La remodelación del Hotel Oliva Beach va camino de convertirse en una piedra en el camino de las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición Ecológica. Por un lado, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha asumido, del mismo modo que el Cabildo de Fuerteventura, las tesis de los casi 400 empleados del establecimiento hotelero, que presionan para que el Estado dé la licencia de reforma, solicitada a finales de 2017. Pesa sobre ellos la amenaza de un ERE presentado por RIU ante la falta de respuesta del Ministerio, que no tiene fácil resolver el dilema de avalar un hotel ubicado a las puertas del Parque Natural de las Dunas de Corralejo en los tiempos en que se dispone a modificar la Ley de Costas de 2013. Dicha ley, aprobada por el PP y calificada por la ministra Teresa Ribera de "irresponsable", permitió al Oliva Beach eludir el derribo que pesaba sobre él por ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Debería haber sido demolido, por ese motivo, en abril de 2017.
