Las Islas descartan declarar la emergencia hídrica -a excepción de Fuerteventura, que ya la tenía decretada desde mitad de enero- al considerar que el abastecimiento de agua está garantizado durante los próximos meses. Pese a que los consejos insulares de aguas han optado por no encender la luz de alarma, ya han movido ficha para asegurar el suministro al campo -el primer sector en sufrir los latigazos de la sequía- con el relleno de embalses y algunos desvíos de canal.

El presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, planteó el pasado martes la posibilidad de declarar la emergencia hídrica en las islas. En el Parlamento, y tras una pregunta lanzada por Casimiro Curbelo, portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Torres hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas contra la sequía dada la escasez de precipitaciones -un 75% por debajo de los normales- y el bajo nivel de reserva que presentan los embalses del Archipiélago. El jefe del Gobierno canario señaló como día clave el viernes, pues ayer la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, dirigida por José Antonio Valbuena, tenía programado un encuentro con los consejos insulares de aguas, organismos adscritos a los cabildos, para valorar la situación y determinar si era necesario, o no, decretar en algunas islas o en todas el estado de emergencia por sequía.

Con los balances hídricos en mano, los consejos insulares de aguas -los competentes para tomar tal resolución- decidieron finalmente no declarar tal estatus. La Ley de Aguas de Canarias contempla una serie de medidas "muy contundentes" cuando se activa tal emergencia, como requisas o restricciones al consumo. "Son medidas que hay que activar cuando realmente se den esas condiciones y ahora mismo no se dan", apunta Valbuena. "Eso no quita", agrega, "para que no tengamos que estar atentos a la evolución en cada isla en los próximos meses". No en vano, en la reunión de ayer se decidió hacer un "seguimiento puntual" a los balances hídricos de cada isla, de tal forma que cada mes se celebrará una reunión con carácter ordinario en la que también participará la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca al ser el sector primario el primer golpeado por la sequía.

¿Exceso de alarma?

El Gobierno seguirá adelante, asimismo, con su plan urgente de desalación para la construcción y mejora de las plantas desaladoras en el Archipiélago. Cada Consejo Insular de Aguas planteará ahora sus necesidades a la Consejería de Transición Ecológica para que este departamento comience con el diseño del programa y la búsqueda de financiación necesaria para ponerlo en marcha.

Valbuena sostiene que la alarma suscitada estos días por las bajas precipitaciones y el descenso del caudal de los acuíferos en el Archipiélago es normal. "Siempre hemos tenido sequías en Canarias. Lo que sucede es que ahora, evidentemente, las circunstancias que la rodean no son las mismas que en otras ocasiones", señala el consejero, que aboga por transmitir tranquilidad y ofrecer el apoyo del Ejecutivo para poner en marcha cualquier medida urgente que fuese necesaria.

La mejora de las redes de distribución resulta clave para atajar los efectos de la sequía. Las tuberías de distribución de aguas del Archipiélago presentan un 29% de pérdidas, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a 2016. No en vano, una de las apuestas del Gobierno, y de cada isla, es mejorar la eficiencia de la conducción del agua y potenciar la calidad y uso de las aguas regeneradas.

El campo es quien más acusa la sequía y este tipo de problemas. Los agricultores y ganaderos se encuentran muchas veces con dificultades para acceder a recursos hídricos, en especial los productores de plátanos, aguacates y uvas. En el primer caso, por tratarse de un cultivo intensivo exigente en agua. En los dos últimos, por ser plantaciones que en los últimos tiempos se han asentado en zonas de medianías y cumbres donde las redes de regadío son ineficientes o, en muchos casos, inexistentes. Para mejorar las infraestructuras de distribución, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo regional, en manos de Alicia Vanoostende, tiene previsto invertir este año 11,2 millones de euros en obras de riego, un 30% más que en 2019.

Las campañas informativas para que la población tome conciencia de la necesidad de llevar a cabo un consumo responsable también resulta vital en la lucha contra el avance de la sequía. "Las políticas de todas las administraciones implicadas en la gestión del agua deben dirigirse hacia una mayor eficiencia hídrica en la producción, conducción y consumo de este recurso", esgrime José Antonio Valbuena.

En cualquier caso, la situación que vive cada isla es diferente. Fuerteventura ya había tomado la delantera en este asunto. A mediados de enero decretó la emergencia por sequía para agilizar los trámites de obra necesarios para garantizar el suministro de agua. Aunque el nivel de almacenamiento de los embalses es bajo, ningún consejo insular de aguas se decantó ayer por declarar la misma situación. Los cabildos de La Palma y Lanzarote ya habían aprobado, en su momento, la emergencia climática, pero de momento han decidido no decretar la alerta por sequía. La Gomera, que tiene todas sus cuencas con un nivel de reserva por debajo del 25%, también ha descartado dar tal paso. Al igual que El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. La balsas de la isla tinerfeña, al 57% de su capacidad, son las que presentan un mayor volumen de reservas. Las presas de Gran Canaria están, en cambio, al 22% de su capacidad. En todos los casos los cabildos han sostenido que el abastecimiento está garantizado.