Los más de 1.500 kilómetros de costa que tiene Canarias representan el 18,7% del total de 8.000 kilómetros de litoral que suma España. Es la primera comunidad autónoma que concentra mayor número de zona costera, seguida de Galicia (si no se tienen en cuenta sus islotes deshabitados) y Baleares: cada una supera los 1.400 kilómetros mientras Andalucía, la cuarta del ranking, no llega a los mil kilómetros.

Gestionar estos espacios, numerosos y en su mayoría masificados, no ha sido nunca fácil. Pero será aún más difícil en el escenario que se avecina, tanto por el impacto que tendrá el cambio climático sobre el litoral como por la densidad población que han alcanzado los centros urbanos que se han ido levantando a lo largo de la historia en la frontera con el mar. De hecho, salvo Valverde y La Laguna o el corazón de Telde, las capitales y principales ciudades canarias se ubican en las costas de cada isla. Y es que Canarias no es solo la comunidad autónoma con más kilómetros de costa; también es la que mayor población reside en ella: hasta el 80% de sus habitantes, según el informe El cambio climático en la costa española realizado hace unos años por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Esta característica de excesiva concentración urbana en el litoral condicionará el futuro desarrollo socioeconómico de las Islas por la subida del nivel del mar y los crecientes fenómenos de temporales, que afectan cada vez con mayor impacto a las costas. La memoria colectiva acumula ya numerosos episodios en este sentido, alguno de ellos recientes como el ocurrido en la zona baja del norte de Tenerife, cuando un temporal provocó numerosos destrozos en Mesa del Mar. El hundimiento de la autopista GC1 de hace unos meses fue también consecuencia de la erosión marina, que está afectando a barrios marineros con solera como San Cristóbal, también en Gran Canaria.

El reto para afrontar estas amenazas es doble. Por un lado, crear infraestructuras en las zonas marítimas para contener o retrasar, en la medida de lo posible, el crecimiento del océano. Y, por el otro, cambiar el actual modelo de gestión del litoral, para adaptarlo a una nueva era: "Los entornos naturales deben ganen cada vez más terreno en las franjas litorales, con soluciones basadas en la adaptación y la mitigación al cambio climático ante fenómenos virulentos", señaló este miércoles la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al anunciar que su departamento modificará la polémica Ley de Costas actual.

El Gobierno realizará en primer lugar cambios puntuales de la norma, pero aspira a presentar en el Congreso una reforma mucho más ambiciosa de la misma. La vicepresidenta ha hablado de liberar "espacio" y de hacer más permeable la costa, además de reconsiderar los "regímenes jurídicos" existentes en la actualidad. Sus declaraciones apuntan, en definitiva, a una transformación del modelo de gestión del litoral, teniendo en cuenta sobre todo, pero no solo, el cambio climático. Paralelamente, el Gobierno presentará antes de que acabe 2020 una estrategia para la protección de la costa, que ya se contemplaba en la declaración de emergencia climática aprobada por el Consejo de Ministros en enero.

La última reforma de la Ley de Costas fue en 2013, con el PP en el Gobierno central, y supuso el indulto de miles de viviendas ubicadas en zona de dominio público marítimo terrestre y la prórroga de concesiones de construcciones también en esa primera línea: en concretó salvó del derribo a 3.000 chiringuitos y 10.000 viviendas en las playas y algún que otro hotel ubicado en plenas zonas marítimas como el Oliva Beach.

Aquella reforma, que se aprobó con el rechazo de los partidos de izquierda, redujo la zona de servidumbre a proteger, amplió concesiones a 75 años para las construcciones del litoral y omitió cualquier medida relacionada con el cambio climático. Desde entonces hasta ahora ha llovido mucho, en sentido metafórico que no real, y eventos extremos han dejado al descubierto los errores de esa reforma y del modelo de desarrollo urbanístico en el litoral de las últimas décadas en España.

En Canarias, este debate coincide con las declaraciones realizadas un día antes por la ministra Carolina Darias, quien mostró la disposición del Gobierno central a avanzar en el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía. Es decir, en traspasar competencias pendientes, entre ellas Costas, además de Hacienda o la conectividad aérea.

La cuestión no es baladí, teniendo en cuenta que las relaciones entre el Archipiélago y el Estado en materia de intervenciones en las costas han sido históricamente polémicas. El propio Ángel Víctor Torres lo reconocía estos días en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno central en las Islas, Anselmo Pestana: "Costas preocupa de manera relevante a este Gobierno".

Y es que el tratamiento que el Gobierno central ha brindado a las Islas a la hora de conceder autorizaciones para intervenciones en el litoral (tanto para regenerar espacios como para hacer avenidas, instalar kioskos o celebrar bodas de índole turística) ha sido diferente al que ha dado a otras comunidades autónomas, según han denunciado en no pocas ocasiones diversos alcaldes de las Islas y el propio Ejecutivo canario.