El convenio de obras hidráulicas, pendiente de firma desde hace más de un año, se actualizará para dar prioridad a las actuaciones preferentes que determinen los cabildos y el propio Gobierno regional con el fin de hacer frente a la sequía y a la merma de caudales en los acuíferos de las Islas. Esta reprogramación se encuentra también en el marco de las negociaciones para la elaboración de los presupuestos del Estado de 2020, que a día de hoy todavía no hay garantías para su aprobación debido a las dificultades existentes en la política estatal.
La Comunidad Autónoma planteó recientemente la posibilidad de declarar la emergencia hídrica en Canarias ante la ausencia prolongada de lluvias, una situación en la que ya se encuentra Fuerteventura. Sin embargo la mayoría de los cabildos se niega por ahora a aceptar esta emergencia, pero sí existe un compromiso de desarrollar un plan urgente de desalación para la construcción y mejora de plantas desaladoras en el Archipiélago. Cada consejo insular de aguas planteará sus necesidades a la Consejería de Transición Ecológica para que comience con el diseño del programa y la búsqueda de financiación necesaria para ponerlo en marcha.
Las obras hidráulicas es uno de los convenios que quedaron sin cobertura jurídica y presupuestaria con la prórroga presupuestaria de 2019 y la entrada del Gobierno central en funciones durante casi un año. En diciembre de 2018 la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el entonces consejero de Agricultura y Aguas, Narvay Quintero, firmaron un protocolo general que establecía una planificación a 12 años para el periodo 2018-2029 con infraestructuras y obras por valor de más de 900 millones de euros. Para desarrollar este protocolo se desarrollaban tres convenios cuatrienales.
El documento recoge 186 obras declaradas de interés general con actuaciones en todas las Islas que tienen que ver en su mayoría (en un 60%) con saneamiento y depuración pero también con abastecimiento, drenaje, la producción de agua (desalación), captación de aguas subterráneas, transporte o almacenamiento.
Sin embargo, la programación pactada en el primero de los convenios ¬-entre 2019 y 2022- ya acumula más de un año de retraso. Tras dos elecciones generales y una legislatura fallida, además de la prórroga presupuestaria, los convenios de obras hidráulicas y de carreteras son los dos principales acuerdos de infraestructuras pendientes y de mayor inversión entre el Estado y la Comunidad Autónoma, ya que entre los dos suman cerca de 2.000 millones de euros pendientes.
El primer convenio aún sin firmar se eleva a 320 millones de euros repartidos entre Tenerife (unos 95 millones), Gran Canaria (81); Fuerteventura, Lanzarote y La Palma con 37 millones cada una; La Gomera (17 millones) y El Hierro (15 millones).
De forma paralela el Gobierno regional y el Ministerio firmaron en diciembre de 2018 el llamado convenio chico por un montante de 10 millones de euros y que ni siquiera se ha ejecutado como consecuencia de los retrasos que acumulan los planes hidrológicos de cada isla. En 2017 también se firmó un convenio similar por la misma cuantía y cuyas obras sí se han ejecutado. En el último documento suscrito entre ambas administraciones se recogen obras principalmente de saneamiento y depuración de aguas como el acondicionamiento de la depuradora de Cardones, en Gran Canaria, o el saneamiento, bombeo y depuradoras en Breña Baja, Los Sauces y Los Llanos de Aridane.
Sin embargo, la pugna política no deja de estar presente también en las infraestructuras hidráulicas. El exconsejero de Agricultura y Aguas del Gobierno regional, Narvay Quintero, asegura que hay fondos y proyectos para haberse iniciado la ejecución del convenio de 323 millones en 2019 como estaba estipulado, algo con lo que no está de acuerdo el actual equipo que dirige la Consejería de Transición Ecológica, que ha denunciado en varias ocasiones que muchas de las infraestructuras que recoge el primero de los convenios no cuenta con los proyectos totalmente finalizados.
El departamento que dirige José Antonio Valbuena ha retomado el convenio de aguas y, según fuentes del mismo, ya se han celebrado varias reuniones con representantes del Ministerio que continuarán en las próximas semanas. El borrador que dejó el Gobierno de CC está sujeto ahora a la actualización que se pretende realizar con las necesidades actuales y que tendrá en cuenta la situación de sequía que padece Canarias.
En otro orden de cosas, en los presupuestos generales autonómicos de 2020 aparece en el epígrafe destinado al convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para actuaciones en materia de aguas una inversión de tan solo nueve millones de euros con actuaciones en diversas islas, entre ellas La Palma y Tenerife.
