En 2006, que acabaría pasando a la historia como el último año del largo período de bonanza y burbuja inmobiliaria, empezaron a construirse en Canarias un total de 31.686 viviendas. En 2017, superada la crisis económica, comenzaban las obras para levantar 2.195 casas, apenas un 7% de las que se edificaron en 2006. De modo que por cada cien viviendas que se construían antes de que se pinchara la burbuja, hoy solamente se construyen siete. Una cifra irrisoria pero la más alta desde 2009, lo que da una idea de hasta qué punto se desplomó el mercado inmobiliario en la Comunidad Autónoma. Y si además, como ocurrió en el Archipiélago incluso en los años más duros de la crisis, la población no deja de aumentar, la escasez de casas se convierte en un problema de primer orden. Tanto que las 2.200 viviendas que el Gobierno de Canarias

En años como 2011, 2012, 2013, 2014 o el más reciente 2016, las grúas apenas tuvieron actividad en las Islas: los proyectos que se pusieron en marcha no sumaban, en conjunto, ni un millar de casas. Y si la caída ha sido extraordinaria en el mercado de la vivienda libre, es decir, la que pone en el mercado la iniciativa privada, lo mismo ha ocurrido en el caso de la vivienda de promoción pública o protección oficial, las VPO. Con el agravante, eso sí, de que la Administración pública ya venía ejecutando menos inmuebles de los necesarios desde antes de que la crisis hiciera añicos el sector del ladrillo. Así, 2009 fue el último gran año para la vivienda pública en Canarias, y ello aun cuando el número de calificaciones provisionales (el documento que corrobora que el piso cumple los requisitos) apenas llegó a 2.540. En 2013, 2015 y 2018, el parque de VPO no ganó en el Archipiélago ni una sola casa, y entre enero y septiembre del año pasado, que es hasta donde abarcan los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tan solo se dio el visto bueno a 23 inmuebles.

Lo anterior explica la actual carencia de viviendas que sufre la región. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis Las 2.200 viviendas públicas que se construirán en los próximos cuatro años son una cifra considerable, máxime si se tiene en cuenta el parón de los últimos años. Sin embargo, y precisamente por la nula promoción pública y el frenazo de la iniciativa privada, el esfuerzo del Ejecutivo autonómico apenas contribuye por sí solo a solucionar un problema de dimensiones mastodónticas. Esas 2.200 casas solamente representan un 3,8% de las 58.440 que hacen falta para empezar a satisfacer la demanda en el próximo cuatrienio. Y aún sería necesario mantener ese ritmo anual de casi 15.000 nuevas viviendas en el mercado para lograr el equilibrio entre oferta y demanda en 2031, dentro de once años.

La consultoría Corporación 5 y la Fundación DISA publicaron en el número cinco de la colección Papeles de economía canaria un prolijo análisis del mercado de la vivienda. A juicio del delegado en las Islas de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín, se trata de una de las aproximaciones más certeras a la realidad inmobiliaria del Archipiélago. La conclusión primera es que efectivamente hay menos viviendas de las que necesita la población residente, pero lo que verdaderamente llama la atención es comprobar hasta dónde llega el desequilibrio entre oferta y demanda y, sobre todo, hasta dónde llegará si no se le pone remedio. Si no se acelera la construcción de pisos y casas, en 2031 habrá un déficit de más de 140.000 viviendas principales, esto es, viviendas para las familias, no segundas residencias ni inmuebles para explotar en arrendamiento o en alquiler turístico. El problema es, por tanto, más social que económico.

Según los analistas, para alcanzar el equilibrio entre la oferta y la demanda en 2031 es necesario "crear" 14.610 viviendas cada año, mientras que las 2.200 anunciadas por el Gobierno regional suponen una media anual de apenas 550. Esta es la razón de que Franquis, cuyo departamento está ultimando el futuro plan de vivienda autonómico, que previsiblemente llegará al Parlamento a finales del próximo mes, insista en el llamamiento a la colaboración tanto de los ayuntamientos como del sector privado. El consejero quiere evitar que la vivienda sea objeto de controversia y que todos los implicados (Gobierno, cabildos, ayuntamientos, partidos, empresas constructoras y promotoras, agencias inmobiliarias, propietarios...) arrimen el hombro cada uno en su justa medida para ir paliando el déficit estructural de casas. No en vano, es necesario meter cada año en el mercado 10.700 casas solo para contener el déficit, para que el problema no empeore.

Así pues, las necesidades exceden con mucho de las posibilidades del Ejecutivo, de ahí que resulte fundamental que los ayuntamientos cedan terrenos al Gobierno para que poco a poco salgan adelante nuevas promociones públicas. Con todo, ni siquiera esto será suficiente. En la consejería están satisfechos con la reacción de los consistorios, la mayoría de los cuales ya se ha puesto en contacto con el departamento para poner suelo a su disposición, pero sin la iniciativa privada será imposible siquiera acercarse a cubrir la demanda. Consciente de ello, Franquis ha tratado de integrar también al empresariado en el llamado Pacto por la Vivienda, el documento que marcará las líneas y objetivos generales que se concretarán luego en el plan, donde definitivamente se pondrán nombre y números a la estrategia a seguir durante la legislatura. Se trata en última instancia de que nadie se quede al margen de la hoja de ruta.

El plan también incluirá medidas para que vuelva al mercado parte de las 153.000 viviendas vacías que hay en el Archipiélago. El propio Franquis avanzó que se destinarán cuatro millones de euros para poner este mismo año en alquiler unas 400 casas de propietarios particulares. Son pisos que están en desuso y que forman parte de esos 153.000 inmuebles vacíos, con lo que dos millones se emplearán para rehabilitar las viviendas en mal estado y otros tantos, para abonar incentivos a los dueños. Entre estos incentivos se incluyen 3.000 euros de ayuda a quien se comprometa a mantener su piso en este programa público durante cinco años.

Hay que puntualizar, eso sí, que la mayoría de esas 153.000 casas vacías no está en condiciones de ponerse en el mercado de forma más o menos inmediata. Es más, muchas no podrán ponerse nunca, no sin antes tirarlas abajo y volverlas a levantar. ¿Cuántas pueden, por tanto, contribuir a paliar el problema de escasez de vivienda? Entre 30.000 y 40.000, según los cálculos de la APEI, esto es, un 23%. O lo que es lo mismo: solo dos de cada diez inmuebles vacíos son "servibles", calcula Isidro Martín.