Los servicios sociales son una de las pocas áreas del Gobierno regional que aún no se han desgajado de la estructura administrativa autonómica bajo la fórmula de organismo autónomo, entidad pública, sociedad mercantil o fundación pública. Este escenario puede cambiar a medio plazo por la puesta en marcha de la renta canaria de ciudadanía, una de las principales banderas del cuatripartito, que podría naufragar en sus objetivos como lo ha hecho la prestación canaria de inserción (PCI) si no se le dota de más personal, nuevos sistemas informáticos y medios económicos y materiales que agilicen los procesos, con el fin de evitar el colapso de los últimos años y que aún persiste.

El modelo del País Vasco es el santo y seña del actual equipo que dirige la Consejería de Derechos Sociales del Ejecutivo regional. El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) gestiona las políticas activas de empleo y la renta de garantía de ingresos -el equivalente a la futura renta canaria de ciudadanía- constituyéndose en un primer momento como ente público de derecho privado y posteriormente se transformó en organismo autónomo. En una década Euskadi se ha colocado a la vanguardia en la gestión de esta prestación social ya que el tiempo medio de respuesta entre la solicitud y la concesión es de un mes, con sistemas informáticos que agilizan la tramitación con todas las administraciones implicadas y con el personal necesario para sacar adelante los expedientes.

El reto que ha afrontado el pacto de gobierno de poner en marcha la renta mínima supone multiplicar no solo el presupuesto, sino las familias que se pueden acoger a esta ayuda. La falta de personal y de medios ha sido la tónica dominante desde que nació la actual PCI, con hasta seis meses de demora para aprobar las solicitudes y muchas familias sin poder acogerse a la misma pese a que Canarias está entre los primeros lugares en índices de pobreza y exclusión social. Con la reciente modificación de la ley de la PCI a través de los presupuestos autonómicos de 2020, se prevé que 5.000 familias se añadan a las 6.000 que ya la reciben, una circunstancia que está ocasionando ya los primeros problemas sin que aún se hayan incrementado los peticionarios.

La Dirección General de Derechos Sociales trabaja a marchas forzadas para dar respuesta a lo que se avecina. Copiando el modelo vasco, ya se está experimentando con la misma aplicación informática que se utiliza en el Lanbide para unificar en un solo proceso la consulta a todas las administraciones, para verificar los datos de los solicitantes de ayudas sociales. Según el director general del área, Jonás González, se espera contar con el nuevo sistema antes del verano para hacer frente al incremento de la demanda y preparar el operativo para cuando empiece a aplicarse la renta canaria de ciudadanía, cuya ley pretende aprobarse antes de finalizar el año.

Por otro lado, un nuevo plan de choque busca incorporar entre 10 y 12 trabajadores interinos para engrosar la plantilla y dar salida a los expedientes atascados. Sin embargo, el cambio en profundidad que requiere la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería es una asignatura pendiente que todavía no se ha resuelto. González quiere hacer una modificación urgente ante la necesidad apremiante de contar con más administrativos y menos auxiliares administrativos.

Pero preparar el engranaje administrativo ante la llegada de la renta canaria no es una tarea fácil y por eso el equipo que dirige la Consejería se plantea un organismo o ente que pueda dotar de agilidad a la gestión y que no depende tanto de los inconvenientes de la Administración, entre otros estar sujetos al control del déficit y los límites presupuestarios que impiden más contrataciones.

Los trabajadores de la Consejería no la tienen todas consigo y esperan que el planteamiento que se ha realizado no suponga externalizar servicios y contratar personal fuera de los cauces públicos. "Ni fundaciones ni entidades de derecho privado", advierte el presidente del comité de empresa de la Consejería, Francisco Javier Gómez, que ha recibido garantías por parte de la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, de que los cambios que se puedan producir en la estructura interna del departamento se negociarán con los representantes de la plantilla. La alerta está puesta pero el equipo dirigente insiste en que aún no hay un planteamiento cerrado sobre este asunto, pero el tiempo apremia si se quiere poner en marcha la renta canaria a principios de 2021.