de su capacidad.
El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, dijo que en Canarias se produce la "anomalía histórica" de que hay privatización del agua y destacó que un problema fundamental en las islas son las "tremendas pérdidas" que se producen.
En cuanto a las pérdidas apuntó que es inconcebible que en agua agraria en La Palma las pérdidas lleguen al 84 por ciento, y por ello apostó por incrementar las redes de distribución y reutilizar la que actualmente se tira al mar, para después implementar desaladoras.
La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez subrayó que en Fuerteventura hay cortes de agua y comentó que son insuficientes las algo más de 300 desaladoras que hay en el archipiélago canario.
La diputada del grupo Popular Luz Reverón dijo que la sobreexplotación de los recursos naturales lleva a buscar fórmulas como la desalación en Canarias, donde, señaló, no se han desarrollado las obras hidráulicas que son necesarias, para recordar que la ha habido sanciones de la UE por no disponer de planes hidrológicos.
El diputado del grupo Socialista afirmó que las prioridades son actuar contras las pérdidas de agua, cuya cuantía cifró en unos 32 millones de euros, y reutilizar el agua, para después apostar por la desalación.
