La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, deberá acudir a declarar el 18 de marzo al Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por las acusaciones hechas en varios medios de comunicación de un supuesto "tamayazo" articulado por el ex secretario general de la formación naranja en las Islas, Juan Amigó, para impedir que Coalición Canaria se hiciera con la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife tras las últimas elecciones locales de mayo.
Espino tendrá que responder en sede judicial a la querella criminal presentada en octubre por Amigó por injurias y calumnias. El delito que la diputada achacó al responsable entonces de Cs está vinculado al de corrupción o compra de los concejales santacruceros que se negaron a seguir las directrices de la dirección nacional. En vez de abstenerse propiciaron que la candidata del PSOE, Patricia Hernández, se hiciera con el bastón de mando.
El calificativo de "tamayazo" alude a la votación que en junio de 2003 impidió en la Asamblea de la Comunidad de Madrid que el socialista Rafael Simancas se convirtiera en presidente de esa comunidad. En segunda votación dos diputados electos del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) se salieron del guión y se abstuvieron obligando a una nueva convocatoria electoral, en la que el PP logró mayoría absoluta.
Amigó defendió tras las acusaciones públicas de Espino en junio del pasado año que no formó parte del comité electoral de Ciudadanos y que, por lo tanto, tampoco participó nunca de ninguna decisión respecto a un pacto o no con el Partido Socialista.
No obstante, el mismo acuerdo entre PSOE y Cs que le dio la Alcaldía de la capital santacrucera a los primeros (en un pacto al que se une Unidas Podemos) se cerró también en el Cabildo de Tenerife, y pese a que en un principio tanto a los concejales como a los consejeros insulares de Cs se les abrió expediente de expulsión, al menos tres de ellos (Juan Ramón Lazcano, Enrique Arriaga y Concepción Rivero) han sido readmitidos en la formación naranja.
