El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue atascado en su plan para detectar las razones de la subida de los billetes aéreos entre los territorios extrapeninsulares y la Península, y en la aplicación de medidas para frenar esa dinámica, que se ha acelerado desde que entró en vigor, en julio de 2018, el aumento de la bonificación del 75 % para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Ese incremento, según datos del propio Ministerio, fue de un 24% de media entre enero y junio del año pasado, con trayectos que alcanzaron el 48 %. El departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos se mantiene a la espera de completar los informes encargados a distintas entidades oficiales a este respecto y sigue sin concretar las medidas que está estudiando, ni su fecha de aplicación.
De momento, el Ministerio sabe que uno de esos informes, el que está trabajando junto con la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, adscrita al Ministerio de Hacienda), tiene realizado el 70 % de los análisis y que no contempla concluirlo a corto plazo, aunque la fecha límite para entregarlo es el mes de octubre, según constata el propio organismo en su pagina web. Este informe, para el que se analizan 150 millones de datos de pasajes y 5 millones de vuelos nacionales, tiene por objeto revisar el gasto público destinado al conjunto de las subvenciones estatales al transporte aéreo y marítimo, dentro del programa llamado Spendig Review 2019, y a cuyo fin el anterior Ministerio de Fomento remitió todo tipo de información y datos, incluidas las liquidaciones efectuadas en el programa de bonificaciones a residentes junto con datos "anonimizados" procedentes de la Agencia Tributaria. Así lo reconoce el nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en una respuesta escrita, fechada el pasado día 3, al senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, donde además reconoce que la Agencia Tributaria le "suministra información" para la verificación de sus estudios sobre la utilización de los descuentos en los vuelos por parte de los residentes en los territorios extrapeninsulares, y que el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas de la Hacienda estatal remitió el pasado 31 de julio "información sobre los beneficiarios de las subvenciones por residencia" en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla "en respuesta al requerimiento" de la dirección general de Aviación Civil.
Este reconocimiento del polémico uso de datos fiscales de los beneficiarios de la bonificación, aunque de manera "anonimizada", según expresión del Ministerio, para evaluar el funcionamiento del sistema de ayudas a la movilidad de los residentes, vuelve a poner el foco en la intención de dicha práctica. Aunque Transporte insiste en que en ningún caso va a vincular la aplicación de las subvenciones con la renta de los usuarios, los críticos con este método se preguntan sobre cuál es entonces su sentido e intencionalidad.
"Anomizados"
El departamento de Ábalos explicó ayer a este periódico que "no se está analizando ningún dato relativo al nivel de renta de los perceptores de los residentes no peninsulares", y que los datos de la renta de los beneficiarios "fueron exclusivamente solicitados a la Agencia Tributara a instancias de la Airef como parte del Spending Review 2019 que está llevando a cabo dicha Autoridad independiente". Recuerda el Ministerio que la ley que da origen a la creación de este organismo establece que éste deberá tener "a su disposición la información económico-financiera relativa a las distin-tas administraciones públicas". Según apunta, "una vez recibidos los datos [de la Agencia Tributaria], el Ministerio "proce-dió a anonimizarlos y remitir- los a la Airef", asegurando que dichos datos "fueron tratados de forma agregada -sin identificar a los perceptores individuales-, y sin que en ningún momento se hicieran públicos". Después de este requerimiento, añaden, "el Ministerio no ha vuelto a solicitar ningún dato a la Agencia Tributaria".
Los otros informes que espera el Ministerio se refieren al estudio encargado a la Universidad Pompeu Fabra que busca conocer a fondo la casuística tarifaria en Canarias, y el que se puso en marcha en colaboración de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) cuya finalidad es comprobar "si las empresas están cumpliendo con lo que es su responsabilidad y no desarrollan prácticas abusivas", según seguró en su día Ábalos. Fuentes del organismo regulador de la competencia señalaron ayer que su estudio "está prácticamente culminado" y que podría presentarse en las próximas semanas, incluso que pudiera ser antes de Semana Santa.
Las mismas fuentes aseguran que el estudio se centra en analizar el impacto de las subvenciones en el mercado del transporte aéreo en los territorios donde se aplican y comprobar que se respeta la libre competencia ante las sospechas de fraude de uno u otro tipo que se han ido denunciando desde hace años. "Las subvenciones suelen provocar efectos contrarios a los que se buscan y con frecuencia no trasladan las ayudas a los viajeros y provocan distorsiones en el mercado", señalan desde la CNMC como avance muy genérico del informe encargado por el anterior Ministerio de Fomento.
Cabe señalar que ese organismo ya ha advertido en otras ocasiones de que percibe un "fallo regulatorio" por la falta de controles para garantizar que las subvenciones se aplican adecuadamente. Esas advertencias resaltan así que el modelo actual de ayudas no contiene las garantías necesarias para evitar el riesgo de que las aerolíneas no se acaben "apropiando de las subvenciones" mediante el mecanismo de trasladar la subvención a los precios.
