El debate sobre el funcionamiento de las subvenciones al transporte aéreo de pasajeros y su efecto sobre la evolución del precio de los billetes vuelve a estar sobre la mesa tras la aplicación, desde julio de 2018, del 75 % de descuento a los residentes en los viajes con la Península. La constatación de que el Estado está recabando datos fiscales de los usuarios para analizar esta situación ha hecho saltar las alarmas en las filas del PP, NC y CC, mientras que los socialistas canarios rechazan cualquier interpretación de que la medida vaya a comportar cambios en la bonificación en función del nivel de renta de los viajeros. "No es una cuestión de lujos, que hagan los estudios que quieran pero el 75% seguirá siendo para todos los canarios", subrayó ayer el presidente del Gobierno. Ángel Víctor Torres ve, en ese sentido, "insustancial" que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se estén cotejando datos de los canarios aportados por la Agencia Tributaria para la elaboración de un informe sobre el uso que se da a las subvenciones estatales, porque es una derecho recogido como universal en el Régimen Económico y Fiscal (REF).
En lo que sí concuerdan to-das las formaciones es en que cualquier investigación o informe sobre el funcionamiento de las ayudas y su efecto sobre los precios debe centrarse en las compañías aéreas, no en los usuarios. Torres insistió ayer que si en Madrid se está haciendo un estudio de ese tipo se lo "tendrán que explicar", si bien admite que "cualquier administración tiene derecho a hacer infor-mes", ya que forma parte de sus competencias.
Entre los partidos canarios, la visión más generalizada es que el departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos, "ha empezado tarde" a evaluar las razones del incremento pese a tener la certeza, desde el mismo momento en que se empezó a aplicar la ayuda en los vuelos a la Península, que el nuevo tramo de subvención (del 50% al 75%) se quedaba por el camino sin que alcanzara a abaratar el billete a los usuarios.
Ana Zurita, diputada del PP en el Congreso, asegura que "el Gobierno toma el camino equivocado y una vía absolutamente errónea para afrontar el problema", y rechaza que recabar datos sobre la renta de los beneficiarios de la subvención sirvan para mejorar el funcionamiento del sistema de ayudas. "No tiene nada que ver con el tipo de medidas que deben tomarse. Había que hacer un seguimiento desde el principio y empezar a tomar medidas desde mucho antes. Pedir los datos de la renta a la Agencia Tributaria no es solución a nada y siembra muchas dudas sobre el objetivo de esa información", afirma la diputada tinerfeña. Asegura que "a quien hay que pedir información y datos es a las compañías aéreas, que son las que se están aprovechando claramente de la subida de la subvención".
El PP considera que "no hay que hacer controles sobre los usuarios, sino sobre la aerolíneas" y que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) "debe controlar las prácticas de las compañías y tomar medidas", empezando por obligar a cambiar el sistema de reserva de billetes on line para que los viajeros no tengan que marcar la casilla de residentes al principio de la operación, lo que conlleva un incremento del precio final.
Para Zurita, "hay claro riesgo de que con estos datos fiscales de los viajeros en su mano, el Gobierno pueda pensar en aplicar la subvención en función del nivel de renta si la subida de precios hace inviable mantener esta subvención". En el mismo sentido se ma- nifestó el senador de CC, Fernando Clavijo, quien no ve razones para analizar los datos fiscales de los canarios "sino es para poner cuestión la aplicación del 75% de manera universal para todos los residentes, tal como recoge el REF".
El diputado de NC, Pedro Quevedo, valora la intención del Ministerio de Ábalos por intentar conocer las causas del incremento de precios pero espera que "no volvamos a determinadas andadas del tipo de aquellas en las que se nos obligaba a los canarios a ir con el DNI en la boca y el permiso de residencia porque se suponía que todos hacíamos trampas".
Para Quevedo "el problema no está en si los canarios viajamos mucho o poco, o si los viajeros tienen mayor o menor nivel de renta, sino en las compañías". Advierte, en ese sentido, que "como alguien tenga la intención de tratar de regular un derecho con ese tipo de criterios, que además es injusto, vamos a tener un grave problema porque significa que se hace el esfuerzo investigando a los usuarios, y no sobre lo que tendría que hacerse, que es ir a Europa a defender el derecho a la conectividad a través del establecimiento de la Obligación de Servicio Público y el precio máximo en las rutas a la Península".
Desde el PSOE se remiten a las explicaciones que a este respecto da el Ministerio de Transporte, es decir, que se trata de una información que envió a la Airef en el marco del estudio denominado Spendig Review 2019 para analizar el funcionamiento de las subvenciones al transporte. El diputado socialista Héctor Gómez señala a este respecto que "la recopilación de información no va más allá del objetivo de analizar el incremento de los precios de los billetes y queda claro que son datos que no están personalizados puesto que se han anonimizado, y que no se van a tener en cuenta para la aplicación del descuento".
"No tenemos ningún motivo de preocupación. El Ministerio pretende analizar la realidad del mercado y tomar las medidas correctoras que corresponda", afirma el socialista.
