El Pacto por la Vivienda Digna en Canarias ya es un hecho con fecha para firmarlo. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, Sebastián Franquis, ha cerrado un acuerdo con una treintena de colectivos institucionales, sociales, empresariales, profesionales y partidos políticos para un texto que incorpora la mayoría de las demandas realizadas en las diferentes reuniones y encuentros que se han tenido con todos los sectores implicados. La convocatoria para la firma es el próximo jueves 12 de marzo en la sede del Parlamento de Canarias.

Según el Ejecutivo autonómico, el pacto alcanzado es fruto del consenso y de la cooperación con todos los agentes implicados en el sector de la vivienda en el Archipiélago. El documento que se va a suscribir también servirá de hoja de ruta para el nuevo Plan de Vivienda de Canarias 2020-2023. El acto de presentación del Paco social y político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias y su firma tendrá lugar en la Cámara autonómica. Los colectivos y representantes citados para la próxima semana son la Federación Canaria de Islas (Fecai), Federación Canaria de Municipios (Fecam), CCOO, UGT, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Gran Canaria, Consejo Canario de Colegios Oficiales de Arquitectura Técnica, Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas, Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife, Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Tenerife, Canarias Cohousing, Cáritas Tenerife, Cáritas Las Palmas, la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Lanzarote, PAH Stop Desahucios Gran Canaria, PAH Tenerife, la Plataforma Hipoteca Norte de Gran Canaria (Ahinor), la Plataforma de Viviendas Sociales en Lucha, Adepsi, Nuevo Futuro Tenerife, Nuevo Futuro Las Palmas, Asociación Semilla del Norte de Gran Canaria, Colectivo Vicocasa, Colectivo Provivienda e Innovación Cívica.

Además también se han adherido todos los grupos políticos del Parlamento regional: PSOE, CC-PNC, PP, Nueva Canarias, Unidas Podemos, ASG y Ciudadanos, a los que también se ha invitado. Según el departamento que dirige Franquis, el texto definitivo del pacto incorpora prácticamente en su mayoría las cuestiones que han planteado tanto las formaciones políticas como los colegios profesionales, sociales y económicos en las distintas reuniones que se han desarrollado desde que se presentó el borrador del pacto el pasado mes de diciembre.

La Consejería quiere darle rango suficiente a este acuerdo para que se convierta en la base de la política de vivienda de esta legislatura y como hoja de ruta del Plan que prepara el Instituto Canario de la Vivienda para el periodo 2020-2023. El objetivo es que el plan sea trasladado al Parlamento para ser debatido en este primer semestre del año.

Una de las principales metas del Plan de Vivienda, entre otras, es iniciar la construcción por parte de la Comunidad Autónoma de 2.200 casas públicas en la presente legislatura, número que podría incrementarse con las aportaciones de otras instituciones como los cabildos o por la iniciativa privada.

El Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos de legislatura paliar una situación que se agrava en determinadas localidades, donde prácticamente no hay oferta residencial, mucho menos en alquiler. Las 2.200 viviendas públicas que se construirán en los próximos cuatro años son una cifra considerable, máxime si se tiene en cuenta el parón de los últimos años. Sin embargo, y precisamente por la nula promoción pública y el frenazo de la iniciativa privada, el esfuerzo del Ejecutivo autonómico apenas contribuye por sí solo a solucionar un problema de dimensiones mastodónticas. Esas 2.200 casas solamente representan un 3,8% de las 58.440 que hacen falta para empezar a satisfacer la demanda en el próximo cuatrienio. Y aún sería necesario mantener ese ritmo anual de casi 15.000 nuevas viviendas en el mercado para lograr el equilibrio entre oferta y demanda en 2031, dentro de once años.

El plan también incluirá medidas para que vuelva al mercado parte de las 153.000 viviendas vacías que hay en el Archipiélago. El propio Franquis avanza que se destinarán cuatro millones de euros para poner este mismo año en alquiler unas 400 casas de propietarios particulares. Son pisos que están en desuso y que forman parte de esos 153.000 inmuebles vacíos, con lo que dos millones se emplearán para rehabilitar las viviendas en mal estado y otros tantos, para abonar incentivos a los dueños. Entre estos incentivos se incluyen 3.000 euros de ayuda a quien se comprometa a mantener su piso en este programa público durante cinco años.